Miscelánea, salud y política/Judith Álamo López

Fracasa bienestar, crece pobreza

Los tiranos se rodean de hombres malos porque les gusta ser adulados y ningún hombre de espíritu elevado les adulará: Aristóteles

En los últimos días el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió severos descalabros en varios frentes: el crecimiento de la pobreza pone en evidencia su errática política social y hasta el momento fracasan sus afanes de controlar al poder judicial.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) informó que entre 2018-2020 el número de pobres creció en 3.8 millones de personas, pero fue  la población sin acceso a los servicios de salud el indicador más deprimido: aumentó en 15.6 millones de personas, pasó del 16.2% en 2018 (20.1 millones) al 28.2% en 2020 (35.7 millones).

La población más afectada fue la que está en pobreza extrema, aumentó de 25.6% a 57.3%, es decir más de la mitad de la población más pobre careció de la posibilidad de recibir atención médica durante la pandemia, traduciéndose esto en muerte y desolación.

Hoy sabemos que fue un error del presidente y su Cuarta Transformación desaparecer el Seguro Popular (SP) a finales de 2019, creando en su lugar al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), considerado desde el principio un órgano asitencial y electorero, sin las bases mínimas estructurales ni los recursos necesarios para mantener operando los programas de atención a la salud.

El Seguro Popular fue creado en 2008, una década después atendió a 50 millones de personas, la mayoría provenientes de los hogares más pobres del país quienes recibían atención gratuita en todos los niveles de salud, por lo que fue notable su impacto al elevar el nivel de bienestar en este sector poblacional.

La contradicción fue que el gobierno de “primero los pobres” al derogar las reformas que dieron existencia al SP, aumentó en 78% la carencia de acceso a servicios de salud, lo que se traduce en una política gubernamental reprobable, por sus fines clientelares, agravada por la aplicación de programas de austeridad presupuestal.

Contribuyó al fracaso de Bienestar, sin duda, eliminar también el sistema de compras consolidadas de medicamentos e insumos médicos con el argumento de haberse pactado con empresas  sospechosas de corrupción, y en su lugar la 4T improvisó un grupo de compras directas generando mayor gasto público y provocando escasez de medicamentos, hasta de vacunas del cuadro básico, que llega a nuestros días.

La reacción presidencial de “yo tengo otros datos”, tratando de desconocer el informe de la Medición Multidimensional de la Pobreza 2018-2020 realizado por el CONEVAL, órgano del Estado para hacer estudios sociales, es sólo un aspaviento desesperado de quien se rehusa a enfrentar la realidad, pero está obligado a ajustar su política social, pues de otra forma profundizará el  daño social ocasionado.

Tampoco prosperó la apuesta del primer mandatario de  ampliar dos años más la presidencia del magistrado Arturo Zaldívar Lelo de la Rea,  quien luego de cuatro meses de resistirse a darle el no al jefe del Ejecutivo dio a conocer el pasado 7 de agosto que su mandato al frente de la Suprema Corte de Justicia concluirá en 2022, como establece la Constitución.

Se quedará  sin efecto el 13 transitorio de la Reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) considerado un regalito envenenado que ampliaba también ilegalmente el periodo de de magistrados del Consejo de la Judicatura Federal, para finalizar en 2024.

Zaldívar, quien salió raspado al cuestionársele la independencia del Poder Judicial  frente al Ejecutivo por esperar tanto  tiempo para rechazar una propuesta no constitucional, aseguró para evitar sospechas que como presidente de la Corte el PJF ha ejercido su independencia y autonomía a plenitud.

Ahora, asegura él que ya no hay  pretextos para no aprobar las reformas al PJF, las cuales son un avance en la política de “cero tolerancia” contra la corrupción, el nepotismo, el acoso sexual y la discriminación e inequidad contra la mujer.

El ministro Zaldívar tendrá que sufrir las consecuencias de su lentitud para reaccionar en defensa de la división de poderes, pues sus buenos oficios para intervenir en el arreglo del problema que enfrentó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue interpretado por sus críticos como parte de su proclividad a mantenerse en consonancia con los deseos del presidente de la República.

El Tribuna Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de enfrentar  una crisis severa a causa de la decisión de cinco de los siete consejeros de destituir al magistrado José Luis  Vargas, como presidente de la Sala Superior de ese órgano.

Vargas es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por enriquecimiento ilícito, ha sido cuestionado por sus resoluciones no sustentadas, su falta de capacidad para delegar los asuntos y  por haber descalificado e insultado a sus pares.

El grupo de los cinco nombró al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien  fue  vetado por el presidente López Obrador, cuando se exhibió en la mañanera de Palacio Nacional un  tuit -a todas luces falso-, donde supuestamente el ministro se refería a AMLO de manera grosera.

Entra Saldívar a tratar de mediar y consigue la renuncia de Vargas a la presidencia de la Sala Superior. Finalmente nombró el TEPJF como presidente interino al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera,  quien asumió de inmediato el cargo.

El TEPJF es un órgano autónomo del PJF y es la máxima autoridad para resolver de manera definitiva e inatacable las controversias derivadas de procesos comiciales y garantizar a la ciudadanía el ejercicio de sus  derechos político electorales.

Por los hechos, es obvio que este Tribunal necesita actualizar sus normas y procedimientos internos para conservar su autonomía y sore todo la confiabilidad ciudadana en sus resoluciones jurídicas, tan necesarias para justificar la independencia de éstos órganos autónomos, que al mostrar sus crecientes vulnerabilidades son fácil presa de otros poderes reales y fácticos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador  aprovechó el conflicto para cuestionar la rectitud y confiabilidad de los magisrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y  de los consejeros del INE, ambas instancias deberían renovarse con la renuncia de todos sus integrantes, exigió.

Recalcó que lo mejor es una renovación, porque la democracia debe estar en manos de personas incorruptibles, no de magistrados independientes, pero del pueblo; no de la mafia del poder, impuestos por la partidocracia, hipócritas y falsarios.

Y enfatizó AMLO que “los mismos ministros que se negaron a ampliar el periodo de gestión a Zaldívar son los mismos que prorrogaron la de los magistrados en pugna por el control del TEPJF”.

Creo que es momento de que los ciudadanos defendamos nuestra opinión y las instituciones que aseguren que vivamos en un sistema democrático y republicano, no nos conviene una autocracia.

Hay que tener claro que el presidente López Obrador no es sabio ni samaritano, es un político de tiempo completo, con muchas deficiencias en su formación como hombre de Estado, que busca cómo llevar a buen puerto las reformas de la 4T pendientes.

Al parecer no se fía de consejeros, es por ello su interés personalísimo de tripular la política en todos sus ámbitos, por ejemplo la social con fines electorales y por q       ué no: controlar las decisiones del PJF, el INE, el TEPJF y todo aquello que se oponga a sus altísimos fines.

—oo0oo—