PRIORIDAD: RECUPERAR TRANSPARENCIA EN MPs Y POLICIAS

Recientemente la productora y distribuidora de contenidos audiovisuales Netflix, que transmite a través de una plataforma en línea, estrenó “Historia de un Crimen: La Búsqueda”, que relata el homicidio de la niña de cuatro años, Paulette Gebara Farah, que tuvo lugar en marzo de 2010 en un edifico de apartamentos de clase acomodada en el Municipio de Huixquilucan, del Estado de México. La miniserie muestra como el ministerio público estatal pasó días buscando a la pequeña, para finalmente descubrir (sic) que estaba muerta en la cama de su cuarto. 

El caso consternó a la opinión pública porque en primera instancia la procuraduría mexiquense (PGJM) determinó que se trataba de un homicidio, en el que se sospechó que la madre, Lizette Farah, padecía un trastorno de personalidad que supuestamente la llevó a asesinar a su propia hija, sin embargo, luego de las investigaciones, la PGJM concluyó que la niña falleció de forma accidental. 

La miniserie de cuatro capítulos conduce al observador por un entramado repleto de incidentes en la vida de una pareja disfuncional, clase alta, que habita en un edificio de lujo en un suburbio de la ciudad de México. Esta inicia en el momento de la desaparición de una pequeña que padece algún problema de salud en sus funciones motoras, que es descubierta por su “nana”, mientras que los padres reciben la noticia con aparente desparpajo y hasta enfado.

Los propios padres de la niña y uno de los abuelos, que es un rico e influyente empresario, solicitan el auxilio de las autoridades judiciales, para supuestamente localizarla sin generar una situación de escándalo ante la opinión pública.  Sin embrago, para su infortunio, el asunto se sale de control por el protagonismo de una amiga íntima de la madre y la conducta encontrada entre los funcionarios de la PGJM; unos buscando llegar genuinamente a los responsables de los que parce ser un homicidio y otros buscando encubrir el asunto como un accidente para proteger a los padres y el buen nombre de la familia.

El comentario anterior viene a colación, no porque este observador pretenda formular una crónica de la serie, sino porque la misma ilustra en toda su intensidad el problema de la corrupción de los órganos e investigación del delito en el país. 

La serie muestra con nitidez como se entretejen el poder económico y el influyentismo con el poder político para actuar en contubernio con el objetivo de alcanzar fines que acuerdan de manera conjunta. En este caso, muestran la forma en que se pasa por encima de los derechos humanos, o de cualquier naturaleza, de cualquier individuo o grupo social, para satisfacer los intereses de los poderosos de este país.

La serie muestra también el grado de corrupción en los órganos de investigación policiaca, entre ellos el ministerio público de cualquier nivel. En este caso particular, como antes se señaló, el asunto se sitúa en el año de 2010 en el Municipio de Huixquilucan, del Estado de México, entonces presidido por Alfredo del Mazo, actual gobernador de la entidad y primo de su entonces predecesor y más tarde presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 

Además de la gravedad del evento presentado por la miniserie de Netflix, el tema resulta relevante porque muestra el modus operandi de una procuraduría estatal; la del Estado de México, que para la mala fortuna de los habitantes de todo el país no difiere mucho en sus prácticas de las del resto de las entidades federativas, ni de la de la Procuraduría General de la República, por lo menos hasta principios de 2019, cuando esta fue transformada en la Fiscalía General de la República.

En lo particular, este observador considera que en ese ámbito radica parte importante del problema de la inseguridad en el país, sin dejar de lado la falta de transparencia que caracteriza a la inmensa mayoría de los cueros policiacos de todos los niveles de gobierno, que como es sabido, reconocido y señalado por la opinión pública, están altamente infiltrados por la delincuencia y en buena medida actúan de acuerdo con sus directrices. 

La única institución policiaca que se salva de entrar en esa categoría es la Guardia Nacional, actualmente en formación, y con presencia aún limitada por sus dimensiones, y por estar rodeada de cuerpos policiacos locales de dudosa confiabilidad, integridad y honestidad.

Ante este estado de cosas, mientras no haya una depuración de fondo en los ministerios públicos y los cuerpos de seguridad de todos los niveles, difícilmente se podrá esperar que la seguridad de la ciudadanía, la paz social, y la aplicación de la Ley de manera estricta y transparente, puedan recuperase como valores que todos los mexicanos demandamos. 

El gobierno de la República está haciendo lo propio con la conformación de una Guardia Nacional eficiente y honesta, y una Fiscalía General de la República autónoma y en proceso de reconformación. 

Queda pendiente ahora que esta tarea se lleve a cabo con transparencia y apego a la legalidad en cada una de las entidades del país.