Al derecho y al revés
Hablar del mes de la mujer en México no puede reducirse a la conmemoración simbólica ni al recuento de agravios históricos. Debe ser, sobre todo, un punto de inflexión para replantear quién ejerce el poder, cómo se ejerce y a quién representa. En ese horizonte, Michoacán se encuentra ante una oportunidad política y ética ineludible: abrir de manera decidida el camino para que las mujeres no sólo participen, sino gobiernen.
Dos figuras permiten ilustrar con claridad esta necesidad. Por un lado, Fabiola Alanís Sámano, una mujer con trayectoria sólida en la administración pública, formación académica y experiencia legislativa, que ha demostrado que la agenda de género puede traducirse en políticas concretas desde el Estado. Su paso por instancias nacionales y su papel en la conducción política en Michoacán evidencian que las mujeres no sólo pueden ocupar espacios de poder, sino ejercerlos con eficacia, articulando gobernabilidad y visión social.
Por otro lado, Grecia Itzel Quiroz García representa una dimensión distinta pero igualmente significativa: la emergencia de liderazgos femeninos en contextos de crisis. Su llegada a la presidencia municipal de Uruapan, en medio de circunstancias adversas, no sólo habla de resiliencia personal, sino de la capacidad de las mujeres para asumir responsabilidades en los momentos más complejos de la vida pública. Su figura conecta con una ciudadanía que exige cercanía, honestidad y compromiso real frente a la violencia y la descomposición institucional.
Estas dos trayectorias —una consolidada, otra emergente— desmienten cualquier argumento que pretenda relegar a las mujeres a un papel secundario en la política. No se trata de cuotas simbólicas ni de concesiones: se trata de reconocer una realidad. Las mujeres han demostrado, una y otra vez, que poseen la capacidad, la preparación y la legitimidad para gobernar.
Michoacán, además, enfrenta desafíos que exigen una transformación profunda del ejercicio del poder. La inseguridad, la desigualdad social y la fragilidad institucional no pueden seguir siendo atendidas con las mismas lógicas que han fracasado durante décadas. Incorporar a más mujeres en la toma de decisiones —y particularmente en la disputa por la gubernatura— no es un gesto de corrección política, sino una estrategia de renovación democrática.
La evidencia empírica y la experiencia comparada muestran que cuando las mujeres gobiernan, tienden a priorizar políticas públicas más incluyentes, con mayor énfasis en derechos sociales, transparencia y reconstrucción del tejido comunitario. No es una afirmación romántica, sino una constatación política: la diversidad en el poder mejora la calidad del gobierno.
Sin embargo, el principal obstáculo no es la falta de perfiles, sino la persistencia de estructuras políticas que siguen operando bajo inercias patriarcales. Los partidos continúan reproduciendo lógicas de exclusión, donde las candidaturas femeninas son vistas como moneda de negociación o como cumplimiento formal de la ley, y no como una apuesta estratégica de gobierno.
Por ello, el verdadero reto para Michoacán no es preguntarse si está listo para tener una gobernadora, sino reconocer que ya ha llegado tarde a esa posibilidad. Las condiciones sociales, políticas y culturales están dadas; lo que falta es voluntad.
El mes de la mujer debería servir para algo más que discursos: debería marcar el inicio de una nueva etapa en la vida pública del estado. Una etapa en la que perfiles como los de Fabiola Alanís y Grecia Quiroz no sean excepciones, sino la regla. Una etapa en la que las mujeres no sólo sean candidatas, sino protagonistas del poder. Porque en una democracia real, el acceso de las mujeres al gobierno no es una aspiración: es una condición indispensable.




