Ley Censura, Estado policiaco y ruta dictatorial

El discurso presidencial reitera que en México hay absoluta libertad de opinión y que el gobierno de Morena no practica la censura hacia ninguna expresión crítica, pero una importante cantidad de hechos en los últimos días ejemplifican que aceleradamente se ha ido avanzando en la sanción y eliminación del ejercicio de esta sagrada libertad, tanto en contra de medios de comunicación y periodistas, como contra particulares que han criticado a personajes de la coalición gobernante.

Esto, que ya de suyo es muy grave, es una pieza más de un diseño estratégico de control político y el establecimiento de un orden policiaco sobre la sociedad. La titular del Poder Ejecutivo hace gala del refrán que reza que “no hay peor ciego que el que no quiere ver”, “ni peor sordo que quien no quiere oír”, pero no lo hace  por capricho ni por ocurrencia, sino obedeciendo a una concepción dogmática de lo que han denominado "la cuarta transformación" del país y porque está convencida de que ese camino por el llevan a México es el correcto.

En el mismo sentido de terminar de sellar las reformas constitucionales que han eliminado los contrapesos institucionales van todas las leyes y reformas que se discuten en estos días; entre ellas, la Ley de Telecomunicaciones -ya popularmente conocida como “Ley Censura”- que tiene como objetivos centrales administrar, vigilar y sancionar el contenido de las conversaciones públicas; es decir, otorgarles la facultad legal para que los gobiernos de Morena decidan qué opiniones publicadas en cualquier medio debe o no penalizarse.

Quienes durante 7 años de gobiernos (los 6 de AMLO y el que transcurre de Sheinbaum) han dividido al país con discursos polarizantes y descalificadores, lanzados diariamente contra la oposición y los críticos al gobierno, ahora pretenden que no haya respuesta alguna de los agraviados o coartar la actuación de los librepensadores. Por eso ya han ido sancionando a importantes medios de información (El Universal y Tribuna, de Campeche, por ejemplo) y a renombrados comunicadores (Héctor de Mauleón, Salvador García Soto y Carlos Loret de Mola, por solo mencionar a algunos), así como presionando a otros medios para “autocensurarse” (el caso de El Heraldo).

En la misma ruta de control político y de persecución a opositores van las leyes y reformas en materias de seguridad y población que, como lo describe la periodista Lety Robles de la Rosa (Excélsior), “incluyen mecanismos para que autoridades como la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Hacienda, pero sobre todo la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, mantengan bases de datos y monitoreo de actividades de todos los habitantes del país para combatir 21 delitos, entre ellos la desaparición forzada de personas, secuestro, extorsión, lavado de dinero y corrupción”, con las cuales, incluyendo el control de datos biométricos, las “autoridades podrán dar seguimiento a compras, llamadas, actividad digital y trámites que se realicen ante gobiernos”.

Si estuviéramos ante un gobierno que realmente combatiera la corrupción, que no censurara a opositores, que no se aliara a los grupos delictivos para ganar elecciones y no se atreviera a eliminar el equilibrio de poderes, entonces con muy buena fe desde las oposiciones se podría estar en la obligación de otorgarles un voto de confianza, mediando  un diálogo constructivo entre la pluralidad de  los legisladores, opinadores,  actores políticos, sociales y económicos.

Pero lamentablemente la realidad nos dice todo lo contrario. ¿Acaso con los instrumentos legales actuales no se pueden combatir todos los delitos que se han mencionado? ¡Por supuesto que sí! El Ejército, la Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana tienen al detalle la información sobre la integración y mapas de actuación de los grupos de la delincuencia organizada en todo el país, pero no actúan contra ellos porque la presidenta no se los ordena.

Por lo tanto, el objetivo no es el que se pregona públicamente desde el púlpito mañanero, sino el de cerrar la pinza autoritaria con la censura y el establecimiento de un Estado Policiaco con rienda suelta para reforzar la militarización del país.

Sólo falta la reforma electoral, ya recientemente anunciada por la Presidenta, para eliminar la escasa autonomía de los órganos electorales y expulsar a la oposición de la cancha del juego político, y así quedarse sin competencia, como sucedía en la prehistoria política mexicana.  Me duele decirlo, pero  vamos de lleno y  plenamente al establecimiento de una  dictadura. Por eso no debemos callarnos ni quedarnos impasibles.