Miscelánea, salud y política

Los hombres malos no necesitan nada más para lograr sus fines, que los hombres buenos miren y no hagan nada: John Stuart Mill

¿Quién tiene la razón cuando se debate sobre ética y moral? ¿Qué propósito cumplió el reportero de TV Azteca, Irving Pineda, al viajar a Lugano, Suiza, donde localizó a Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario acusado por Latinus y otros medios de ser presunto protagonista de una de las tramas de corrupción del pasado sexenio y de haberse beneficiado con miles de millones de dólares?

El vocero de Morena, Arturo Ávila, al participar en la mesa política de Adela Micha, aludió a la falta de ética y moral por parte del reportero Irving Pineda por su conducta terrible y grave al espiar, invadir la privacidad de Amílcar Olán, y de vulnerar los derechos de la niñez. Dijo Ávila: ""qué poca madre", al reprobar que el reportero le solicitara una entrevista para defenderse de las acusaciones que se le hacen en medios, frente al hijo menor de edad 

Consideró Ávila que el reportero actuó como un periodista de espectáculos al ir tras una nota no confirmada y no como un periodista que enaltezca su profesión ¿quieres ser un periodista de espectáculos o quieres ser un periodista serio?, increpó al reportero de TV Azteca. Agregó que luego salieron cuentas robóticas, cuentas trolls, que avientan lodo, eso no le suma a nadie, donde están los límites morales y éticos, clamó el comunicador morenista.

¿Cuál es el objetivo ético y moral de un periodista?  Diversas fuentes coinciden en que su compromiso inquebrantable es con la búsqueda de la verdad; verificar los hechos exige contrastar fuentes y rechazar la especulación o la mentira. 

Su lealtad debe ser a la sociedad a la que debe informar con veracidad, transparencia y responsabilidad para que pueda tomar decisiones libres y conscientes. Ese objetivo superior le permite transgredir los límites de los derechos a la privacidad.

Contra el empresario tabasqueño amigo de Andy López Beltrán, no solo hay sospechas de ilícitos, pesa ya una denuncia del SAT frente a la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la empresa Portacelis Gas and Oil, cuyo administrador único es Juan Carlos de la Cruz Murillo, contador y operador financiero de Amílcar Olán. Por este ilícito, se le acusa del presunto delito de defraudación fiscal al erario por más de 834 millones de pesos. (N+ y MCCI) 

Aunque diversos medios han reportado que la FGR habría obtenido una orden de aprehensión contra Amílcar Olán por el presunto delito de delincuencia organizada, relacionada con la red de defraudación fiscal por contrabando de combustible (huachicol fiscal), la FGR y el vocero de Morena han informado que no existe tal orden de aprehensión ni de la FGR ni por parte de autoridades estadounidenses. 

Sin embargo, otros morenistas han sido señalados como presuntos delincuentes ya sea por investigaciones de la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), medios de comunicación independientes nacionales y extranjeros, actores de la oposición (principalmente PRI y PAN) y agencias del Gobierno de Estados Unidos son quienes han emitido las acusaciones directas de nexos o protección al narcotráfico y lavado de dinero. 

Entre estas acusaciones recientes, están las que involucran al esposo de la gobernadora de Baja California Marina del Pilar, Carlos Torres Torres, quien recién fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (a través de la OFAC) acusado de ser facilitador político en aquella entidad para proteger operaciones vinculadas al Cártel de Sinaloa (La Mayiza y Los Rusos). Pese a que la gobernadora ya se divorció, el periodo del ilícito coincide con el de su relación conyugal.

Adán Augusto López: ha sido señalado en investigaciones por haber nombrado como secretario de Seguridad de Tabasco a Hernán Bermúdez Requena, durante el tiempo que fue gobernador del estado. Bermúdez fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) y está en prisión como el presunto líder del grupo delictivo La Barredora. 

Rubén Rocha Moya: el exgobernador de Sinaloa encabezó la lista de 10 investigados por parte de la Fiscalía de Nueva York por varios delitos, entre ellos de supuestos nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. El gobierno de Claudia Sheinbaum se negó a detenerlos provisionalmente con fines de extradición por "falta de pruebas". 

Dos de los sinaloenses se entregaron a autoridades estadounidenses como testigos cooperantes: el general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública y Enrique Alfonso Díaz, exsecretario de Administración. El resto sigue libre debido a que la presidente decidió que rindieran declaración ante la FGR y exigió a Estados Unidos pruebas de sus ilícitos, las cuales no le fueron otorgadas.

Amílcar Olán Aparicio ha sido vinculado de forma recurrente como amigo protegido y hasta prestanombres de Andrés Manuel (Andy) López Beltrán y algunos medios mencionan a Gonzalo Alfonso "Bobby" López Beltrán por diversas investigaciones periodísticas- Se les señala como dirigentes de una red de presunto tráfico de influencias y asignación irregular de contratos gubernamentales. 

Olán fue denunciado por Latinus como operador del Clan de Andy y Bobby López Beltrán. Fue proveedor de balastro de mala calidad para construir el Tren Maya –difundió ese medio grabaciones de Olán que incluyen burlas sobre este presunto ilícito que podría traer accidentes, como ocurrió, con el lamentable costo de vidas--. Se le acusó de monopolizar el suministro de medicamentos, sin tener la idoneidad que exigen los contratos con recursos púbicos, entre otros ilícitos.

Ayer, el New York Times publicó un reportaje sobre indagatorias por parte de agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos que revisan las denuncias que vinculan a Andy y Amílcar con redes de contrabando y crimen organizado, sin que exista una investigación judicial formal en curso. 

Todo este recuento solo tiene un propósito: hasta la fecha el gobierno y los dirigentes morenistas coinciden en rechazar firmemente estos señalamientos, la presidente y los coordinadores legislativos de las mayorías (morenistas) las califican de falsas y como ataques políticos.

Aluden a la necesidad de defender la soberanía del país como si esta fuera propiedad de los morenistas y sus críticos fueran extranjeros o apátridas. Justifican su inacción bajo la postura de que cualquier imputación debe ser procesada y acreditada por las autoridades judiciales en México. Pero la FGR supuestamente "autónoma" no está dispuesta a investigar con seriedad los ilícitos en vox populi y el poder judicial ya perdió su autonomía.

Quienes han calificado las reformas constitucionales impulsadas por la Cuarta Transformación, incluida la reforma al Poder Judicial, como avances hacia el autoritarismo que destruye el sistema democrático en México --de límites y contrapesos--, coinciden en la premisa de que existe una protección corrupta que impide la acción de la justicia.

La gran mayoría de las doctrinas de ética y moral social justifican la vigilancia o la denuncia pública frente a la impunidad o inacción del gobierno, ya no se trata de cumplir normas, sino de salvar el pacto social y proteger a la comunidad de un daño masivo, convirtiendo el acto de denuncia periodística en una defensa del bien común.

Sin duda, el periodista Irving Pineda que viajó a Suiza lo hizo como enviado especial de TV Azteca, cuyo presidente es Ricardo Benjamín Salinas Pliego, un exitoso empresario quien fue un apoyador incondicional del candidato presidencial López Obrador hasta que entraron en colusión los intereses político-empresariales, entonces se suscitó la ruptura. Ahora el llamado "tío Richie" podría ser un precandidato presidencial. 

Más allá de los dilemas éticos, creo que es válido que los periodistas defiendan el interés de sus empleadores por convicción personal no por sumisión laboral, siempre y cuando no traicionen su razón de ser y los principios de veracidad y honestidad como defensores de los intereses ciudadanos y comunitarios. Cada reportero acometerá cada misión informativa con sus fortalezas y debilidades.

Como dijo Damián Zepeda, el exlegislador panista en la mesa política de Micha antes aludida: "Qué poca madre la corrupción y el daño a México", ese es el tema, hay que acabar con la impunidad, con favoritismos al otorgar contratos públicos. Todo gobernante debe rendir cuentas, ser investigado si hay indicios de corrupción. Si el poder los protege es abuso de autoridad.

Es el gobierno es el que debe actuar con ética y moral. Quien accede al poder en México, los del pasado, presente y futuro, deben ser juzgados y castigados si incurren en abusos o desviaciones, puntualizó.

Los grandes pensadores coinciden en que un gobierno ético y moralmente responsable es aquel que prioriza el bien común, la justicia, la transparencia y el respeto a la dignidad humana por encima de los intereses particulares de quienes ostentan el poder.