Si bien es cierto, en la actualidad en nuestro país, impera que en los cargos públicos federales ,que manejan recurso, deben de depositar un 10 por ciento del presupuesto que tienen bajo su responsabilidad.

A nivel estatal, obliga que, los servidores públicos y presidentes municipales, síndicos y tesoreros deben generar una fianza de 5 por ciento del presupuesto que vienen manejando anualmente.

Llama la atención, que ningún funcionario en el estado lo hubiera hecho ya, de conformidad con los lineamientos, que se publicitan y entran en vigor el 14 de mayo de este año, por el Congreso del estado.

La duda es, el Sistema Estatal y la Fiscalía del combate a la corrupción, han hecho caso omiso al seguimiento y sanción de ello.

Valdría la pena que el Congreso del estado, de la mano del legislador y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales Angel Custodio Virrueta, hagan una adecuación al texto Constitucional local, a fin de endurecer dichas omisiones, de igual forma a nivel federal el integrante de la Junta de Coordinación Política Reginaldo Sandoval; la misma sociedad civil organizada como lo es Selene Vázquez a la Torre y los Foros de Profesionista, todos ellos se conviertan en garantes, de que se cumpla dicha figura de la Fianza Pública.

No es raro decir que, aún y cuando esto resulta ser extensivo en responsabilidad penal y administrativa de los funcionarios citados, ya se conspira una contra reforma de legisladores locales, para derrumbar la obligación de dicha disposición, motivando de esta forma y de lograrse, a que, el próximo relevo de autoridades 2021, se contamine de desvío de recursos públicos y cero o casi cero culpables.