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Foto: Archivo

Observador ciudadano/Enrique Bautista Villegas

Enrique Bautista Villegas/Quadratín
 
| 17 de julio de 2017 | 7:37
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La falacia de la democracia electoral

Los procesos electorales en México están plagados de vicios, e inequidad entre los participantes. Para ganar una elección no basta ser el mejor candidato a los ojos de la ciudadanía, o haber sido postulado por el partido que cuente con mayor credibilidad entre el electorado.  Para ganar una elección se deben reunir  previamente una serie de condiciones que poco o nada tiene que ver con el perfil del candidato, con sus méritos profesionales y sociales, con el apego a los principios partidistas, o con su vocación de servicio a la sociedad; se requiere contar con el respaldo de la cúpula partidista y de quien ejerce el poder a nivel nacional o estatal, según se trate. Se requiere también, contar con recursos económicos abundantes y suficientes para financiar una campaña, “ganar voluntades” de propios y extraños, medrar con la necesidad de los potenciales electores  más pobres, y lograr una movilización masiva  de votantes el día de los comicios que le garanticen suficientes votos para obtener una mayoría irrefutable.

El candidato que resulte ganador de una contienda debe ser funcional a los propósitos de quien detenta el poder político; que este esté dispuesto a asumir los compromisos establecidos con el grupo de poder que lo haya designado.

El elegido deberá contar o conseguir recursos suficientes para asumir los gastos de campaña que le permitan acceder al voto del electorado que le garantice el triunfo en la contienda, tal como sucedió en las elecciones  de junio pasado en los estados de México y Coahuila. En el primero, ganar la elección era una prioridad nacional para el gobierno de la República; en el segundo, una prioridad estatal para el Gobernador saliente, aunque negociable para el gobierno federal.

Esta realidad y prácticas electorales se repiten en mayor o menor grado en cada elección en el país. El origen de este tipo de práctica es un sesgo de la cultura política del partido de Estado que ha monopolizado el poder desde hace casi un siglo y se resiste a perderlo a toda costa.

Tal vez las únicas elecciones federales que medianamente se respetaron en la historia reciente del país fueron las celebradas en julio de 1997, de las que surgió la 57 Legislatura Federal y el primer Jefe de Gobierno electo de la Ciudad de México. Después de esos comicios, salvo circunstancias y momentos de excepción, el partido gobernante y sus aliados han echado mano de todo tipo de prácticas para recuperar el espíritu protagónico e impositivo: ganar o arrebatar.

Aun así, ha habido una pérdida paulatina del poder político de parte del partido de Estado, generada por las presiones ciudadanas y el surgimiento de organizaciones políticas alternativas. La práctica de compra de votos, se ha ido imponiendo paulatinamente como conducta universal en los procesos electorales en todo el país. Los candidatos y partidos que aspiran a ganar elecciones, con el apoyo de los gobiernos locales que han logrado obtener, asumen casi de manera general las reglas no escritas del sistema electoral mexicano.

En ese sentido, la normatividad electoral en cuanto a límites para gastos de campaña, es mera simulación. Todos los partidos y candidatos lo entienden y reconocen; todos lo aceptan y están dispuestos a obtener recursos de donde sea con la esperanza de no perder competitividad y alcanzar el triunfo electoral.

Por  ello resulta absurda, contradictoria, y a destiempo, la acción del INE de señalar hasta ahora que los candidatos del PRI y el PAN al gobierno de Coahuila excedieron sus gastos de campaña en los procesos electorales del pasado 4 de junio. Absurda porque, el señalamiento se da hasta ahora, cuando siempre quedó claro que hubo un dispendio excesivo de parte del gobierno estatal de Coahuila y de su candidato para ganar la elección en juego a toda costa. Contradictoria porque el señalamiento solo se hace respecto a la elección del Estado de Coahuila, cuando el gasto excesivo de parte del candidato y la intromisión de parte del gobierno para favorecerlo, en este caso el federal, fueron mucho mayores en el Estado de México, y allí el INE no ha dicho ni hecho nada.

La determinación que el pleno del INE tome respecto a una posible anulación de las elecciones en el Estado de Coahuila por un eventual rebase al tope de los gastos de campaña de los candidatos del PRI y el PAN, aunque insuficiente pues no considera lo sucedido en el Estado de México, podría sentar un precedente importante para que este tipo de prácticas se destierren a futuro en los procesos electorales del país.

Si México aspira a tener algún día procesos electorales democráticos, justos y confiables, se hace necesaria una profunda reforma que modifique la legislación desde las raíces: la desaparición o disminución del financiamiento público a los partidos políticos a niveles razonables, el  destierro de las prácticas de simulación, los gastos excesivos de campaña con dinero de los impuestos que paga el pueblo de México.

Esta expectativa resulta cuando menos utópica si prevalecen vigentes las prebendas con que cuentan los partidos políticos y su representación en el Congreso. La única posibilidad de extirpar este mal de raíz es que los ciudadanos hartos del abuso de los partidos y sus representantes, se organicen y se impongan, y de esta vía surja un nuevo país, una nueva Constitución y nuevas leyes a la altura de las demandas de la mayor parte de la ciudanía.