La no deforestación que sí es deforestación

El pasado 1 de octubre la presidencia de la república firmó un par de acuerdos con el sector aguacatero de México. El primero, uno de certificación laboral, ese sí muy aceptable, y el segundo un acuerdo de Cero Deforestación. Ambos orientados a la certificación del aguacate producido en Michoacán y Jalisco para la exportación. Ambos concedidos al poderosísimo lobby de la Apeam para poder brincar las normas establecidas en el ya falleciente capítulo 24 del T-mec en el que se fijan restricciones para productos con huella ecocida.

El acuerdo, en aras del progreso y la producción (nada que ver con el repugnante neoliberalismo), pone en marcha un lavado profundo del rostro ecocida que durante más de 25 años los aguacateros ilegales se empeñaron en labrar por mano propia arrasando más de 150 mil hectáreas de bosques michoacanos.

La Semarnat, que debería estar en la primera línea de la defensa del derecho humano a un medio ambiente sano, impidiendo que esta atrocidad se consumara, ha sido promotora gustosa del acuerdo. Un acuerdo que habrá de pasar a la historia del ambientalismo nacional como un episodio contra el humano ambiental; como un episodio de entreguismo absoluto a los aguacateros ilegales; como el capítulo de claudicación más vergonzoso frente a la defensa de los bosques michoacanos; como un acto de traición a los pueblos a los que se debía salvaguardar; y ejemplo de prevaricación y doble lenguaje.

El acuerdo de Cero Deforestación celebrado con bombo y platillo, en realidad es una concesión para borrar de los registro históricos la deforestación brutal en Michoacán y Jalisco y establece como fecha de legalización todo cambio de uso de suelo realizado antes del 2019. En sentido estricto no han creado un certificado de Cero Deforestación sino un certificado de Amnistía a la Deforestación, porque la deforestación sigue ahí, es objetiva, y cualquiera puede consultar su historial en los mapas satelitales.

El acuerdo pasa por encima del artículo 4° constitucional que establece el “derecho humano a un medio ambiente sano” y desobedece la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que en su artículo 97 dice “...que no se puede otorgar autorización para cambiar el uso de suelo en terrenos forestales, con excepciones muy específicas reguladas por la ley.” Y que: “Está prohibido otorgar este cambio de uso en terrenos que hayan sufrido un incendio forestal hasta que pasen 20 años y se compruebe la regeneración completa de la vegetación.”

El gobierno concedió a los aguacateros ecocidas todo lo que pidieron. Fueron por todo y lo lograron. Para colmo la amnistía también alcanza a los que hicieron deforestación entre 2019 y 2025 y solo obliga a este segmento a reforestar, rehabilitar una parte de las áreas afectadas y a mitigar el impacto en el ciclo del agua y la disponibilidad de ella para bosques nativos y pueblos. Quienes se dieron gusto con borrar los bosques michoacanos entre 1996 y 2019, que dañaron alrededor de 150 mil hectáreas, no tendrán que compensar casi nada, si acaso aportar ese 0.01 % de sus ganancias para viveros forestales, como ya lo venían haciendo.

Los daños irreversibles que ha ocasionado el caótico crecimiento de los cultivos aguacateros ─antes ilegales─ extinguiendo ecosistemas, reduciendo la capacidad de infiltración hídrica de los suelos, modificando la temperatura, el comportamiento del clima, empobreciendo los suelos, y privatizando las aguas, han sido dispensados, como si la destrucción ecosistémica hubiera sido intrascendente.

Apeam, los aguacateros que estaban ilegales, los taladores e incendiarios de bosques, los constructores de hoyas ilegales, y por supuesto el crimen organizado que protegió el negocio y cultivó huertas propias y ha hecho fortuna con esta actividad, están de fiesta. Para ellos valió la pena esperar estas décadas. Se han alzado con la victoria. Ahora no se detendrán, podrán seguir con la expansión aguacatera hasta que el mercado lo permita porque el compromiso de Cero Deforestación y permanente supervisión satelital puede ser burlado de la misma manera que burlaron la constitución y las leyes generales durante más de 30 años; porque el Estado y sus instituciones en materia ambiental claramente han claudicado.

El mensaje que se refuerza, y que se ha estado mandando desde hace años a quienes violan las leyes ambientales, es que este ámbito es prescindible, que ha sido reducido a un referente ideológico y hueco del cual solo pueden salir frases bonitas para el discurso político. Esto alentará el incremento de incendios forestales, la tala ilegal y la ampliación del mercado ilícito de maderas y faunas. El acuerdo es un permiso para ampliar la frontera del ecocidio ya legalizado.

El carácter regresivo del acuerdo de Cero Deforestación tendrá efectos legales, porque se han roto los límites del consenso social en torno al deber ser; sociales, porque se cancela un derecho humano universal reconocido en la constitución; políticos, porque se rompe la certidumbre de la gobernabilidad basada en reglas justas para todos; y culturales porque representa la aceptación impuesta de la pérdida de bosques y aguas, que no es otra cosa que el patrimonio biocultural de los pueblos, que pone en marcha el motor espiritual de esos pueblos.

El acuerdo es una derrota para el ambientalismo que ya no tendrá referentes legales para denunciar y reclamar la restauración de esos bosques y aguas que fueron destruidos entre 1996 y 2025 y que le seguirán haciendo falta a los equilibrios ecológicos de Michoacán y en particular a los pueblos afectados.

En lo sucesivo la defensa de bosques y aguas chocará con este acuerdo que pone en el centro el interés de los aguacateros y no el interés común de la ciudadanía. Los ecocidas amnistiados han sido blindados en la misma ruta y por la mismas razones que lo fueron los hacendados latifundistas durante el porfiriato: en aras de la economía, el progreso y un nuevo orden en materia de bosques y aguas.

Los criterios de sustentabilidad y sostenibilidad que se supone deben regir el desarrollo de las entidades o de los territorios quedarán sepultados en los textos de la política gubernamental, convertidos en pifias conceptuales. Y es que el acuerdo no contiene medidas precisas para asegurar la compensación o la restauración de lo dañado.  Además, con un presupuesto recortado en un 27 % para el próximo año para la atención de la fenomenología climática, las esperanzas están vacías.

En la línea del tiempo este acuerdo se anticipó a la discusión y aprobación de la iniciativa llamada “Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental” enviada el 26 de agosto por la presidencia al poder legislativo. Dicho anticipo fue estratégico, se hizo para que la nueva ley venga a justificar el nuevo estatuto de deforestación y cambio de uso de suelo. Es decir, es un hecho que tendremos una nueva legislación ambiental con un retroceso de 40 años en la que quede firme la legalidad de todo cambio de uso de suelo hecho desde hace más de 30 años y solo se pida a los que hicieron cambio de uso de suelo del 2019 al 2025 que recuperen algunas migajas de lo destruido. Esa será la “nueva justicia ambiental” y la “nueva relación entre el desarrollo, el bienestar, la prosperidad y la naturaleza” que ya anunciaron desde agosto pasado.

Los conflictos socio ambientales están en crecimiento en el estado y repuntarán con los efectos de los fenómenos climáticos que para nada fueron considerados en el marco de referencia del acuerdo.  El arreglo viene a potenciar las contradicciones entre poder económico y derechos cívicos. Recategorizar la realidad ambiental no resuelve los problemas, si acaso los pospone y con seguridad los agudizará.

A la política ambiental del gobierno en curso le comienza a sobrar la palabra ambiental, en cambio le caracterizan los eufemismos para recategorizar el ecocidio y la impunidad. La nueva política ha tomado la ruta de presumir la subordinación a los intereses económicos del productivismo ajeno a la sustentabilidad, del cual paradójicamente hace tiempo repugnaron.