Observador ciudadano/Enrique Bautista Villegas

OBSERVADOR CIUDADANO

PRIORITARIO: REPLANTEAR POLITICA ECONÓMICA Y FISCAL

A un par de días de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presente su segundo informe anual de labores, como lo señala la Constitución, el panorama que enfrenta el país y el que se ve por lo menos para el 2021, no resultan halagüeños. Ciertamente la responsabilidad de esa situación no es imputable al desempeño del gobierno que encabeza el tabasqueño, como muchos opositores argumentan. La crisis que vivimos en México es fiel reflejo de la que se vive en todo el mundo, y se deriva desde luego de la pandemia del Covid-19 y de sus efectos en la actividad económica a escala golbal.

Resulta difícil evaluar con objetividad si la manera en que el gobierno de México ha enfrentado la crisis sanitaria ha sido la más apropiada dadas las limitaciones presupuestales del gobierno y la realidad social y geográfica del país. Para muchos observadores, fueron previsibles desde la aparición de la pandemia en nuestro país, las dificultades que se enfrenarían en las diferentes regiones del territorio nacional a través del tiempo. 

La eficiencia de las medidas de control para prevenir el escalamiento en grandes centros de población, como la Ciudad de México y su zona conurbada, o Tijuana y su zona de influencia, que llega a los municipios de Rosarito y Tecate, por ejemplo, han tenido poco impacto, al pretender implementar las mismas medidas en forma simultánea en otros centros de población y regiones, situadas en el extenso territorio nacional. 

Era previsible que la llegada y desarrollo de la pandemia no sería simultáneo en todas las entidades y municipios del país, y que esta tendría más un efecto domino repartido en el tiempo, como ha venido en los hechos sucediendo. Resultaba imposible predecir en que momento las medias de prevención, asilamiento y sana distancian debían aplicarse en cada región del país. 

La sorpresa con que tomó al mundo la aparición del virus, y sus tempranos efectos devastadores en países como Italia, Francia, Gran Bretaña, y España, indujo a la mayoría de las naciones a aplicar medidas preventivas drásticas casi de manera generalizada. Ahora observamos, que tal vez estas debieron haberse escalonado y aplicando solo conforme el virus iba apareciendo.  

El efecto de la aplicación simultánea con que las medidas preventivas se implementaron resultó devastador para la economía de las naciones que así actuaron. El cierre temporal de centros de trabajo, la suspensión de empleos, la baja en la actividad económica en general, detuvo de manera súbita el flujo del dinero y el consumo, así como la capacidad de los afectados para sobreponerse a la misma; lo que parecía momentáneo, se ha transformado para muchos en permanente.

En México, dependiendo de las fuentes de información oficiales: INEGI, Coneval, Banco de México, IMSS, Secretaría de Hacienda, entre otras, entre abril y junio de este año se habrían perdido entre 10 y 12 millones de empleos informales, y cuando menos un millón de empleos formales (que cotizan en el IMSS). 

Si bien, la política de transferencias económicas a los grupos de población de menores recursos, ya haya sido mediante la entrega de recursos líquidos a adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, becas, etc., o créditos de $25,000 pesos a microempresas formales e informales, ha contribuido a que no haya habido hasta ahora brotes de violencia y robos a tiendas departamentales y de abarrotes de manera masiva. Sin embargo, la falta de atención a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan la mayor parte de los empleos formales ha sido nula.

Aun cuando hay signos de que el número de empresas cerradas y de empleos perdidos, ha tocado fondo, la recuperación, en el mejor de los casos, llevará varios años. Peor aún, dada la imprevisible presncia e impacto de la pandemia en el enorme número de microrregiones del país, y el alto riesgo de que la fuerza del contagio rebrote, como ha venido sucediendo ya en algunos países europeos, resulta altamente incierto apostar a que la situación sanitaria se estabilice en el corto plazo. Por ello, las naciones y sus gobiernos cifran sus expectativas de regreso a una paulatina normalidad, a la liberación, aplicación generalizada, y efectividad, de las vacunas aún en desarrollo.

Ante esta perspectiva, resulta urgente que el gobierno del país replantee su política económica y presupuestal, en lo inmediato y, para los años siguientes, en particular para el 2021.

En días pasados, el Secretario de Hacienda Arturo Herrera, pronosticó ante los integrantes del grupo parlamentario de Morena un panorama desalentador para 2021. Señaló que si bien este año el país contó con “tres amortiguadores” que absorbieron el impacto del Covid-19: las coberturas del precio del petróleo, los fondos para los choques económicos, y los guardaditos que tenía el gobierno, advirtió que esos recursos, es decir, los fondos de estabilización de los Ingresos Presupuestales y el de los Ingresos de las Entidades Federativas, así como la mayor parte de los “guardaditos” ya no estarán disponibles para el 2021 (ver: El Universal, 30-08-2020, Horacio Jiménez)

“Herrera habló de otra restricción para la economía mexicana, que es la contratación de deuda, pues pronosticó que el PIB va a caer, y aunque nuestro país no está contratando más deuda, la valuación de ésta va a aumentar.

“En este sentido, anunció un recorte en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que enviará a la Cámara de Diputados”, en breve.

Ante esta perspectiva adquieren cada vez mayor relevancia voces como las de un grupo de académicos de la UNAM, otras instituciones, y especialistas en políticas públicas, que se han llamado a sí mismos como: Grupo Nuevo Curso de Desarrollo” quienes han venido proponiendo opciones ante la crisis que afecta al país. En un reciente documento, dado a conocer el pasado 10 de agosto, plantean: 

“Es imprescindible tomar medidas inmediatas para proteger el empleo y el ingreso de los trabajadores que han quedado desempleados o subocupados, así como apoyar a los trabajadores informales que han visto caer sus ingresos. La gran mayoría de ellos se ubica en los estratos de más bajo salario y son altamente susceptibles de pasar a una situación de pobreza. Esto implica, por otra parte, ayudar a proteger la sobrevivencia del mayor número posible de fuentes de trabajo para que, en su momento, pueda iniciarse más rápidamente la recuperación”

Así mismo reconocen que, si bien “La entrada en vigor del TMEC en el marco del conflicto entre Estados Unidos y China puede tener efectos positivos sobre la exportación y la inversión extranjera directa, pero lo más probable es que éstos, de ocurrir, se vean en el mediano plazo. Las exportaciones dependerán de la evolución de la economía estadounidense que, según el FMI, no recuperará su nivel de actividad previo a la pandemia antes de 2022. Debemos impedir que persista el círculo vicioso de caídas en el empleo, el ingreso y la producción que puede dar lugar a una depresión de larga duración. Solo un impulso fiscal puede dinamizar la recuperación en el corto plazo.

Mas adelante señalan que: “Por razones de estricta justicia social vinculadas al imperativo de paliar el sufrimiento de millones de familias, y también por motivos de índole macroeconómica, sigue siendo necesario y es ahora más urgente poner en marcha un programa de ampliación del gasto público a la altura de la emergencia. Esto supone incrementar el déficit público para 2020. Requiere, además, un presupuesto y un programa para 2021 que fortalezca considerablemente dicho impulso ampliando el espacio fiscal.

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“Para financiar el déficit de 2020 y parcialmente el de 2021 se puede recurrir, por una parte, a la línea de crédito flexible de bajo costo disponible en el FMI y, por la otra, a financiamiento directo del Banco de México. Adicionalmente, la banca puede cooperar con la recuperación no solo otorgando más crédito a empresas y personas sino también apoyando el financiamiento de un mayor déficit público.

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“Es posible, es necesario, pues, movilizar recursos en el muy corto plazo para proteger los ingresos familiares, preservar fuentes de empleo y –pari passu con un desconfinamiento prudente– reactivar la economía. La expansión del gasto público debe concentrarse en: i) robustecer al sector salud; ii) apoyar directamente a los millones de familias que siguen afectadas por los despidos laborales o el recorte de sus remuneraciones; y iii) ayudar a empresas privadas a preservar fuentes de trabajo con apoyos directos, además de créditos

“Al mismo tiempo que se ponga en marcha la reactivación, es necesario definir un nuevo curso de desarrollo, incluyendo un conjunto de reformas como un seguro de desempleo de emergencia, un ingreso básico para las familias más pobres, y otras de tipo financiero destinadas a fortalecer la banca de desarrollo, la política industrial y regional, así como otras dimensiones y aspectos de la política económica y social para un crecimiento incluyente y sustentable.

 “También podría instrumentarse un programa emergente de inversión en infraestructura, utilizando información disponible en la propia banca de desarrollo y en grupos de ingeniería y empresas privadas de la construcción.”

El documento convoca a promover los debates para impulsar una profunda reforma fiscal que el país tanto requiere: 

“El debate y la adopción de una reforma fiscal que le dé viabilidad al endeudamiento de corto plazo y permita detonar el crecimiento económico a mediano plazo debe convertirse en uno de los ejes principales del programa hacendario para 2021. 

“Una reforma fiscal que finque las bases de una nueva economía incluyente y sustentable necesita ser producto de un amplio pacto entre las fuerzas políticas y sociales y los agentes económicos. Ese pacto podría, además, contribuir a mejorar el diálogo entre la sociedad y el gobierno, y propiciar la inversión y el crecimiento.

Finalmente hacen un llamado a los integrantes del congreso de la Unión para que el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para 2021 tengan como objetivos principales la recuperación económica y social, y hacen un llamado a la Cámara de Diputados y al Senado, a sus grupos parlamentarios, y a la sociedad mexicana, a debatir con la altura de miras que demanda la emergencia nacional:

El reto ahora es que voces como las de este grupo de reconocidos académicos y especialistas en políticas públicas, que anteponen el interés nacional al de cualquier grupo de interés particular, sean escuchados por el Presidente de la República y el conjunto de los legisladores que conforman el Congreso de la Unión.