Las juventudes michoacanas en el informe

El Segundo Informe de Gobierno de la administración pública federal dedica varios pasajes a las juventudes michoacanas, presentadas casi siempre a través de programas de becas, centros deportivos y estrategias de paz territorial. 

Michoacán aparece como el estado con mayor número de municipios sede de nuevos centros deportivos en todo el país, entre ellos Apatzingán, Cuitzeo, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Maravatío, Morelia, Sahuayo, Tacámbaro, Uruapan y Zamora. Aparece también como territorio prioritario del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, a la vez que, como sede de la beca Rita Cetina orientada a educación media superior, con 132 mil 089 beneficiarios reportados. 

Esta fotografía institucional transmite la idea de una juventud michoacana acompañada, atendida y protegida por la política pública federal. Contrastada con los indicadores de cobertura educativa que el propio informe reporta, esa fotografía revela grietas profundas. La cobertura en educación media superior en Michoacán se ubicó en 66.1 por ciento, catorce puntos por debajo del promedio nacional de 80.3 por ciento, mientras que la cobertura en educación superior descendió hasta 31.4 por ciento, uno de los niveles más bajos del país. 

Decenas de miles de adolescentes y jóvenes michoacanos, abandonan la trayectoria escolar antes de completar el bachillerato o de ingresar a la universidad, justo en el tramo de vida donde la vulnerabilidad frente al crimen organizado y la precariedad laboral alcanzan su punto más alto.

La revisión detallada del informe permite dimensionar el tamaño del problema. Michoacán reportó 132 mil 089 becarios de programas dirigidos a educación media superior y 16,072 becarios de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, orientada a educación superior. Estas cifras conviven con una cobertura de secundaria de 87.3 por ciento que se desploma hasta 66.1 por ciento en el nivel inmediato siguiente, lo que evidencia que una proporción considerable de adolescentes michoacanos concluye la secundaria sin continuar sus estudios de bachillerato. 

La caída se profundiza todavía más en el tránsito hacia la educación superior, donde la cobertura estatal de 31.4 por ciento contrasta con cifras superiores al cien por ciento en entidades receptoras de estudiantes como la Ciudad de México, y se ubica también por debajo de estados con estructura demográfica y económica comparable. En materia deportiva, el informe destaca la instalación de centros deportivos en diez municipios michoacanos y menciona a Morelia como sede de capacitación de jóvenes promotores deportivos dentro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Apatzingán figura además entre los llamados territorios de paz, categoría que agrupa a municipios con programas deportivos y comunitarios orientados a la prevención de la violencia. El Centro Federal de Readaptación Social número 17, ubicado en territorio michoacano, aparece mencionado como parte de un programa deportivo dentro del sistema penitenciario federal, dato que recuerda la magnitud del fenómeno de la privación de la libertad entre población joven en la región. La oferta educativa intercultural también registra movimiento, con la ampliación de la Universidad Intercultural, Tecnológica y Politécnica de Aquila, que junto con su contraparte en Oaxaca atendió a poco más de trescientos estudiantes, cifra modesta frente al tamaño de la población indígena michoacana en edad universitaria.

El diagnóstico apunta a una desconexión estructural entre la estrategia de contención de la violencia juvenil y la estrategia de retención escolar. El informe describe con entusiasmo la construcción de centros deportivos y la realización de jornadas de paz, acciones valiosas en sí mismas, pero omite cualquier indicador que permita evaluar si esas intervenciones reducen efectivamente el abandono escolar o el reclutamiento de adolescentes por parte de grupos criminales en los mismos municipios donde se instalaron. 

Michoacán enfrenta, de manera simultánea, una crisis de retención escolar adolescente y una crisis de seguridad juvenil, y el informe federal trata ambos fenómenos como si operaran en carriles separados, cuando la evidencia exhibe que el abandono escolar temprano constituye uno de los principales factores de riesgo frente al reclutamiento criminal y la migración laboral precaria.

Michoacán cuenta con elementos aprovechables para revertir esta dinámica. La infraestructura deportiva recién instalada en diez municipios ofrece espacios físicos que, articulados con programas escolares de permanencia y tutoría, podrían convertirse en plataformas de retención adolescente, más allá de servir como espacios de recreación desconectados de la trayectoria escolar. El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia dispone de financiamiento y de una estructura de gobernanza interinstitucional capaz de coordinar a la SEE, a los ayuntamientos y a las corporaciones de seguridad en torno a metas compartidas de permanencia escolar juvenil. Las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Gertrudis Bocanegra representan una base de cobertura amplia que, con ajustes de focalización territorial, podría dirigirse de manera prioritaria hacia los municipios con mayor abandono entre secundaria y bachillerato. El reciente relevo en la SEE abre una ventana concreta para diseñar, junto con el gobierno estatal y la sociedad civil, una estrategia específica de retención juvenil vinculada a los recursos del Plan Michoacán. Las universidades interculturales de la entidad, aunque todavía con matrícula reducida, constituyen un modelo replicable de vinculación entre educación superior y comunidades indígenas que podría escalarse con inversión adicional.

Mientras tanto, la ausencia de resultados de alto impacto en materia de retención juvenil tiene consecuencias: 

1) El crecimiento sostenido de la población de jóvenes que ni estudian ni trabajan de manera formal, cuya magnitud en Michoacán guarda relación directa con la brecha de catorce puntos porcentuales en cobertura de educación media superior respecto del promedio nacional. 

2) La exposición creciente de adolescentes y jóvenes al reclutamiento por parte de estructuras del crimen organizado, fenómeno documentado en Michoacán en municipios como Apatzingán y Lázaro Cárdenas, donde la oferta económica inmediata de grupos delictivos compite de manera desigual con una trayectoria escolar que promete beneficios inferiores, diferidos y, en ocasiones, riesgos personales asociados a la propia asistencia a la escuela. 

3) Debilitamiento del tejido comunitario en las regiones donde la juventud pierde referentes escolares y deportivos articulados, pues la sola construcción de instalaciones deportivas, sin programas de acompañamiento pedagógico y psicosocial sostenidos, difícilmente logra sustituir la función protectora que cumple la permanencia escolar prolongada. 

4) Reproducción intergeneracional de la pobreza, pues jóvenes que interrumpen su trayectoria educativa entre secundaria y bachillerato enfrentan, durante el resto de su vida productiva, ingresos significativamente menores que quienes completan al menos la educación media superior, lo que perpetúa el rezago socioeconómico de las familias michoacanas.

Michoacán enfrenta urgencias específicas en materia de juventud que exigen atención inmediata: 

1) Generar un sistema de alerta temprana de abandono escolar en el tránsito de secundaria a bachillerato, capaz de identificar a estudiantes en riesgo antes de que abandonen definitivamente sus estudios, particularmente en los municipios señalados por el propio informe federal como territorios prioritarios de paz. 

2)Vincular de manera explícita y verificable los nuevos centros deportivos con programas escolares de tutoría y permanencia, de forma que la inversión en infraestructura deportiva se traduzca en indicadores concretos de retención juvenil, en lugar de permanecer como una cifra aislada de construcción. 

3) Transparentar la relación entre los recursos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y los indicadores de reclutamiento criminal juvenil, información que hasta ahora permanece dispersa entre distintas dependencias estatales y federales sin un tablero público accesible para la ciudadanía michoacana. 

4) Ampliación acelerada de la cobertura en educación superior, particularmente en modalidades flexibles y semipresenciales que permitan a jóvenes trabajadores michoacanos continuar sus estudios sin abandonar por completo sus responsabilidades económicas familiares.

5) Atención específica de la juventud indígena michoacana, cuya matrícula universitaria continúa siendo marginal pese a los anuncios de ampliación de oferta intercultural contenidos en el informe federal.

El informe federal ofrece, en su tratamiento de las juventudes michoacanas, una narrativa de acompañamiento que contrasta con la magnitud de los desafíos que enfrenta esta población. Las cifras de becarios y de centros deportivos construidos comunican movimiento y presencia institucional, pero dejan sin resolver la pregunta central que debería orientar cualquier política juvenil seria, la de si esas intervenciones logran retener a los adolescentes michoacanos dentro de la trayectoria escolar y alejarlos de las estructuras criminales que compiten activamente por su tiempo y su lealtad. La protección más efectiva frente a la violencia juvenil proviene de una trayectoria escolar completa, acompañada de oportunidades reales de desarrollo posterior, más allá de espacios recreativos desarticulados de un proyecto educativo integral. La brecha de catorce puntos porcentuales en cobertura de educación media superior respecto del promedio nacional constituye, en ese sentido, una medida más precisa del riesgo que enfrenta la juventud michoacana que cualquier cifra de becarios atendidos.

Por lo anterior, es imperativa la creación de un tablero público de seguimiento juvenil que integre, por municipio, los indicadores de cobertura educativa, abandono escolar, participación en programas deportivos y, en la medida de lo posible, incidencia de reclutamiento criminal reportado por las autoridades de seguridad, con el propósito de evaluar de manera conjunta el impacto de las intervenciones dirigidas a las juventudes michoacanas. 

Así también, los nuevos centros deportivos instalados en los diez municipios mencionados en el informe federal deben incorporar un componente de tutoría escolar y acompañamiento psicosocial, financiado con recursos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y sujeto a evaluación semestral de resultados. 

Debe darse la ampliación focalizada de las becas de educación media superior y superior hacia los municipios con mayor brecha de cobertura respecto del promedio estatal, priorizando modalidades flexibles para jóvenes que combinan estudio y trabajo. 

La SEE, en coordinación con las universidades interculturales de la entidad, debe diseñar una estrategia específica de captación y permanencia para juventud indígena michoacana, con metas cuantificables de crecimiento de matrícula durante los próximos tres ciclos escolares. Finalmente, el gobierno estatal debe presentar ante el Congreso local un informe anual específico sobre juventud michoacana, que integre educación, empleo, deporte y seguridad como dimensiones de una sola política pública articulada.

Las juventudes michoacanas merecen dejar atrás la descripción reducida a cifras dispersas de becarios y centros deportivos inaugurados. El gobierno del estado, la SEE, los ayuntamientos de los municipios prioritarios y la sociedad civil organizada tienen ante sí la responsabilidad compartida de construir una estrategia juvenil articulada, capaz de sostener a los adolescentes michoacanos dentro de la escuela justo en el tramo donde hoy los pierde.

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.