Las universidades públicas ante las Controversias Constitucionales

La pasión por el constitucionalismo mexicano que despiertan las páginas de esas

obras extraordinarias, como las de Daniel Cosío Villegaz y Emilio Óscar Rabasa,

quienes abordaron con profundidad la perspectiva política y social del constituyente

de 1857, que representa una etapa clave para el fortaleciemiento de nuestra

democracia. Sin la cual, no podríamos entender nuestro tiempo, nuestros problemas,

nuestros desafíos, fabricando ideas de resistencia en contra del abuso de poder, para

restituir el ejercicio de las libertades públicas de un pueblo celoso de su democracia.

Encontrarme y reecontrarme con esas ideas provocan reflexionar a través del

tiempo, y ahora desde un entorno inmediato, la tormenta absurda que han llevado a

nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, colocada en un conflicto

injusto entre normas incumplidas, y un camino oscuro entre batallas normativas

llevadas ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, quienes desde el siglo

XIX se les encomendó una función especial para la sociedad mexicana, la protección

del orden constitucional, por ende, la regularidad de todos los actos de los poderes

públicos.

En las manos del pueblo mexicano se colocó (artículos 101 y 102

constitucionales), una herramienta para la defensa de sus derechos y libertades, en

contra de cualquier manifestación arbitraria y opresora de los poderes públicos,

mismos que podría ser frenados de manera inmediata para suspender sus efectos y

consecuencias a través de una respuesta urgente de la magistratura federal, la cual,

en casos de suma gravedad podía presentar la demanda vía telegráfica; este escudo

constitiucional soberano es, nuestra máxima garantía judicial: el Juicio de Amparo;

cuya semilla libertaria se sembró en nuestra Nación en 1840 y ha germinado de manera

dinámica hasta nuestros días a través de los constituyentes de 1847, de 1857 y de

1917; para quienes ejercemos la abogacía y la investigación científica sobre el control

judicial de los actos de autoridades, cada día es un reto que tenemos que enfrentar a

través de la coraza del pensamiento libre.2

Cuántas veces esos jueces constitucionales fueron hasta el paredón de

fusilamiento a detener ejecuciones, a cualquier hora y día, la misión de la carta

fundamental había puesto en sus manos una tarea esencial para garantizar el Estado

de Derecho. El Semanario Judicial de la Federación a lo largo de la historia nos

recuerda en sus páginas, que toda autoridad se encuentra sometida a las decisiones

sobernas de uno de los poderes soberanos del Estado mexicano (artículos 103 y 107

constitucional), los tribunales federales, quienes cuentan con la potestad de utilizar

los medios de apremios ante los desacatos en los expedientes del control

constitiuconal y convencional. Toda autoriodad está sometida al imperio de la

Constitución y de su parámetro de regularidad (Contradicción de Tesis 293/2011)

El poder soberano de la magistratura federal se ha fortalecido, y también se han

reprimido sus potestades ante el despliegue de sus decisiones en su misión social de

proteger a los individuos y grupos, ante cualquier actuación que viole las inmunidades

constitucionales de los ciudadanos. El 31 de diciembre de 1994, se publica una

importante reforma constitiucional que transforma a la Suprema Corte de Justicia de

la Nación en un genuino Tribunal Constitucional, principalmente en sus competencias

para conocer en única instancia de los procesos (artículo 105 constitucional ): fracción

I) Controiversias constitiucionales, y fracción II) Acciones de inconstitucionalidad; lo

cual se coronó con la primer ley reglamentaria del citado precepto y sus respectivas

fracciones (1995), vigente hasta este momento.

Dicha proción normativa fundamental ha experimentado reformas necesarias:

la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral (1996), la

legitimación de las Comisiones de Derechos Humanos para presentar demandas de

acciones de inconstitucionalidad, así como la legitimación activa y pasiva de los

órganos autónomos estatales y federales en las Controversias constitiucionales.

¿Las universidades públicas pueden acudir directamente ante la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, a reclamar la inconstitucionalidad de actos, omisiones o normas

de los poderes poúblicos estatales? Abosolutamente no, les comparto las razones

procesales constitucionales siguientes.3

1.A este respecto el Tribunal constitucional mexicano ha sostenido que las

universidades públicas carecen de legitimación activa para presentar demandas

de controversias constitucionales, en consecuencia tampoco podrán solicitar

medidas suspensionales en contra de los efectos de los actos reclamados.

2.La Universidad de Guadalajara fue la primera institución de educación superior que

puso a prueba el artículo 105 constitucional, fracción I, inciso k, para acudir en esta vía

procesal directa, al más alto tribunal del país. En principio, la demanda fue admitida y

se formó el expediente 135/2021.

3.El Poder Ejecutivo de Jalisco presentó recurso de reclamación (137/2021-CA), el

proyecto de resolución estuvo a cargo del Ministro Pardo Rebolledo, en el cual se

determinó revocar y sobreseer por unanimidad, el proceso de Controversia

constitucional, al considerarse que la demandante no era órgano autónomo en

atención a su Ley Orgánica, que la dotaba como órgano descentralizado de la

administración pública estatal.

4.En auto de fecha 14 de agosto de 2025, se desecha por notoriamente improcedente

la demanda de Controversia constiticional presentada por la Universidad Autónoma

de San Luis Potosí (UASLP), en el expediente 178/2025. El Pleno del Tribunal

Constitucional reitera criterio judicial del año 2021, en consecuencia, se mantiene la

decisión interpretativa de que las universidades públicas carecen de legitimación

activa como órganos autónomos.

5.Mediante reforma constitucional del 15 septiembre de 2024, se adicionó al artículo

105 constitiucional, la improcedencia de medidas cautelares (suspensión del acto)

respecto a todo tipo de normas generales, tanto en Controversias constitucionales,

como en Acciones de inconstitucionalidad.

6.Por lo anterior, la única vía procesal para reclamar la inconstitucionalidad de normas

generales, siempre y cuando estén vigentes, además de que causen un agravio directo

a la parte quejosa, podrá interponerse demanda de Amparo Indrecto. Asimismo, podrá

solicitarse la suspensión de los efectos y consecuencias de las porciones normativas,4

siempre y cuando no se afecte el orden público, ni el interés social (artículos: 107

constitiucional, fracción X, y 128 de la Ley de Amparo).

7.Las quejas sobre inconstitucionalidad de normas generales solo las podrán

interponer personas físicas, personas morales, conforme al artículo 6 de la Ley de

Amparo.

8.Las autoridades carecen de legitimación procesal activa para presentar demandas

de Amparo, lo cual se advierte del artículo 7 de la Ley de Amparo. Ya que esto

equivaldría a convertir al Juicio de Amparo en una especie de “Controversia

constitucional”.

La sociedad michoacana, y en particular la comunidad universitaria, merecemos que

nuestra máxima casa de estudios sea respetad