La opción

Por Jorge Vílchez  

Los cuerpos policiacos del estado y del municipio se excedieron y violentaron los derechos humanos de las mujeres. 

No solo eso, también habrían violentado la labor de representantes de medios de comunicación locales. 

Las primeras conclusiones a las que llegó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos respecto al multitudinario desfile de mujeres el pasado 8 de marzo, son categóricas y señalan discriminación y un exceso de la fuerza pública. 

El pasado martes, y como ya es costumbre cada 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres salieron a las calles a exigir justicia y a demandar un alto a la violencia que se perpetra en su contra. 

Hoy, los contingentes fueron numerosos. La cifra de mujeres que desfilaron pacíficamente la tarde-noche del pasado martes rebasó a las de otros años. 

Sin duda, fue impresionante ver a tantas mujeres juntas coincidiendo en un solo objetivo: alzar la voz para defenderse y protestar.   

Cierto, hubo quienes en medio de las protestas intentaron quebrantar el orden y causaron daños a los edificios, pero fue un grupo mínimo que no alteraba la esencia del movimiento o de la marcha. 

Pero, ante ello, la reacción de los cuerpos policiacos fue excesiva. No pocas mujeres y representantes de los medios de comunicación fueron víctimas de la agresión policiaca. En algunos casos, el desconocimiento y la ignorancia de los cuerpos policiacos fue evidente, sobre todo de los municipales, cuando confundieron a representantes de los medios de comunicación con los manifestantes y los golpearon. 

Frente a esas acciones negativas, ya surgieron las reacciones de los organismos políticos y de la sociedad civil. 

“Hoy acudimos como Partido Político a denunciar y reprobar contundentemente los lamentables hechos ocurridos el día de ayer. La represión ejercida por parte del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla en contra de mujeres, colectivos y activistas que solo hacían uso de su legítimo derecho a la protesta, es totalmente inaceptable”, refirió la regidora del Ayuntamiento de Morelia, Minerva Bautista Gómez, en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en donde el PRD interpuso una queja. 

Por su parte, el dirigente estatal del PRI, Eligio Cuitláhuac González Farías, expresó que “las acciones que el gobierno de Michoacán implementó en contra de las mujeres el 8 de marzo, no solo son reprochables, sino deben ser señaladas con puntualidad, pues incitan a la división y en lugar de tender puentes, los cierra al criminalizar, reprimir, revictimizar y atentar contra la vida de ellas en su derecho de manifestarse”. 

Por su parte, más de 50 colectivos feministas de Michoacán, así como nacionales, firmaron un pronunciamiento en contra de las acciones de represión de los gobiernos de Michoacán y de Morelia durante las marchas feministas del pasado 8 de marzo. 

“Hoy somos la voz de muchas mujeres molestas, asustadas y decepcionadas por lo sucedido el día de ayer, 8 de marzo, durante la movilización por el Día Internacional de la Mujer en Morelia.”, indica el pronunciamiento en el que también se reprochan los discursos del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y del edil Alfonso Martínez Alcázar. 

Igual, la Asociación Civil Humanas Sin Violencia emitió un comunicado en el que dice que “los actos de violencia ejercidos en la marcha del 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”, no solo son inconcebibles, sino que resulta particularmente oprobioso que se utilice la fuerza del estado para violentar a las colectivas feministas, así como a mujeres, niñas, jóvenes, periodistas, personas en general…” 

Sin duda, la reprobable reacción de los cuerpos policiacos del estado y del municipio, como las recomendaciones que podría ofrecer la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, deben llamar a la reflexión tanto del gobernador Alfredo Ramírez como del edil Alfonso Martínez. 

Porque acciones agresivas y represivas como las del pasado martes, que no reflejan datos de buenos gobiernos, ni deben defenderse ni tienen por qué repetirse. 

Al tiempo.