Nudos de la vida común

Ciencia en los tiempos de la 4T ¿Humanización o discriminación?

La ciencia es una empresa que solo puede florecer si se pone la verdad por delante de la nacionalidad, la etnia, la clase o el color.

• John C. Polanski

El meollo del problema antropológico sobre quién es el ser humano es que construimos la vida pública alrededor de la respuesta que demos. Cuando se gobierna bajo la creencia de que la naturaleza humana es hacia la maldad y corrupción, las decisiones se tomarán siempre con base en la sospecha y no en la verdad.

En el presente sexenio, la iniciativa privada se ha visto satanizada pues se le ha relacionado de manera directa con el capitalismo y las desigualdades que ha provocado en la vida social.  El tema es que se ha perdido de vista que detrás de muchos de los proyectos que emprenden los particulares en relación con la sociedad, tienen un carácter subsidiario a las capacidades del Estado para atender las necesidades legítimas de la población como la educación, la salud, la generación de empleo y la paz social.

Tal es el caso de la más reciente modificación a la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. A pesar de que esta nueva legislación señala que su objetivo es garantizar el derecho humano a la ciencia, así como el relativo a la no discriminación,  excluye a estudiantes e investigadores adscritos a instituciones pertenecientes al régimen privado -lo cual contradice la protección contra la exclusión por condición social-, así como disciplinas y proyectos bajo el argumento de no ser prioritados, incurriendo en una lamentable política excluyente.

Por principio, la nueva disposición asume que el ser estudiante o investigador adscrito a una institución privada significa en automático de qué se trata de una persona “fifí” que goza de una situación económica holgada. Esto denota un gran desconocimiento del medio académico. Las personas que tienen vocación hacia la investigación, por lo general tienen un perfil que se acerca mucho más al servicio que al lucro, por lo que difícilmente sus ingresos serán producto de las fuerzas capitalistas. Su afiliación está más relacionada con su interés y su perspectiva sobre su disciplina que con su modus vivendi.

El retirar los apoyos a estudiantes de posgrado y a investigadores en razón de su afiliación o de su materia de estudio, por el contrario, atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad: el que el Estado decida lo que debe enseñarse e investigarse, además de ser claramente adoctrinante, se contrapone a la libertad de cátedra y condena al investigador a dedicar su vida a algo que posiblemente no le satisfaga o esté fuera de sus competencias, o peor aún, que lo pueda poner en una situación donde traicione su consciencia o su conocimiento por obtener su sustento.

Pero esto es en la esfera de lo individual. En lo concerniente a nuestra vida común, el tema es igualmente grave, pero con dimensiones colectivas.  Por un lado, el dejar de colaborar con la iniciativa privada para temas de investigación, supone la reducción de los presupuestos designados a la misma. Los centros de investigación con financiamiento privado, bajo las anteriores leyes, no recibían a título gratuito los recursos para el desarrollo científico y tecnológico, pues desde siempre, estaban sujetos a que la institución aportara al menos, una cantidad equivalente.  Es decir, al expulsar a los particulares del apoyo a la investigación, también el país está limitando la capacidad de financiamiento a la ciencia, pues si bien, ya no egresan tales subsidios, tampoco se cuenta con la inyección de recursos financieros por parte de los particulares, al menos no a favor de los intereses gubernamentales. Si antes ya era insuficiente lo destinado a la ciencia y tecnología, ahora lo es más. ¿La gravedad del asunto? La ciencia y la tecnología son motores del desarrollo y la innovación del país, condiciones necesarias para elevar la calidad de vida de la población y salir del retraso económico y social que vivimos.

Se puede deducir que las modificaciones a la ley que pretende impulsar la ciencia en nuestro país, tienen su origen en el discurso sobre la supuesta ciencia neoliberal de parte del Ejecutivo Federal.  Efectivamente, la ley anterior colaboraba con la iniciativa privada en una asociación tripartita gobierno, empresa y academia para el desarrollo científico y tecnológico, pero siempre bajo  la condición infranqueable de atender a los ejes prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo.  Es decir, el dinero no era gastado, desde la ley, por cuatismos. Eso sucedía por lo mismo que sigue sucediendo en el presente, nuestra gran lacra social: la corrupción.  Y esta, ya lo hemos visto, no se combate destruyendo instituciones, sino a través de atacar sus raíces: la desigualdad y la ignorancia.

No obstante, hay una luz en la nueva ley: la inclusión de las humanidades en el rango de disciplinas a incentivar y que definitivamente es indispensable para lograr una sociedad próspera e incluyente. Ojalá se trate de un ejercicio serio de incentivación a las ciencias sociales  y no una forma de beneficiar con becas jugosas al grupúsculo político en el poder.

Las empresas, universidades e investigadores del régimen privado seguirán investigando. A las primeras, les mueve el desarrollo tecnológico para mantenerse competitivas. A las segundas, el cumplir con una de sus funciones esenciales: preservar y promover el avance del conocimiento.   Los investigadores seguirán el llamado de su vocación. La diferencia es que ahora, el producto de las innovaciones de las empresas y universidades, será solo para ellas, sin que el Estado pueda participar en ningún beneficio de las patentes que pudieran surgir, ni promover el nuevo conocimiento del sector de que se trate para impulsar su desarrollo y mucho menos, colgarse la medallita. Y la falta de incentivos a investigadores del sector particular, provocará una nueva oleada de fuga de cerebros, que en estos momentos de escasez de talento, podrán fortalecer a otros países y dejar en la vulnerabilidad científica a México.

Una vez más, bajo el argumento de la corrupción, se destruyen instituciones y en este caso, la actividad científica, tan crucial para el desarrollo del país, se ha tomado como botín político y financiero al más rancio estilo populista donde lo que menos importa, es el crear condiciones de bienestar para el pueblo a través del conocimiento.