Observador Ciudadano

En un artículo publicado en octubre pasado en este espacio, denominado “Solidaridad, una necesidad para México”, me referí al hecho de que en nuestro país la solidaridad se manifiesta sobre todo ante la tragedia y la festividad. Señalé también que a diferencia de muchos otros países hay una ausencia de solidaridad para construir proyectos colectivos, y esa deficiencia debe de ser superada. Al respecto recibí algunos comentarios de amigos en el sentido de que generar una conducta solidaria es una tarea que se debe de construir desde la infancia, y que en ese sentido resulta fundamental que, desde el hogar y en los centros de educación formal, esto es desde la educación maternal, preprimaria y escuela primaria, deben estimularse los principios de la solidaridad, el apoyo mutuo, el trabajo en equipo, entre otros.

En esta nota planteó la hipótesis de que la ausencia de una cultura de solidaridad colectiva no solo limita el desarrollo económico y social del conjunto de la sociedad, sino también es un elemento que incide en la práctica de la corrupción.

Conceptualmente, la corrupción puede entenderse como el uso del poder de alguna naturaleza, de las jerarquías, o de posiciones de fuerza, para obtener beneficios económicos o de otra índole, de personas que de alguna manera dependen de la decisión de los primeros, mediante la vulneración de principios éticos, legales o de integridad. Esta conducta puede manifestarse a través de sobornos, malversación, nepotismo, clientelismo, favoritismo, tráfico de influencias, entre otros actos que socavan la transparencia y la justicia en la gestión pública o privada. La corrupción tiene consecuencias negativas para el desarrollo social, económico y político, erosionando la confianza en las instituciones y afectando la calidad de vida de la población.

También se reconoce como corrupción a los actos que se suceden al margen de la norma, que ciudadanos y autoridades de todos los niveles, practican minimizando su gravedad, tanto en lo público como en lo privado. La mordida al agente de tránsito o al empleado de ventanilla para acelerar un trámite administrativo en cualquier ámbito; la solicitud o exigencia de dádiva de cualquier representante de la autoridad para atender una demanda lícita o ilícita de un particular.

El pago que hace un ciudadano para quebrantar cualquier tipo de norma, por básica que esta sea, o para evitar que la autoridad la haga cumplir se suele llamar soborno. También puede referirse en algunos contextos como mordida, en términos más generales, ayuda ilícita o mordida en el sentido de un acto de corrupción para influir en la acción de la autoridad. Este tipo de pago busca sobornar, influenciar o cooptar a la autoridad para que no actúe en cumplimiento de sus funciones o para obtener un beneficio indebido.

El soborno y la mordida son manifestaciones claras de corrupción, independientemente de la importancia o gravedad del asunto de que se trate. Por mínimas que sean, implican la utilización de dádivas o pagos ilícitos para influir en decisiones o acciones de autoridad o quienes la representan, vulnerando principios de transparencia, legalidad y ética. Estas conductas socavan la igualdad, distorsionan la justicia y fomentan una cultura de impunidad, afectando negativamente el funcionamiento de instituciones y el bienestar social. Por lo tanto, forman parte de las conductas corruptas que generan un impacto negativo en la sociedad.

La corrupción involucra tanto al ciudadano que da la mordida o soborno, como a la autoridad que la recibe. Ambos son responsables de la conducta corrupta: el ciudadano que la ofrece busca obtener un beneficio indebido o evitar cumplir una norma, mientras que la autoridad que recibe la dádiva acepta actuar en contra de sus obligaciones, de la norma, y de principios éticos fundamentales. En conjunto, esta relación promueve y mantiene un ciclo de corrupción que daña la integridad de las instituciones y la justicia social.

En este contexto, la corrupción generalmente comienza cuando una persona, ya sea ciudadano o servidor público, decide actuar de manera ilegal o inmoral para obtener un beneficio personal, social o institucional. Empieza con la intención o la acción de ofrecer, solicitar, aceptar o facilitar un pago, favor o influencia que contraviene normas, leyes o principios éticos.

La corrupción se materializa cuando dicha conducta se consume, es decir, cuando el beneficio ilícito se obtiene efectivamente a través del acto corrupto, o se neutraliza cuando la conducta, se detecta y sanciona rompiendo el ciclo y restableciendo la integridad y el cumplimiento de las normas.

Existen diversos indicadores que permiten evaluar y comparar los niveles de corrupción entre diferentes países. Uno de los más reconocidos es el informe de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, conocido como el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Este índice clasifica a los países en función de cómo perciben la corrupción en el sector público, basándose en encuestas a expertos y en análisis de diferentes fuentes.

El informe de Percepción de la Corrupción de 2024 elaborado por Transparencia Internacional revela que la corrupción sigue siendo un desafío significativo a nivel global, aunque existen avances en ciertos países y regiones. La percepción de la corrupción en el sector público varía ampliamente, con países que mantienen altos niveles de integridad y otros que enfrentan deterioro en sus instituciones.

Se destaca que los países con mayores niveles de corrupción tienden a presentar debilidades en la gobernanza, poca transparencia y problemas en la rendición de cuentas. Además, el informe advierte que la corrupción afecta negativamente el desarrollo económico, la equidad, la justicia social y la confianza en las instituciones democráticas.

Un aspecto importante del reporte es la identificación de sectores particularmente vulnerables, como la justicia, la policía, y la administración pública, donde prevalecen prácticas corruptas. También se analiza cómo la percepción de corrupción puede influir en la participación ciudadana y en la estabilidad política.

Finalmente, el informe hace un llamado a fortalecer las instituciones, promover la transparencia y adoptar medidas anticorrupción más contundentes para reducir la percepción y la incidencia real de la corrupción en el mundo.

Es importante señalar que existe una relación estrecha entre corrupción y los niveles de solidaridad en una sociedad. La corrupción tiende a erosionar la confianza entre los miembros de una comunidad, reduciendo el sentido de solidaridad y cohesión social. Cuando la corrupción es prevalente, los ciudadanos se sienten desconfiados, alienados o desmotivados a participar en actividades colectivas, ya que perciben que las instituciones no son justas o no funcionan correctamente.

En cambio, en sociedades con altos niveles de solidaridad, donde prevalece la confianza mutua, la cooperación y la participación comunitaria, es más probable que existan mecanismos efectivos de control social que reducen la corrupción. La solidaridad puede fortalecer la rendición de cuentas y promover valores éticos que disuaden prácticas corruptas.

En conclusión, una alta solidaridad social puede actuar como un factor de protección contra la corrupción, mientras que la corrupción puede debilitar los lazos sociales e impulsar un ciclo de desconfianza y fragmentación.

Algunas naciones reconocidas por sus altos niveles de solidaridad, son los países escandinavos (Suecia, Dinamarca, Noruega); los mismos se caracterizan por altos niveles de confianza social, instituciones transparentes y sistemas de bienestar eficientes. La solidaridad en estas sociedades fomenta la cooperación, el cumplimiento de las normas y la participación cívica, lo que contribuye a bajos niveles de corrupción. Otro país reconocido por su fuerte cultura de confianza en las instituciones y en otros miembros de la comunidad, así como por su baja percepción de corrupción y altos niveles de cohesión social en Nueva Zelandia

En contraparte, entre los países  con altos niveles de corrupción y bajo nivel de confianza se señalan a algunas naciones en América Latina, África o partes de Asia, donde prevalecen prácticas corruptas, impunidad y poca confianza entre los ciudadanos y en las instituciones, lo que limita la cooperación social y la participación comunitaria. En contextos donde hay polarización social, poca confianza y rivalidades, el vínculo de solidaridad se debilita, facilitando prácticas corruptas y menos cooperación mutua.

Los ejemplos anteriores respaldan la hipótesis de que la solidaridad fortalece los mecanismos sociales contra la corrupción, mientras que su ausencia puede facilitar prácticas corruptas y disminuir la cohesión social.

Entre los autores relevantes que han explorado la relación entre solidaridad social, niveles de corrupción y otros factores sociales, podemos citar a:

Robert Putnam, en "Bowling Alone: El colapso y el resurgimiento de la comunidad estadounidense" o: El colapso y el resurgimiento de la comunidad estadounidense" y otros trabajos, teoriza sobre cómo la participación cívica y la cohesión social (que constituyen formas de solidaridad) influyen en la gobernanza, la confianza en las instituciones y la reducción de la corrupción. Su enfoque en el "capital social" muestra cómo las redes sociales y la confianza mutua fortalecen las democracias y combaten la corrupción.

Francis Fukuyama, autor de “El fin de la historia y el último hombre”, y de “Confianza; Las virtudes sociales y la prosperidad”, analiza cómo la confianza social y la solidaridad impactan en el desarrollo económico y en la gobernanza, argumentando que sociedades con altos niveles de confianza tienden a tener menores niveles de corrupción.

Alain de Janvry y Elizabeth Sadoulet, en diversos trabajos sobre capital social y desarrollo, exploran cómo los lazos sociales y la solidaridad en comunidades rurales contribuyen a la reducción de la pobreza y la corrupción, facilitando el acceso a recursos y mejorando la gobernanza local.

Samuel P. Huntington, en “El Choque de Civilizaciones ” y en otros trabajos diserta sobre la comprensión de los conflictos culturales, y cómo las diferentes culturas y niveles de cohesión social afectan la estructura social y la gobernanza, evitando prácticas corruptas.

Estos autores y estudios muestran cómo la solidaridad social, a través del capital social y la confianza mutua, puede reducir la vulnerabilidad a prácticas corruptas, mientras que la ausencia de estos valores favorece ambientes donde la corrupción puede prosperar.

Resultaría de la mayor importancia que estos conceptos sean recuperados y fortalecidos en la política educativa nacional. Su correcta comprensión y puesta en práctica mucho contribuirían a superar vicios culturales somo la falta de solidaridad y la corrupción como problemas estructurales que tristemente padecemos.