La suma de muchas pequeñas atrocidades/Julio Santoyo Guerrero

Julio Santoyo Guerrero

Por más de 25 años se ha permitido que su majestad, los cultivos aguacateros, se expandieran haciendo guacamole las leyes ambientales. En 25 años se dejó hacer, a quien lo quisiera hacer, cambio de uso de suelo, con la justificación del progreso.

¿Qué tanto era tantito? Quince, diez, ochenta hectáreas, era lo de menos. ¿Qué tanto es recortar un poco la superficie boscosa? ¡Ni se va a notar¡ Con seguridad pensaron! 

A finales de los años ochenta del pasado siglo Michoacán tenía alrededor de 3.1 millones de hectáreas boscosas. Cuando llegó el TLC en 1994 y con él la fiebre aguacatera la permisividad, una mezcla de candidez, indolencia institucional y corrupción, fue permitiendo año tras año el cambio de uso de suelo, que ha sumado desde entonces una pérdida catastrófica de bosques. Ahora apenas nos queda un poco menos de 1 millón de hectáreas.

No todo el cambio de uso de suelo ha sido para instalar plantaciones aguacateras, es cierto. Pero la fiebre por este fruto detonó una embestida sistemática proveniente de diversos sectores económicos como el inmobiliario, el ganadero y otros. El cultivo de aguacate rompió el dique que frenaba el cambio de uso de suelo.

Es un dato asombroso y revelador el que ofrece la Semarnat cuando se le pregunta sobre las autorizaciones que ha otorgado para cambio de uso de suelo a partir de 1994. ¡La respuesta es cero autorizaciones! Y sin embargo, hemos perdido algo así como 2 millones de hectáreas de bosques desde esas fechas.

La permisividad rutinaria, esa que genera día con día el cambio de uso de suelo de 5 hasta 150 hectáreas, ha ocasionado un acumulado catastrófico para el equilibrio ecológico de nuestro estado. En 25 años Michoacán ha perdido en riqueza natural lo que no perdió en un milenio. 

Lo más preocupante de esta fatal realidad es que hasta ahora no existe ninguna política que tenga como propósito meterle freno a esta carrera desbocada, ni certificación ambiental, ni sanciones efectivas. Se sigue pensando como hace 25 años, que no es tanto un poquito más, que los bosques siguen aguantando, que el progreso es lo que interesa.

Como hace 25 años la acción febril por desmontar los bosques, completamente ajena a toda consideración sustentable, continúa realizándose con la misma o mayor velocidad que entonces. No hay síntoma de saciedad ni límite ético para continuar; como si los bosques fueran infinitos y eternos. Lo que importa es el indicador macroeconómico de la riqueza financiera generada.

Las denuncias que los ciudadanos, pobladores, ejidos, académicos, políticos y organizaciones ambientales, han realizado en estos años han sido desoídas. Y las denuncias que indican sitios, coordenadas, imágenes, que suelen ser judicializadas, y que representan esos pequeños eventos que sumados son el caudal que hoy nos avasalla, terminan en el olvido, en los archivos polvosos de las instituciones.

Conocemos casos denunciados hace 4 o 10 años que duermen el sueño de los justos. Los predios denunciados nunca dejaron de ser plantados con aguacate. Ahora son productores y con orgullo exportan al mercado estadounidense un fruto con una huella ecocida que debería de llenar de vergüenza a las autoridades mexicanas y a las asociaciones de productores que protegen y estimulan esas prácticas.

Va un ejemplo, en la localidad de Llanitos del municipio de Madero se ha denunciado de manera reiterada una tala permanente desde hace 4 años y el cambio de uso de suelo en más de 80 hectáreas. Una parte de ese extenso predio fue asegurado por la Fiscalía Ambiental pero sus lonas, hechas jirones y aplastadas por el ingreso regular de vehículos, que entran y salen para plantar aguacate y darle mantenimiento a la huerta, dan mudo testimonio de la inacción de la ley y la mofa  que de ella hacen los febriles aguacateros.

Es curioso que un predio tan extenso no pueda ser visto por la autoridad, a pesar de estar al borde una brecha transitada y sí puedan mirar a humildes leñadores que sacan madera seca o resineros que cargan una barrica a quienes con regularidad extorsionan.

El fenómeno supone muchas preguntas. Las mismas que nos hacemos sobre el papel de las autoridades en ese cuarto de siglo de destrucción de bosques que ha vivido Michoacán.

La suma de muchas pequeñas atrocidades ambientales ha alimentado el poderoso caudal de impunidad que está destruyendo a Michoacán y que coloca a la mayoría de sus habitantes como víctimas ambientales de un ecocidio que el gobierno no quiere ver y frente al cual tampoco quiere actuar.