La violencia no puede encontrar refugio en nuestras juventudes

Los hechos ocurridos en Torreón, Coahuila, donde dos jóvenes atacaron una escuela, provocaron la muerte de una subdirectora y dejaron varias personas heridas, no pueden parecernos lejanos ni ajenos. Mucho menos a quienes vivimos en Michoacán. Apenas el pasado 24 de marzo, en Lázaro Cárdenas, dos maestras perdieron la vida tras un ataque cometido por un adolescente al interior de una preparatoria.

Son hechos distintos, con circunstancias que deben investigarse individualmente, pero que nos obligan a hacernos preguntas difíciles ¿qué están viviendo nuestras adolescencias?, ¿qué estamos dejando de escuchar?, ¿qué encuentran nuestras juventudes en internet cuando no encuentran acompañamiento en su entorno?, ¿y qué podemos hacer como familias, escuelas, instituciones y sociedad antes de que una señal de alerta termine convertida en una tragedia?

La respuesta no puede ser criminalizar a las juventudes ni reducir un problema complejo a una sola causa. Tenemos que hablar de salud mental, de entornos familiares y comunitarios, de convivencia escolar, de prevención de las violencias y también del mundo digital en el que hoy crecen nuestras niñas, niños y adolescentes.

Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado, después de los hechos de Coahuila, la necesidad de avanzar en mecanismos que obliguen también a las plataformas digitales a asumir responsabilidades frente a contenidos que promuevan o inciten a la violencia. Proteger no significa censurar y garantizar derechos tampoco puede significar permanecer indiferentes cuando algoritmos, comunidades digitales o contenidos violentos pueden amplificar discursos de odio.

Por eso cobra especial importancia El ABC de las Emociones, estrategia nacional que ya trabaja con jóvenes de tercero de secundaria y bachillerato para reconocer, comprender y manejar sus emociones, fortalecer el autocuidado y detectar oportunamente situaciones que requieren acompañamiento. En Michoacán, esta estrategia comenzó con alcance para más de 411 mil estudiantes. No debemos verla como una actividad complementaria, atender la salud emocional de nuestras juventudes es construir paz.

Tampoco podemos olvidar que una parte de esta generación atravesó etapas fundamentales de su desarrollo y socialización durante una pandemia, estudiando desde casa y modificando profundamente sus formas de convivencia. Eso no explica por sí mismo ningún acto de violencia, pero sí nos recuerda que debemos recuperar los vínculos, la escucha y la comunidad. Una niña, un niño o un adolescente que pide ayuda debe encontrar a alguien dispuesto a escuchar antes de encontrar refugio en la violencia, el odio o el aislamiento.

Madres, padres y personas cuidadoras también tenemos una responsabilidad. No se trata de invadir la intimidad de nuestras hijas e hijos, sino de estar presentes, conocer lo que consumen, identificar cambios en su comportamiento, dialogar sin juzgar y saber cuándo buscar acompañamiento profesional. La prevención comienza muchas veces con algo tan sencillo y tan difícil como escuchar.

Desde el Senado también tenemos una responsabilidad. Actualmente se encuentra pendiente de dictaminación una iniciativa presentada el 10 de diciembre de 2025 para reformar la Ley General de Educación y restringir el uso de dispositivos móviles personales durante la jornada escolar en educación básica, salvo casos de emergencia o necesidades educativas especiales. En septiembre, la Presidencia del Senado solicitó a las comisiones correspondientes avanzar en su dictamen. No se discute prohibir que una niña o un niño tenga un teléfono, se discute bajo qué reglas debe utilizarse dentro de un espacio cuya prioridad debe ser aprender, convivir y desarrollarse de manera segura.

Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, tengo claro que cualquier medida que adoptemos debe partir del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Su derecho a utilizar la tecnología y acceder a información debe convivir con su derecho a la educación, a la salud, a la integridad y a una vida libre de violencia. Protegerlos en el entorno digital no significa cerrarles las puertas del mundo, significa procurar que puedan caminar por él con herramientas, acompañamiento y seguridad.

No podemos esperar a la siguiente tragedia para volver a preguntarnos qué hicimos mal.

Construir paz también es prevenir. Significa escuchar antes de juzgar, acompañar antes de abandonar y actuar antes de lamentar. Nuestras juventudes no necesitan una sociedad que les tenga miedo, necesitan familias, escuelas e instituciones que las miren, las escuchen y les hagan saber que no están solas.

Defender los derechos humanos es cuidar la vida, la dignidad y el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes.