Miscelánea, salud y política

Los tiempos se agotan

 «Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros: los imperios y sus caporales nativos»: Eduardo Galeano

Luego de operar con total impunidad a través de medio siglo en nuestro país, la justicia estadounidense alcanzó al capo sinaloense conocido como El Mayo Zambada, quien se declaró culpable de cargos por narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero, reconociendo su responsabilidad en delitos graves que afectaron a Estados Unidos y México.

Fue condenado por el juez federal del Distrito Este de Nueva York, Brian M. Cogan a cadena perpetua; tocó al fiscal de ese distrito, Joseph Nocella Jr., sustentar el caso en la Corte Federal ubicada en Brooklyn.

Los argumentos de la sentencia fueron resultado de un esfuerzo multiinstitucional de dos décadas en el que colaboraron la fiscalía general, fiscales federales del Departamento de Estado y fiscales de varios distritos de varios estados de la Unión Americana.

El capo sinaloense, pese a todo el poder letal que ejerció a lo largo de más de 50 años llegó a rendir cuentas ya en la ancianidad, a los 76 años de edad, lucía descuidado, rengueaba, según las crónicas, y con excepción de haber lanzado un "ay, cabrón" de dolor cuando se sentó en las duras y frías sillas del salón de la Corte, se mantuvo apacible.

Previamente había negociado un acuerdo de culpabilidad para evitar la pena de muerte, por lo que sin juicio se declaró responsable de los cargos imputados, y aunque su defensa descartó un acuerdo de cooperación institucional para entregar identidades directas de cómplices y protectores, nadie duda de que se explotará la veta de El Mayo para atacar a la narcopolítica en México.

Zambada se declaró arrepentido de liderar el cartel de Sinaloa y pidió perdón por sus actos; se asumió responsable de coordinar el envío de más de 1.5 millones de kilos de cocaína, además de fentanilo, heroína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense y de operar una empresa criminal en contubernio con militares y políticos en México con quienes tejió una red de corrupción que le garantizó total impunidad.

Además de cárcel de por vida, los fiscales de EU le impusieron al Mayo Zambada una histórica multa y orden de confiscación por 15 mil millones de dólares para resarcir los daños a causa de la severa crisis sanitaria que provocaron el consumo de drogas y el efecto de sobredosis en sus ciudadanos.

¿Y México? ¿cómo queda nuestro país frente a los hechos que muestran la debilidad institucional de un gobierno acusado de narcoestado? Ya conocemos lo que está haciendo Estados Unidos para proteger a sus ciudadanos y resarcir el daño.

¿Qué hace el gobierno mexicano para cumplir con garantizar a sus ciudadanos paz, seguridad y derecho a una vida libre de violencia? ¿Cómo acabará con la corrupción institucional y el desplazamiento forzado de cientos de comunidades amenazadas por el crimen organizado?

Las estadísticas dicen que disminuyen homicidios y desapariciones, pero siguen las masacres, recién nos horrorizamos con la de Zacatecas en la que los delincuentes se solazaron con crueldad dantesca y dejaron mantas con textos acusando a funcionarios del gobierno de esa entidad de ser los responsables de la muerte de 10 hombres, por no cumplir con sus compromisos y culparlos de esos actos.

Uno de los temores del expresidente López Obrador, según el exembajador estadounidense Ken Salazar y el empresario "susurrante" que menciona en su libro de memorias, era que El Mayo "soltara la sopa". Parece que se materializó su peor pesadilla, aunque todavía podría hacer plegarias para que se acelere "el deterioro de las capacidades cognitivas" del capo, mencionadas por el juez Cogan.

El Mayo es el séptimo mexicano enjuiciado en los Estados Unidos, el primero fue el capo Juan Ábrego, líder del Cártel del Golfo, en 1997. Zambada creó un imperio delictivo, pero lamentablemente no es el único, al menos hay 150 líderes más de igual número de grupos delincuenciales organizados que operan en el país, incluidos grandes cárteles, células independientes, bandas locales y pandillas.

La presidente Claudia Sheinbaum parece no reaccionar frente a los hechos que vienen. Como dice el refrán: contra advertencia no hay engaño. Cada acusación y paso dado en Estados Unidos en contra de los narcopolíticos que protegen a los cárteles del narcotráfico, la han llevado a condenar la intervención extranjera, envolverse en el lábaro patrio y clamar porque se respete nuestra soberanía.

Y sería respaldada por todos los mexicanos si esta soberanía nacional, consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorgada al Estado, fuera garantizada por un gobierno que cumpliera con ejercer el monopolio de la ley en contra de la delincuencia, garantizara justicia, paz y seguridad a sus gobernados.

Pero esto no pasa en México: la impunidad con que operan los delincuentes es casi total. La corrupción ha contaminado a altos funcionarios, militares, autoridades y policías que operan en connivencia con los grupos delincuenciales. Se calcula que estos grupos controlan el 75% del territorio nacional, en donde 4 de cada 10 autoridades municipales están coludidas con grupos criminales.

¿Qué podemos hacer?

El ejercicio de la soberanía implica que México tiene la capacidad y la autonomía para hacer valer su propio Estado de Derecho y combatir la impunidad sin la intervención directa o injerencia de gobiernos extranjeros en sus asuntos internos judiciales.

Sin embargo, esto no ocurre en el país donde los sistemas de seguridad y justicia son inoperantes, su inutilidad se consolidó con las últimas reformas hechas por gobiernos de la Cuarta Transformación.

Hasta el secretario de Seguridad Omar García Harfuch reconoció que el sistema penitenciario enfrenta serias dificultades para resguardar a delincuentes de alta peligrosidad, por ello sin que mediara orden de extradición se desterró a 92 delincuentes y, "como estrategia del Gabinete de Seguridad Nacional se decidió trasladar a estos operadores clave a Estados Unidos".

El tiempo para articular una estrategia incluyente y legítima acorde al derecho internacional se agota. Ningún mexicano de bien desea una intervención extranjera. Sigue siendo motivo de preocupación y temor que sean los Estados Unidos quienes sojuzguen y vengan a poner orden en una gran nación como México.

La consecuencia de malos gobiernos implica la pérdida de riquezas nacionales y la cancelación de un mejor futuro para el país.