Miscelánea, salud y política/Judith Álamo López

Miscelánea, salud y política

LA FILANTROPÍA A DEBATE

Judith Álamo López

Los legisladores necesitan ciertamente una escuela de moral: Simón Bolívar

¿Por qué el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya quitó los apoyos directos que el gobierno Federal daba a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCc) a través de la Secretaría del Bienestar y ahora reduce en hasta 50% la deducibilidad de impuestos de los donativos que reciben?

La miscelánea fiscal para 2022 establece que se permitirá descontar la cantidad que resulte menor de cinco veces el valor anual de la UMA (Unidad de Medida y Actualización), un total de 163,467 pesos anuales en 2021, o el 15% del total de los ingresos de los contribuyentes.

Además, la deducibilidad por donación se desalienta puesto que se sumará a las otras deducciones personales -gastos médicos, escolares, funerarios…- y ante el riesgo de exceder el nuevo límite, seguro habrá muchos que claudiquen al deseo de convertirse en donantes.

En su mañanera de este 20 de octubre, AMLO sostuvo que el esquema de devolución de impuestos a compañías fue un invento del pasado para no pagar al fisco y presumir obras sociales “con sombrero ajeno”, ya que la función de las empresas es pagar impuestos, no hacer filantropía. El gobierno es el que debe atender al pueblo, hacer las obras sociales.

Dice el mandatario que a los empresarios toca invertir, producir, crear empleos, y si seguimos con la narrativa lópezobradorista, es el gobierno al que toca ponerse el sombrero ajeno para hacer caravana con el dinero del pueblo.

AMLO cree que es el único con derecho a ser líder filantrópico del pueblo y los legisladores morenistas al analizar la Miscelánea Fiscal repiten como autómatas: somos los únicos defensores del pueblo, y a quien opina diferente  lo atacan con violencia verbal y hasta física, dirigidos por personajes insólitos como Gerardo Fernández Noroña quien no duda en recurrir a groserías y señas obcenas para darse a entender.

Así ocurrió en la sesión de ayer de la Cámara de Diputados, cuando la panista Margarita Zavala en medio de gritos ABC, ABC… -en alusión a la guardería siniestrada- tuvo que subir custodiada por sus correligionarios,  y en tribuna afirmó que la deducibilidad debe mantenerse porque tiene el propósito social de fortalecer a las organizaciones sociales que actúan dónde y con quienes el Estado no puede llegar.

Los morenistas no admitieron  razones ajenas al script establecido por su líder, el presidente AMLO, pese a que la diputada transgénero de su bancada María Clemente García Moreno propuso una modificación al Artículo discutido (el 151 de la Ley del ISR) para continuar apoyando con deducibilidad a OSC que atienden a enfermos de SIDA con retrovirales, como fue en su caso.

Su propuesta fue rechazada por votación económica, pero la oposición solicitó que se corroborara el resultado con votación nominal, moción que fue rechazada y esto desató tremenda gresca, empujones, gritos. Más tarde se reanudaría la sesión y continuaría el debate de más de 500 reservas a los artículos de la Miscelánea fiscal.

La sociedad civil organizada, llamada también el Tercer Sector, se suma a los actores vilipendiados por un gobierno insensible que no respeta los derechos de los individuos a decidir a qué causas sociales desean encauzar su apoyo y les acota la deducibilidad de sus donaciones.

Sin duda ha habido abusos en el pasado de los grandes contribuyentes que a través de fundaciones u otras organizaciones eluden el pago de impuestos, y si a ellos va encaminada esta reforma tributaria, se equivocaron de camino pues los diputados morenistas junto con sus aliados están gravando  las donaciones de personas físicas, no de morales.

Es innegable que muchas de las grandes instituciones y fundaciones de asistencia privada como la Cruz Roja o el Teletón, son producto de un manejo más profesional y moderno de recursos en comparación con las instituciones de salud públicas, anquilosadas y burocráticas, además de ser utilizadas con fines político-electorales.

Con qué confianza el ciudadano mexicano puede aceptar que este gobierno, pese a su bandera de combate a la corrupción, siga administrando los recursos públicos si ha  fracasado en controlar ese mal. Según World Justice Proyect, en el último año México obtuvo la peor evaluación en su historia en  el rubro “Ausencia de Corrupción”, al pasar al sitio 135 de 139, apenas por arriba de Uganda, Camerún, Camboya y la República Democrática del Congo.

Al parecer el enojo presidencial hacia las OSC y su labor  parte de su resistencia a la crítica, pues  quiere ser juzgado como un gobernante que se distinguió por el amor a sus semejantes y por sus obras en bien de la comunidad -el único y auténtico filántropo-, claro con disponibilidad absoluta de los recursos públicos.

Sin embargo, ha habido estudios que han dado resultados  adversos a su Administración en materia de corrupción,  transparencia, seguridad, violaciones a la Constitución y al Estado de derecho, etc., y estos provienen de organizaciones sociales como Mexicanos contra la Corrupción o Artículo 19, que a juicio del mandatario actúan con propósitos políticos y electorales y son financiadas por gobiernos extranjeros,

En junio pasado envíó una reforma al ISR  al Senado para obligar a las OSCs a  notificar cada donación a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y ésta debería determinar que las aportaciones no tienen fines de proselitismo político o electoral, son atentatorias contra el Estado o contra el fisco.

La narrativa presidencial hace caso omiso de cómo funcionan las OSCs, las cuales se rigen por una ley en la materia, reportan cada ingreso y gasto al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y están sujetas a procesos de fiscalización para demostrar que el uso de los recursos responden a su objeto social.  Por eso su iniciativa más que un  mecanismo de transparencia parece un medio de control.

Informaciones oficiales filtradas a la prensa han mencionado que las aportaciones a las donatarias autorizadas implicaron una pérdida para el fisco de 88 mil 792 millones de pesos, entre  2014 a 2019, Como sea es un argumento que intenta convencer a la ciudadanía y a la sociedad civil de que estas organizaciones representan un costo inadmisible y que esos recursos podrían dedicarse a beneficiar al pueblo.

La cifra no sólo es engañosa, sino que ignora las contribuciones de la sociedad civil organizada, ya que no todos los contribuyentes dedujeron sus donaciones, los apoyos recibidos del extranjero no son deducibles en México y los límites para deducir impuestos están acotados por ley.

Las organizaciones sociales prestan un servicio necesario para atender o asistir a población vulnerable e incursionar en ámbitos de desarrollo cultural, educativo, científico o tecnológico, están en donde el Estado por diversas razones no alcanza a llegar, esto ocurre en muchos países y las  deducciones  fiscales son también una forma de apoyar la participación social de la sociedad civil en la vida pública.

Más que pretender minarlas o estigmatizarlas es necesario que el gobierno las reconozca y fortalezca porque realizan actividades fundamentales  para el país y en beneficio de millones de mexicanos, entre ellas destacan Greenpeace México, el Centro de Ciencias y Artes, el Fideicomiso Pro-Bosque de Chapultepec y algunos fideicomisos del Banco de México.