Detienen en Colima a 2 vínculados a un intento de feminicidio en Yucatán
Los últimos días han estado pletóricos de información muy relevante para la vida del país. Por su impacto en la economía, seguridad y la política, el más importante fue el anuncio de Trump de establecer una prórroga de 90 días para el establecimiento de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a los Estados Unidos, lapso en el cual se verá si se llega a un acuerdo con el gobierno de Sheinbaum en lo referente a la producción y tráfico de fentanilo en nuestro país, incluyendo el desmantelamiento de las redes criminales que operan con la complicidad de narcopolíticos morenistas.
Serán claves los próximos 3 meses porque se sabrá si el gobierno de Claudia se atreverá a tomar en sus manos los hoy perdidos hilos de la gobernabilidad. Es decir, si en lugar de administrar el desastre heredado del sexenio obradorista, se decide a golpear en serio a los gobernantes, legisladores y funcionarios del actual bloque hegemónico que han sido acusados, con pruebas suficientes, de complicidades con grupos delictivos.
Hoy Adán Augusto aparece como el hilo más delgado y la pieza más vulnerable de ese entramado, aunque al mismo tiempo la parte más protegida por AMLO. Además, también están Rubén Rocha, de Sinaloa; Américo Villarreal, de Tamaulipas; los Monreal, de Zacatecas; Mario Delgado, en la SEP; y una larga lista de personajes que incluye al tal Andy López Beltrán.
Esta crisis en la relación con Estados Unidos y las amenazas de Trump contra México son responsabilidad principal de la anterior administración, así como de la actual que no ha terminado de reconocer su responsabilidad en la gravedad del fenómeno delictivo que sigue bañando en sangre y tristeza a nuestro país. En lugar de ello, desde el gobierno federal se ha preferido acusar de “traidores a la patria” a quienes les critican y aún así se les reclama falta de solidaridad por no “cerrar filas”. Por eso no está claro qué decisiones tomará la presidenta, aun cuando está obligada a actuar en favor de nuestro país si no quiere que nos sigamos deslizando en el tobogán del deterioro nacional.
Y no se trata aquí de especular sobre si ya es tiempo o no de que ella empiece a tomar distancia de López Obrador “para ejercer el poder por sí misma” o porque esté convencida de ello, sino que la fuerza de los hechos la está obligando a tomar decisiones que estarán significando esa diferenciación, misma que no necesariamente signifique “una ruptura” con su mentor o que el bloque dominante ya se esté resquebrajando. Aunque sí se estaría revelando que ese bloque ya no es tan sólido, sino que empieza a padecer fisuras y que el pacto de mutuas protecciones para asegurar pillerías se les ha agotado.
¿Hasta dónde llegará esto y cuáles serán sus consecuencias? Lo sabremos en pocas semanas. Mientras tanto, la incertidumbre sigue provocando estancamiento de la inversión privada. Y si, aunado a ello, la inversión pública bruta fija se sigue contrayendo y cayendo debido a la astringencia de recursos oficiales, la economía no podrá crecer como se necesita para generar nuevos empleos bien remunerados ni habrá ingresos suficientes para la hacienda nacional.
Como ya lo han estado demostrando reconocidos analistas en los últimos días (Ricardo Becerra y Roberto Zamarripa, entre otros), basándose en las cifras oficiales del INEGI, la pobreza laboral en México disminuyó en los 6 años anteriores debido principalmente al importante aumento de los salarios mínimos (propuesta que en su momento impulsó el PRD y que el AMLO opositor la ignoró) y subyacentemente por los programas sociales. Sin embargo, el crecimiento de ingresos en los sectores más pobres del país hubiera sido mayor si la economía de México hubiera crecido (y no se hubiera estancado) como pasó en esos años del gobierno obradorista.
Por lo tanto, a contrapelo del oficialista discurso ramplón de que el progreso material de la sociedad no tiene que ver con el crecimiento del PIB, los hechos demuestran (y demostrarán con creces en los próximos meses) que tanto el aumento de los salarios mínimos como el crecimiento de la economía no son incompatibles y sí son absolutamente necesarios. La situación económica empeorará si Claudia no toma las impostergables decisiones en materia de seguridad y con ello se provoca la imposición estadunidense de los ahora postergados aranceles.
Por otro lado, y vinculado con lo anterior, ahora tenemos en la agenda pública la salida de Pablo Gómez de la UIF y su nombramiento como “coordinador de los trabajos para la reforma electoral”.
El primer anuncio es esperanzador para reforzar una nueva estrategia anticrimen. El segundo es altamente negativo, ya que se trata de nuevas medidas para reforzar el autoritarismo político gubernamental. La composición totalmente morenista de la comisión que se encargará de esa encomienda, así como el contenido regresivo de esa reforma electoral, ya anunciada por la propia Sheinbaum, nos habla de que su objetivo es adueñarse del manejo de todas las elecciones, y excluir a las oposiciones. Se cumplirían así todos los planes obradoristas para sepultar la democracia mexicana.
¿Para qué organizar “foros de consulta” con especialistas si al mismo tiempo mediante una encuesta seguramente amañada van a preguntarle a la población sobre si le gustan los plurinominales, el financiamiento público a los partidos y el costo de las elecciones? Será una farsa monumental.
En conclusión, hoy estamos ante un panorama lleno de horribles presagios. Y habrá que esperar a ver qué pasa en los próximos 90 días.




