Miscelánea, salud y política

Inició Narco-Proceso de Políticos Mexicanos en EU

En su 75 aniversario la FCPS de la UNAM se consolida como espacio de diálogo para reflexionar sobre los desafíos globales de nuestro tiempo: Alejandro Chanona Burguete
Crecen las tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y México: revelaciones periodísticas (Los Angeles Times) acusan a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo y de Tamaulipas, Américo Villarreal de ser investigados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado. A ambos se les retiraron las visas, pero cruzan al norte con un permiso especial de colaboración.

La presidente morenista Sheinbaum pidió pruebas para poder detener con fines de extradición a una decena de presuntos narco-políticos sinaloenses incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, pero no pudo impedir la entrega voluntaria de dos de ellos a la justicia estadounidense y ya empezaron a surgir evidencias que, una vez verificadas, se convertirán en pruebas.
En la audiencia inicial del juicio en contra del general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de seguridad pública en Sinaloa, en una corte federal de Nueva York, la jueza Katherine Polk Falla utilizó el término hay "abundantes evidencias" y sobre los presuntos implicados, señaló que "están llegando en olas".

Al general Mérida se le acusa de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armas, bajo el señalamiento de presuntamente recibir sobornos de "Los Chapitos" a quienes también brindaba información.

Actualmente corre el periodo de intercambio de evidencias entre defensa y fiscalía –se trata de cualquier tipo de información, testimonio u objeto físico aportado para probar o refutar la veracidad de un hecho—y la próxima audiencia será el próximo 4 de agosto.

Luego vino el enjundioso discurso pronunciado por la presidente Claudia Sheinbaum para defender la soberanía nacional, en el mitin organizado en el Monumento de la Revolución para conmemorar el segundo aniversario de su triunfo electoral, en el cual subrayó la actitud injerencista de Estados Unidos.

La acusación de injerencismo preocupó hasta a morenistas moderados, ya que es ignorar los intereses geopolíticos, económicos y comerciales que comparten México y Estados Unidos; así como la necesidad de colaboración binacional, pese a las asimetrías, para regular flujos migratorios, combatir inseguridad y al crimen organizado, entre otros temas comunes.

Un día después, la presidente Sheinbaum trató de desmarcar al mandatario Donald Trump de su ofensiva y acusó a la ultraderecha reaccionaria y sectores de Washington de tratar de desestabilizar a México.

Para ratificar su rechazo, la mandataria mexicana reconvino al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, exigiéndole "respeto a la soberanía y que evite opinar sobre los asuntos políticos internos del país". Así, trató de acallarlo, luego de postear un texto en la red X, en la que el diplomático, exoficial de la CIA, expresó: "la lucha contra el narcotráfico debería unir a ambas naciones".

El morenismo en capilla. La presidente este miércoles dejó de sonreir en La Mañanera del Pueblo, donde dio la palabra a la coordinadora jurídica de presidencia, Luisa María Alcalde, quien con su característica voz tipluda y altisonante mostró a la prensa el arma secreta del segundo piso de la 4T.

Esta se potenció con la reciente reforma constitucional aprobada al vapor en las Cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente y en 25 legislaturas estatales, entre el 28 de mayo y el 2 de junio, y consiste en haber incluido en la carta magna el injerencismo como motivo de anulación de elecciones. También se aplazó la elección judicial al 2028 y que los magistrados del TEPJF puedan ampliar 8 años más su periodo.

Alcalde leyó un párrafo de la Constitución vigente, Capítulo 1, tercer párrafo "El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, injerencias en elecciones –alzó más la voz y concluyó ahí la lectura del texto.

En el atril enfatizó: "Será motivo de nulidad de elecciones, en caso de que se acredite la injerencia extranjera", gracias a la reforma constitucional recién aprobada en fast track, y aunque reconoció que ya no dio tiempo de aprobar las leyes secundarias para normarla, consideró que con la reforma constitucional es suficiente para aplicarse la nulidad electoral en 2027, si fuera necesario.

La presidente Sheimbaun intervino para dar la estocada final y responder la pregunta de una reportera que preguntó ¿quién lo determinaría ?, a lo que contestó "sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación" (TEPJF), máxima autoridad electoral la que determine si procede o no la anulación de unas elecciones.

Sin duda, si nuestras instituciones electorales cumplieran con garantizar de forma imparcial de apego a la legalidad y transparencia en sus resoluciones, la voluntad ciudadana sería la ganadora.
Sin embargo, el TEPJF en su conformación actual, en sus resoluciones de las elecciones del 2024 preservó, por encima de los derechos políticos ciudadanos, los intereses del oficialismo.
Recordemos que Morena y su coalición ganaron la presidencia con 59.76% de los votos, pero el INE decidió otorgarles 8% de plurinominales a cada partido político de la coalición.
La oposición impugnó el reparto abusivo al oficialismo y por considerarse subrepresentada; pero el TEPJF resolvió favorecer al bloque gobernante –aplicó fórmulas del pasado, antes impugnadas por el obradorismo--. Así concedió al oficialismo 73% de representación en el Congreso, lo que facilitó a la 4T obtener las mayorías para hacer los cambios constitucionales y demoler las instituciones democráticas.
El mismo Tribunal Electoral, cuya sala superior es integrada por los magistrados afines al régimen: Mónica Soto (en la presidencia), Felipe Fuentes, Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez Mondragón --este último depuesto de la presidencia por Soto, se ha mantenido autónomo, pero también resultó beneficiario--, recibieron como "regalito" la posibilidad de extender su mandato 8 años.
Fue el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna quien hizo la propuesta que el bloque conformado por Morena, PT y PVEM aprobó.

Así, los nombres de los actuales magistrados aparecerán en la boleta electoral de 2028, por lo que podrán reelegirse en el cargo de magistrados hasta por 17 años. En lugar de los 9 años improrrogables para los que fueron electos.

Esos magistrados, los consentidos de la 4T, calificarían si procede o no anular una elección por "injerencia externa", causa --qué de ser real-- nadie consideraría admisible, pero ¿usted cree que procederían en forma imparcial, con estricto apego a las leyes? Dado que la norma constitucional carece de normas secundarias podrían aplicar la máxima obradorista: "amor con amor se paga".

La política nacional luce entrampada por la misma ineptitud que caracteriza a la Administración Pública, haciendo obras de ornato al vapor, una semana antes del Mundial de Futbol FIFA 2026, descuidando calidad y precio, al fin que son recursos públicos.

Es tiempo de exigirle al gobierno poner al frente a los mejores no a los más sumisos ni leales a la causa cuatroteísta. Nunca es tarde para comenzar a actuar como la gran nación que somos, y que nuestros gobernantes sean aptos para utilizar las herramientas científicas y tecnológicas para planear estratégicamente nuestro futuro a largo, mediano y corto plazos.