Miscelánea, salud y política

Sociedad al rescate de derechos humanos

«El miedo y la adulación son los dos grandes enemigos de la libertad de los pueblos; los funcionarios que ceden a ellos compran su comodidad con la esclavitud de sus semejantes»: Manuel Belgrano

Desde su primera elección en noviembre de 2019, Rosario Piedra Ibarra, ha sido una presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ampliamente cuestionada por organizaciones de la sociedad civil defensoras de esos derechos tan violentados en nuestro país.

En principio contravino lo establecido en el Artículo 9, fracción IV de la ley de la institución que establece no haber desempeñado cargo de dirección en algún partido político el año anterior a su designación, requisito incumplido puesto que ella venía de ser Concejera de Morena, pese a ello firmó bajo protesta de decir la verdad que cumplía con ese requisito.

Su elección fue polémica: hasta una tercera ronda, logró los 76 votos a favor que requería, del total de 114 emitidos, el Senado de la República aprobó su nombramiento con el apoyo del bloque oficialista y unos votos del PVEM. La oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano), denunciaron irregularidades en el conteo de los sufragios y en protesta abandonaron el salón de sesiones.

Rosario Piedra de Ibarra llegó a esa posición con el único aval de ser hija de una luchadora social respetable, pero se dedicó a traicionar los principios de su progenitora y en lugar de asumirse como una ombudsman --defensora del pueblo-- traicionó las causas sociales para complacer al poder, y con ello la Comisión Nacional de Derechos Humanos perdió su razón de ser, hoy es un instrumento más de opresión para las víctimas.

Larga era ya la lista de despropósitos cometidos en su primera gestión como presidenta de la CNDH (2019- 2024): subordinación al Poder Ejecutivo y negligencia institucional frente víctimas; omisión ante violaciones graves cometidas por las Fuerzas Armadas; opacidad en despidos masivos y propiciar renuncias colectivas de miembros del Consejo Consultivo para imponer consejeros sin el perfil requerido.

Cuando AMLO instaló su "Cuarta Transformación" fue claro al asegurar que para convertirse en servidores públicos bajo su liderazgo se requería un 90% de honestidad y solo un 10% de capacidad o experiencia. Argumentaba que en el pasado se priorizaba la preparación técnica o académica y los estudios en el extranjero, lo cual iba acompañado de corrupción. 

Astuto, sin duda, este animal político revestido de una supuesta honestidad valiente, se cuidó de no mostrar su juego real: nombró en puestos de alto nivel a personas con bajo perfil y baja autoestima, con extrema necesidad de figurar o ambición desmedida, a cambio de obediencia ciega. Los que no se sometieron, debieron renunciar.

Con todos sus desaciertos y cuestionamientos de organizaciones de la sociedad civil, como una imposición del líder máximo del morenismo y premio a la sumisión al poder ejecutivo, Rosario Piedra consiguió reelegirse al frente de la CNDH (2024- 2029), otra vez la sesión del Senado de la República estuvo marcada por intensas protestas de la oposición, hubo hasta divisiones internas en el partido oficialista. 

Pero la carrera de Piedra Ibarra en la Administración Pública sigue viento en popa, al menos eso creen quienes impulsaron que emitiera la Recomendación 208VG/2026 de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa, en la que se concluye que la desaparición de los 43 normalistas no fue un crimen de Estado.

Se exonera a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) "no encontró pruebas de su involucramiento" y acusa como responsables de los trágicos acontecimiento ocurridos el 25 de septiembre de 2012 a policías de seis municipios coludidos con el grupo criminal Guerreros Unidos, a los estudiantes se les confundió con Los Rojos –otra organización criminal--.

La CNDH sostiene que el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creó una narrativa "sensacionalista" e impulsó una "antiverdad" para culpar al Ejército.

Sobre la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), bajo la dirección de Alejandro Encinas, dijo: "Su narrativa sensacionalista, sin ningún sustento más que sus propias deducciones, y su proclividad a estar bajo reflectores que derivó en el manejo irresponsable de evidencias..." Y aclaró: no son 43 sino solo 40 los estudiantes desaparecidos, ya que tres de ellos fueron ejecutados extrajudicialmente.

Con indignación y rechazo fue recibida la recomendación 208VG/2026 de la CNDH por organizaciones civiles y colectivos; también por el exfuncionario a cargo de la COVAJ, Alejandro Encinas quien lamentó se trate de echar por tierra años de investigaciones y pruebas, y sus declaraciones en varios medios las apoyó con documentos oficiales militares probatorios de su involucramiento, entre ellos. el que da testimonio de que el soldado Julio César López Patolzin estaba infiltrado en la Escuela Normal de Ayotzinapa realizando labores de inteligencia.

Aunque la presidente Claudia Sheinbaum se desmarcó oficialmente de la recomendación de la CNDH sobre Ayotzinapa y cuidó de no confrontarse con el Ejército,al reconocer que hay militares en forma individual procesados desde el sexenio pasado por el caso, surgen dudas sobre quién pidió a Piedra Ibarra abrir una controversia sobre el delicado tema. ¿será fuego amigo?

Si se buscaba agitar más las aguas, se logró, la recomendación generará movilizaciones de padres y familiares, de organizaciones y colectivos en contra del gobierno de la 4T y el Ejército; acudirán a instancias internacionales en busca del respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para validar los hallazgos del GIEI descalificados por la CNDH y exigirán que el gobierno de Sheinbaum reabra mesas de diálogo directo con Gobernación, entre otras acciones.

Este conflicto parece azuzado para acrecentar las presiones en contra de un gobierno que no es asertivo en dar respuesta a declaraciones del FBI respecto a la detención del Mayo Zambada; no prioriza la seguridad nacional frente a las exigencias de Estados Unidos contra narco-políticos mexicanos y prefiere cerrar los ojos frente a evidencias de que una de sus gobernantes ofrece a extranjeros información de seguridad a cambio de evitar ser investigada.