Observador ciudadano/Enrique Bautista Villegas

EL RIESGO DE LIQUIDAR LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS

Dentro de las acepciones de lo que es un fideicomiso, una de las que menciona Mr. Google (https://www.gestiopolis.com/que-es-un-fideicomiso/) señala que “es un acto jurídico, de confianza, en el que una persona entrega a otra la titularidad de unos activos para que ésta los administre en beneficio de un tercero.

Por su parte, el sitio de internet Mis Abogados (https://misabogados.com.mx/blog/que-es-el-fideicomiso-y-para-que-sirve/) dice que el fideicomiso “es uncontrato mediante el cual, el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados afines lícitos y determinados, encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria. Por tratarse el fideicomiso de un contrato, las responsabilidades recaen siempre sólo entre quienes lo celebran”, esto es: entre el fideicomitente (el que entrega el recurso, bienes o derechos de su propiedad, estableciendo condiciones de administración y distribución sujeto a administrarse), el fideicomisario (el que recibe los bienes, beneficios o recursos del fideicomiso para ciertos fines, pudiendo ser el propio fideicomitente o un tercero), y el fiduciario (la institución que administra los bienes, beneficios o recursos, con la misión de cumplir las disposiciones o fines establecidos por el fideicomitente).

La figura jurídica del fideicomiso está regulada en México por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

El Fideicomiso Público en nuestro país es una entidad que el gobierno federal, o alguna de las entidades paraestatales, crea con la intención de llevar a cabo un fin lícito y determinado, obteniendo desarrollo económico y social a través del manejo de recursos propiedad del Gobierno Federal. La función de fideicomitente debe recaer exclusivamente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los recursos correspondientes deberán ser administrados por una institución fiduciaria, pudiendo ser esta, cualquier institución o sociedad nacional de crédito. Los fideicomisarios, beneficiarios son los destinatarios finales o naturales de los bienes fideicomitidos. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la figura del fideicomiso debe constituirse en la vía legal más adecuada y de mayor transparencia para que el Estado haga llegar recursos públicos, o presupuestales, a muy variados fines dentro de la función que le corresponde como promotor del bienestar de la población y el desarrollo del país.

La figura del Fideicomiso Público se empezó a utilizar en nuestro país desde la década de los cuarenta del siglo pasado. Ha sido desde entonces, en la mayoría de las experiencias, un mecanismo funcional y eficaz para los fines que fue creado. Ha generado credibilidad y confianza entre la población, respecto al cumplimiento de sus fines particulares. Ciertamente, como la mayor parte de las instituciones creadas por el Estado mexicano, ha estado expuesto a malos manejos y actos de corrupción, a partir de la mala fe y perversión de malos administradores, que no de su espíritu y estructura jurídica.

En ese sentido, resulta plausible el propósito de revisar la pulcritud y apego a la norma con que de cada uno de los fideicomisos públicos que operan en el país viene operando. Lo que no es aceptable, es que se decrete su desaparición y desmantelamiento de manera generalizada bajo el señalamiento de que han sido objeto de manejo inescrupuloso e ilegal de los recursos y bienes que han administrado.

Los recursos administrados por los fideicomisos públicos en México han sido fundamentales para el impulso de actividades como la investigación y el desarrollo científico y tecnológico del país, para el impulso y sostenimiento de instituciones académicas  de excelencia, para la atención de desastres naturales que han afectado a la población más vulnerables, para promover el fortalecimiento de nuestros valores culturales y manifestaciones artísticas y creativas, para promover la educación y la salud, entre muchos otros fines.

Pretender hacer desaparecer a los fideicomisos públicos de un plumazo, por más racional que sea el argumento, resulta un despropósito a la luz del gran objetivo de contar con instituciones sólidas para el desarrollo nacional. Si el problema es que existen sospechas de que muchos fideicomisos resultan innecesarios o se han corrompido, está la alternativa de auditarlos uno por uno, y liquidar a los que se hayan desviado del objetivo para el que fueron creados, o no estén cumpliendo con la tarea fundamental de contribuir al desarrollo nacional y el bienestar de la población país.

El desmantelamiento de instituciones sólidas que ha costado mucho al país construir, lejos de fortalecer a la 4T, la debilitan frente a grandes sectores de la población, que bien pudieran ser, o han sido, sus aliados. No basta con el señalamiento del Presidente y su gobierno en el sentido de que la desaparición de los fideicomisos públicos no significa que la función que cada cual tiene asignada se seguirá cumpliendo con la asignación de los recurso necesarios desde la Secretaria de Hacienda. Para contar con la confianza de sectores específicos de la población, tales como: científicos, académicos, artistas, creadores, pequeños empresarios, grupos vulnerables, víctimas de diversos delitos, entre muchos más, resulta necesaria la garantía que significa el respaldo institucional y certero de organismos creados exprofeso para tales fines.