Industria automotriz, reforma energética, y TLCAN

Enrique Bautista Villegas

En el ánimo de dar tranquilidad a los mercados financieros locales e internacionales, principalmente los estadounidenses, el equipo de gobierno que encabezará a partir del 1º de diciembre Andrés Manuel López Obrador, ha dado su visto bueno a los acuerdos logrados por los negociadores del actual gobierno mexicano con la administración del Presidente estadounidense Donald Trump, respecto a la firma de un supuestamente renovado acuerdo comercial.

A los ojos de muchos analistas, si bien el potencial nuevo acuerdo, ya sea bilateral o tripartita (sin o con la inclusión de Canadá), es necesario para que nuestro país no caiga en una crisis comercial con su socio más importante a nivel internacional. Sin embargo, el mismo aparece como desventajoso en muchos aspectos, ya que ratifica la función de la industria mexicana como una de carácter  principalmente de maquiladora en las ramas de mayor importancia: la automotriz y la electrónica.

En lo que toca a la primera, la aceptación de las condiciones impuestas por el gobierno estadounidense, en el sentido de que los vehículos ensamblados en la región deberán integrar un 75% de componentes hechos en la región; el otro 25% puede ser de cualquier otra parte del mundo.  Adicionalmente, que el 40% deben ser componentes producidos por empleados que reciban un salario igual o superior a 14 dólares la hora (Estados Unidos cumple con este requisito, pero México no), resulta obviamente desventajoso para México en tanto no se logren los niveles salariales que los obreros estadounidenses obtienen, aunque de cumplirse algún día, constituirán un logro para los trabajadores mexicanos.

Respecto a la aceptación del Presidente Electo de Méxicode mantener vigente la reforma energética en el texto del eventual nuevo acuerdo comercial, ya sea tripartita o exclusivamente con Estados Unidos, Jesús Seade, representante del nuevo gobierno en las negociaciones TLCAN, señaló en entrevista con el noticiario Despierta con Carlos Loret de Mola que era importante modernizar este acuerdo. Seade precisó que la posición de Andrés Manuel López Obrador es clara, por lo que en la negociación se garantizó la soberanía del Estado en el sector.

El Presidente Electo por su parte dijo al respecto estar satisfecho con el arreglo alcanzado entre México y Estados Unidos, manteniendo la esperanza de que Canadá lo suscriba, aunque afirmó que México se reserva el derecho de reformar su Constitución y las leyes relativas a la energía.

En este contexto debe quedar claro el debate sobre la jerarquía entre leyes y tratados en nuestro país está resuelto por el Artículo 133 de la Constitución de la República, que confiere a la Constitución prelación sobre las leyes y los tratados. “La Constitución es primera, siempre, porque así lo dispuso el constituyente en el Artículo 133” como lo estableció con claridad Emilio O. Rabasa en su libro “Las Constituciones de Canadá, los Estados Unidos de América y México. Estudio comparativo. Sus orígenes, evolución, principios fundamentales y jerarquía con los tratados. Los textos positivos”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM y Editorial Porrúa, 2004.

Lo anterior significa que si el Congreso de la Unión decidiera, a iniciativa propia o del Ejecutivo, cancelar o modificar la reforma energética concretada por la 62 Legislatura, las reformas correspondientes impactarían el Tratado de Libre Comercio o cualquier acuerdo bilateral o multilateral en la materia que estuviese vigente. En todo caso lo que quedaría sujeto a análisis y discusión es si los contratos que han autorizado a empresas extranjeras para extraer y aprovechar hidrocarburos del subsuelo y los mares territoriales mexicanos, otorgados durante los años de vigencia de la actual reforma energética permanecerían vigentes, a partir del principio de que la Ley no es retroactiva.

En otras palabras, más allá de la eventual cercana firma de un nuevo acuerdo comercial bilateral o trilateral con Estados Unidos exclusivamente, y/o con Canadá, hay temas fundamentales incluidos en el texto acordado hasta ahora, que podrían eventualmente ser revisados, de acuerdo a las prioridades del nuevo gobierno o de la recién instalada 64 Legislatura.