Observador ciudadano

OBSERVADOR CIUDADANO

EL PODER POLÍTICO Y LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO

En la historia política de México, a partir de la Revolución Mexicana, el poder lo mantuvo durante más de 70 años el PRI y sus predecesores, el Partido Nacional Revolucionario, PNR, y el Partido de la Revolución Mexicana, PRM.

Desde el mismo momento en que se fundó el PNR, y hasta 1997, la hegemonía del poder político estuvo siempre en sus manos. Y desde entonces, hasta que perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, en la 57 legislatura, y la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal, los dirigentes políticos de ese partido no solo manejaron la inmensa mayoría de los gobiernos y los poderes políticos en los diferentes ámbitos; esto es, el Congreso de la Unión, los congresos estatales, los poderes judiciales y, desde luego, las gubernaturas y presidencias municipales.

Las cabezas de los poderes políticos no solo dictaron el rumbo del desarrollo del país en materia política y económica, también determinaban, a través del Congreso de la Unión y los congresos locales que dominaban, cómo se distribuían los recursos públicos en cada poder y en cada ámbito de gobierno.

Algunos dirigentes revolucionarios, desde un principio, reservaron de manera encubierta y al margen de la Ley, la posibilidad de adjudicarse una parte del presupuesto para satisfacer sus pretensiones económicas y lograr sus fines políticos particulares.

Se hicieron de grandes propiedades, y beneficiaron a sus amigos, aliados, a quienes pertenecían al partido hegemónico, y a los que desde el de poder económico les permitirían el logro de sus objetivos. Los partidos de oposición, quienes en ellos militaban, y los ciudadanos en general, siempre estuvieron excluidos de esa tajada.

En el inicio de la transición política en 1997, primero en los congresos y después en los diferentes ámbitos de gobierno, en el 2000 en la presidencia de la República, el poder político y lo que con él se ganaba, cambió de manos, pero no así la práctica cultural y falta de ética de reservar en los hechos una parte de los recursos públicos para beneficio de quienes ejercían el poder. en la mayor parte de los casos

Cuando se dio la transición en el año 2000 y Vicente Fox llegó al gobierno de la República, les levantó la canasta a los políticos amparados bajo la sombra del PRI, pero rápidamente puso en práctica el mismo modelo para la distribución de los recursos públicos, reservando de manera simulada una parte para atender las demandas y pretensiones de sus aliados políticos, de quienes lo apoyaron desde las cupulas del poder económico y, desde luego, sus más allegados.

De ahí surgieron en buena medida los señalamientos de la oposición de izquierda, en el sentido de que el PRI y el PAN eran la misma cosa. El argumento se fortaleció a partir de que los segundos adquirieron rápidamente las mismas costumbres y conductas que habían practicado durante setenta años los primeros. Además de ejercer el gasto público conforme al presupuesto, aprobado por el Congreso de la Unión, continuó la costumbre ilícita de reservar, en los hechos, una proporción para atender sus pretensiones y las de sus aliados tanto al interior del gobierno como desde el poder económico.

Con la reforma política de los años noventa, que incrementó las asignaciones presupuestales a los partidos políticos, el mismo fenómeno que operó respecto al ejercicio del presupuesto público, se reprodujo al interior de los partidos políticos.

Así, las camarillas que dominaban al PRI, y las que lo hicieron en su momento en el PAN y el PRD, destinaron una parte importante de los recursos públicos recibidos por sus respectivos partidos para solventar sus prioridades particulares; lo mismo sucedió con la distribución de las posiciones políticas y candidaturas partidistas, particularmente con las llamadas plurinominales, primero, las de los diputados, y posteriormente las de los senadores. Esas posiciones se reservaron prioritariamente para quienes mantenían, y han mantenido, el dominio político al interior de cada partido.

Tales prácticas fueron las que permitieron la construcción y hegemonía de las llamadas corrientes al interior del PRD, y más tarde lo llevaron a su desaparición. La llamada Nueva Izquierda (sic), y en menor grado otras corrientes, que a base de triquiñuelas y alianzas subterráneas se hicieron del control del partido, generaron su temprana autodestrucción y desbandada.

Durante su periodo de dominio se adjudicaron siempre las primeras posiciones en las listas de representación proporcional; esto es de las plurinominales, y viciaron de fondo los mecanismos para determinar quiénes debieran ser sus candidatos a las posiciones de elección popular: diputaciones, senadurías, gubernaturas de las entidades federativas, y hasta presidencias municipales y regidurías. Para ser candidato o candidata a cada posición, una condición necesaria terminó siendo, contar con el apoyo o el visto bueno de las corrientes hegemónicas. Los mecanismos de definición ya fueran estos, convenciones, elecciones internas o supuestas encuestas, se manejaban siempre para favorecer a sus preferidos; con sus variantes mínimas. Lo mismo ha sucedido en el PAN desde el año 2000 para acá, y sucede en lo que queda del PRI.

Actualmente MORENA, que señaló con furia los vicios de los partidos mencionados, y firmó su divorcio con el PRD, condenándolo a su desaparición, ha adquirido y magnificado muchas de las mismas prácticas, al dar libre acceso a los advenedizos de otros partidos y emular sus vicios.

Una característica de los tiempos de dominio del PRI fue que durante los períodos en los que ejerció el poder, para guardar las formas también administraba sanciones. Quienes se pasaban de la raya, o caían de la gracia del poder central, eran sancionados o defenestrados.  Así recordamos cómo de sexenio en sexenio caían algunos funcionarios del gobierno anterior, y eran denostados, e incluso encarcelados. No olvidamos la cacería de brujas que se emprendió en contra del exdirector de Pemex, Jorge Díaz Serrano, y del famoso Negro Durazo, durante el gobierno de Miguel de La Madrid, ni la caída de varios gobernadores priistas que se brincaron las trancas, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto: Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, de Tamaulipas, Duarte de Veracruz, y Duarte de Chihuahua, entre otros.

Esas acciones aisladas, que se tomaban a manera de sentar precedentes, en los tiempos actuales se han dejado de lado. Hoy en día son públicos los abusos y el desprestigio de algunos políticos heredados del régimen anterior, y de varios gobernadores en funciones emanados de MORENA. Tal es el caso del exsecretario de gobernación, del exdirector de SEGALMEX, y hasta ahora, de los autores intelectuales del huachicol fiscal, incluidos altos mandos de la Secretaría de Marina, que se han mantenido hasta ahora intocados.

A lo anterior se suman las graves acusaciones hechas por el gobierno de Estados Unidos en días recientes en contra del Gobernador de Sinaloa, Ruben Rocha Moya y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, que, ante la gravedad del asunto, han solicitado ya licencia, del Senador Enrique Inzunza Cázares, y de otros 7 funcionarios estatales por su supuesta relación con la delincuencia organizada.

Este tema, como los señalamientos sobre la protección e involucramiento  con integrantes de la delincuencia organizada por parte de otros gobernadores en funciones y encumbrados políticos de MORENA, se venía anunciando ya de manera cada día más insistente por voceros del gobierno estadounidense y analistas y especialistas en materia de seguridad mexicanos, y se dejó pasar, aun cuando la presidenta Sheinbaum reiteradamente ha señalado que las acusaciones de delincuencia a representantes populares y políticos serían investigados a partir de que se contara con evidencias debidamente sustentadas.

Para des fortuna del gobierno de la República, de los integrantes de Morena, y sobre todo, de la presidenta Sheinbaum, los temores de que el gobierno estadounidense y del presidente Trump en este ámbito, se concretaran, generando una crisis diplomática y política para el gobierno mexicano, en el marco de las negociaciones para la revisión del TEMEC., son ya una realidad. Para sortearla, la presidenta Sheinbaum deberá asumir una posición drástica y complicada frente a las expresiones de Morena que se han negado a aceptar que el problema de la corrupción al interior de sus estructuras, y las de diferentes ámbitos de gobierno, constituyen el mayor problema a atender para que el proyecto de la 4T mantenga la hegemonía política en el país.

En el discurso la presidenta Sheinbaum ha fustigado la corrupción y deshonestidad. A ella se le señala como mujer honesta y que cumple sus compromisos. No en valde su popularidad y reconocimiento ante la opinión pública supera el 70%. En contraste, sucede lo contrario con la opinión que le merecen a buena parte de los ciudadanos: todos los partidos políticos, y en este caso específico, Morena, buena parte de los integrantes del congreso, varios gobernadores y presidentes municipales, y sus asociados desde los grupos de poder económico, según lo acreditan las encuestas de opinión. Pero como los últimos sucesos lo dejan claro, estos no han sido atendidos.

Superar la coyuntura de la revisión del TEMEC, y generar condiciones favorables para dar confianza a la inversión privada, tanto nacional como extranjera, que permita recuperar el crecimiento económico, requerirán enfrentar este tema con energía, creatividad y transparencia. De la misma manera, la única posibilidad de construir en nuestro país un modelo de desarrollo que se caracterice por la honestidad y una genuina lucha a la corrupción, requiere de una enorme voluntad política para decidir romper con los vicios de falta de ética y la simulación, que como ha quedado claro, son parte intrínseca de la cultura de quienes ejercen los poderes político y económico en el país.