Nudos de la vida común/Lilia Patricia López Vázquez

La paraestatal contraataca

Primera parte

La producción,  distribución y comercialización de energía son de interés público, pues son el motor que permite el desarrollo de nuestra vida común. Por ejemplo, usted y yo, amable lector, nos reunimos en nuestra cita semanal gracias a la energía, la cual nos permite compartir ideas, preocupaciones, anhelos, hechos y opiniones por un medio electrónico. 

El transporte, las comunicaciones y la producción de cualquier tipo (intelectual, científica, artística, deportiva, de alimentos, de bienes y servicios de consumo, de entretenimiento, etcétera) son posibles gracias al suministro energético.  La vida moderna es impensable sin este recurso.

En México, el único sector que se ha conservado como empresa de Estado, es el energético. La administración de los servicios de electricidad y la producción de hidrocarburos se realiza a través de entidades paraestatales. Éstas son organismos que cooperan con los intereses del Estado, pero que se gestionan de manera autónoma en cuanto a su patrimonio y gestión de recursos. En  nuestro país existen 208 organismos paraestatales, de los cuales 14 son empresas productivas, diez de la Comisión Federal de Electricidad y 4 de petróleos mexicanos^[1]. 

El actual gobierno federal busca fortalecer estas empresas paraestatales bajo dos discursos: el primero es lograr costos más bajos para la población y el segundo, la defensa de la soberanía energética.

Reflexionemos un poco sobre el primero, tomando como referencia la creación de la empresa Gas de Bienestar.  El propósito que se nos comunicó a los ciudadanos respecto a su surgimiento, fue que al no haber intereses de particulares de por medio, el precio al consumidor final sería más barato, pues suprimen las utilidades que gana la empresa privada.  En sus primeras semanas de operación, el Gas del Bienestar se ha comercializado incluso a un precio más alto que la competencia privada, demostrando que el argumento que justifica la inversión de recursos públicos en la comercialización al consumidor final, es inexacto y el resultado, improductivo.

¿Las razones de por qué no se está logrando el objetivo de vender gas más barato? La primera, es que los hidrocarburos tienen precios internacionales y el Estado mexicano no puede establecerlos por iniciativa propia.  Segunda, que las ganancias de la venta de este gas deben ser suficiente para cubrir todos los costos de operación y administración de la compañía, así como recuperar la inversión fija hecha en instalaciones y equipos de reparto necesarios para el establecimiento de la misma.

Ahora bien, sería ilógico pensar que el Estado va a renunciar a las ganancias del gas del bienestar.  Que la empresa no tenga fines de lucro, no significa que no deba tener utilidades.

En el momento en que el Gas del Bienestar entra al mercado, toma clientes que antes eran atendidos por las empresas particulares. Éstas ven disminuidas sus ventas y con ellas, sus ganancias. El IVA y el IEPS que paga el contribuyente cada vez que surte su cilindro de gas, tendría una base menor de cálculo. El ISR que pagan las empresas comercializadoras por las satanizadas utilidades, también se verá disminuido.  El resultado es que el Estado tiene menor recaudación, pero necesita tener los mismos ingresos, pues el gasto federal no se ha reducido. De hecho, sería irresponsable que el Estado sustituya a las empresas privadas sin una utilidad de por medio, pues mataría la gallina de los huevos de oro.

De hecho, esta es la misma historia de lo que ha sucedido con la energía eléctrica. La actual normativa permite que los privados produzcan su propia energía, acotados a hacerlo por medios alternativos, como son la solar y la eólica. Esta medida, además de ser sustentable, ha reducido los gastos en energía tanto para empresas como para la ciudadanía que tiene acceso a estas tecnologías. Las empresas se vuelven así más eficientes y logran una mejor competitividad que permite promover el empleo y fortalecer la economía del país.  Gana el medio ambiente, ganan las empresas, gana la economía.

Sin embargo, esta lógica rompe las matemáticas del modelo de negocios de la Comisión Federal de Electricidad, lo cual la hace financieramente inviable. Para las empresas y los usuarios de alto consumo, producir su propia energía les resulta mucho más barato, por lo que dejan de comprársela a la CFE. Es así como la Comisión se queda únicamente con los usuarios de bajo consumo, que tienen tarifas subsidiadas. Antes de la reforma eléctrica, estas subvenciones se compensaban con los ingresos que provenían justo de esos clientes que ahora producen su propia energía. 

La CFE se quedó con los clientes que no son rentables y sin un plan para ajustar su modelo de negocios a las nuevas condiciones de competencia.  Con una estructura sobrada para las nuevas demandas y sin inversión en energías sustentables, la paraestatal perdió competitividad y se tornó simplemente ineficiente.

Ante esta situación crítica que vive la CFE, es difícil pensar que los precios al consumidor bajarán en el mediano plazo, pues eso va en contra de su necesidad urgente de incrementar sus ingresos para mantenerse a flote a sí misma.

Pero eso no es todo.  El gobierno federal no puede prescindir de los ingresos que reportaba la CFE.  Entonces, lo que busca la polémica propuesta de contrarreforma eléctrica es recuperar la cuota de mercado de CFE para evitar su quiebra. Los constantes aumentos del precio de la luz en los últimos bimestres justamente lo que han perseguido es mantener en números negros a la paraestatal.  Pero al elevar el costo del servicio, lo hacen inaccesible a la población de menores ingresos, trayendo con ello más pobreza y desigualdad. 

La contrarreforma es en realidad un rescate como en su momento lo fue el costosísimo pero inevitable Fobaproa. Pero en esta ocasión, la factura será pagada por el medio ambiente y por las empresas que mueven la economía del país, generando empleos y contribuyendo al gasto público con el pago de impuestos.

En la próxima entrega, si usted me lo permite, les invito, apreciables lectores,  a continuar explorando el segundo argumento introducido anteriormente, la defensa de la soberanía del país. Hasta entonces.

^[1] Diario Oficial de la Federación, 14 de Agosto de 2020