La educación de Michoacán y sus heridas

Ya hemos visto demasiado hacia el pasado. Hay diagnósticos que, de tanto expresarse, inmunizan, anestesian, normalizan y se vuelven decorativos. Ha informes que se apilan en cajones, datos que se publican para tranquilizar conciencias y afianzar campañas, pero que jamás terminan de transformar realidades. Michoacán ha sido objeto de innumerables estudios, encuestas, panoramas educativos y comunicados de prensa que describen con precisión quirúrgica una herida que nadie termina de curar.

El rezago educativo en Michoacán alcanza a casi una tercera parte de su población mayor de quince años: aproximadamente un millón doscientas setenta mil personas que todavía están lejos de completar la educación obligatoria. Eso coloca a la entidad como la quinta con mayor rezago en el país, apenas por debajo de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, y 7.2 puntos porcentuales por encima del promedio nacional de 18.6%. Para contextualizar la magnitud del problema: los estados mejor posicionados, como Ciudad de México, Coahuila y Nuevo León, tienen un rezago de entre 8.5% y 13.3%. Michoacán tiene el triple.

Pero lo más revelador es que esa cifra supera al total de estudiantes inscritos en el sistema educativo michoacano, que suman un millón doscientos cuarenta y siete mil. Estamos ante un déficit de humanidad educativa que rebasa al propio sistema.

El ciclo escolar 2024-2025 concluyó con al menos 120 menores de edad asesinados en la entidad. Dos de cada tres escuelas carecen de servicios básicos completos. Quince días hábiles de paro magisterial afectaron a más de novecientos mil estudiantes. Las evaluaciones educativas censales brillaron por su ausencia. La planta docente se redujo en mil veinticuatro maestros respecto al ciclo anterior. Y el presupuesto federal para formación docente llegó a ciento cinco pesos anuales por maestro. 

¿De qué sirve presumir una reducción estadística del rezago cuando dicha reducción se explica, en parte, por los 10,798 homicidios dolosos registrados entre 2020 y 2024 en Michoacán? El 54% de las víctimas del crimen no habían concluido la educación secundaria. Cuando una persona en situación de rezago muere, el indicador mejora. Es el espejismo más cruel de las estadísticas educativas michoacanas. 

La mirada hacia atrás, sin embargo, debe ser honesta sobre otro fenómeno más silencioso: la exclusión estructural de quienes nunca entraron al sistema. Existe una brecha generacional de rezago que se ha transmitido de padres a hijos como una herencia maldita. Abuelos que no saben leer enseñan a sus nietos que la escuela es secundaria frente al trabajo y la supervivencia. Comunidades enteras que han normalizado la exclusión educativa porque el Estado jamás les ofreció una escuela que valiera la pena. Esa normalización es quizá el obstáculo más difícil de superar, porque está en la cultura, en la desconfianza, en la memoria colectiva de generaciones defraudadas y en la falta de oportunidades tangibles de desarrollo para las juventudes. 

Y, sin embargo, ahí también radica la esperanza. Porque donde el Estado ha llegado con verdadera voluntad, con maestros comprometidos, con infraestructura digna y con acompañamiento real, las familias michoacanas han respondido con una determinación que deja sin palabras. Madres que caminan horas para llevar a sus hijas a la escuela más cercana. Jóvenes purépechas que aprenden programación en comunidades sin luz eléctrica. Maestros rurales que dan clases bajo la sombra de un árbol porque el salón se cayó hace tres años y nadie ha llegado a reconstruirlo. Esas historias existen. Y merecen una política pública a su altura.

Ya hemos visto suficiente hacia atrás. Es hora de ver hacia adelante. Con valentía, con visión y con urgencia transformadora.

Las medidas adoptadas merecen una crítica necesaria. Entre 2021 y 2026, las autoridades educativas michoacanas han adoptado medidas que, aunque bienintencionadas, resultan insuficientes, mal calibradas o, en el peor de los casos, francamente ineficaces ante la magnitud del desafío.

Hasta adelante, está el fracaso silencioso de las becas, que han sido presentadas como la solución al abandono escolar y al rezago. La lógica parece sólida: si las familias tienen dinero, sus hijos dejan de abandonar la escuela. Pero la realidad es más compleja y dura. Hemos presentado análisis basados en el método científico. 

Si las becas no van acompañadas de escuelas dignas, maestros presentes, rutas seguras y aprendizajes reales, no son becas: son transferencias sociales disfrazadas de política educativa. Una beca que llega a una familia cuya hija camina cuarenta y cinco minutos por un camino de terracería vigilado por el crimen organizado, cuya escuela carece de baños y agua potable, cuyo maestro faltó treinta días en el ciclo, no cumple su propósito educativo. Es un apoyo económico que puede aliviar la pobreza alimentaria, pero que garantizar el derecho a aprender requiere mucho más.

Se ha documentado que la cobertura de becas educativas es limitada y diferenciada. Para los adolescentes, el 43.5% del decil de menores ingresos recibe una beca, pero también el 40.3% del decil más rico. La universalización ha diluido la focalización: el programa está siendo universal sin ser transformador. Esto, las eficientiza aún menos, porque solo el 35% del dinero se usa en propósitos educativos.

Las becas, sin estar vinculadas a condicionalidades pedagógicas, a asistencia real, a logros de aprendizaje medibles y a una oferta educativa de calidad, son subsidios. Y los subsidios, aunque necesarios, transforman sistemas en pocas ocasiones. El resultado lo vemos: el 7% de analfabetismo en Michoacán y más del 42% de la población sin educación básica completa persisten, con o sin becas.

La Nueva Escuela Mexicana nace con buenas intenciones, pero con implementación fallida. El modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana llegó a Michoacán en medio de una tormenta estructural: paros magisteriales, violencia en comunidades escolares, desaparición de órganos de evaluación como el INEE y Mejoredu  y una planta docente que nunca recibió la formación suficiente para implementarlo. El resultado: más de dos décadas de información sobre evaluación educativa se perdieron con la extinción de Mejoredu y un sistema que enseña sin saber si sus alumnos aprenden.

En Michoacán no existe ningún sistema estatal de evaluación universal del aprendizaje. Se ignora, con certeza estadística y cobertura total, si los estudiantes michoacanos leen, escriben y calculan de forma competente. Se celebra escolaridad, no aprendizajes. Y la diferencia entre las dos es, precisamente, el abismo que separa a Michoacán de los sistemas educativos que transforman vidas.

La infraestructura es una promesa rota. Se destinaron 590 millones de pesos para infraestructura en doce mil planteles escolares, lo que equivale a menos de cincuenta mil pesos por escuela: una cifra que apenas alcanza para pintura y sillas. Mientras tanto, el 63% de los hogares michoacanos carece de computadora, y apenas el 37.2% tiene acceso a internet. Solo 3,893 de los más de doce mil planteles escolares cuentan con internet gratuito.

Esta brecha tecnológica, en el mundo que habitamos, pesa inmensamente:  carecer de conectividad equivale a carecer de acceso a la biblioteca más grande de la historia de la humanidad. Un estudiante sin internet en Michoacán rural compite en desigualdad de condiciones con un estudiante conectado de Monterrey o Ciudad de México. Pero la brecha digital es solo el síntoma más visible de un problema más profundo: la desigualdad estructural entre el Michoacán urbano y el rural, entre el Michoacán hispanohablante y el indígena, entre el Michoacán de las zonas de paz y el de las zonas de guerra silenciosa.

La problemática que no podemos eludir es la de violencia e inseguridad: el primer derecho que hay que garantizar es el derecho a la vida. Sin el derecho a la vida, el derecho a la educación resulta imposible de ejercer. Durante 2025, Michoacán fue uno de los estados más afectados por cierres escolares vinculados a hechos de violencia. Los 120 menores asesinados en un solo ciclo escolar son 120 proyectos de vida interrumpidos, 120 familias destrozadas y 120 fracasos del Estado.

El crimen organizado roba días de clase, genera miedo en comunidades enteras, recluta a jóvenes que el sistema educativo no pudo retener y perpetúa el ciclo de marginación que reproduce la pobreza generación tras generación. La correlación es devastadora: el 54% de las víctimas de homicidio doloso en Michoacán no habían concluido la educación secundaria. La falta de educación alimenta la violencia, y la violencia impide la educación. Es una trampa mortal.

La atención socioemocional es la asignatura pendiente más urgente. Las niñas, niños y jóvenes michoacanos cargan con traumas colectivos que ningún plan de estudios contempla. El duelo por familiares asesinados o desaparecidos, el miedo crónico, el estrés postraumático, la ansiedad y la depresión son realidades cotidianas en decenas de municipios del estado. Un estudiante que sobrevive psicológicamente a su entorno requiere, de manera simultánea, el acompañamiento socioemocional adecuado para poder aprender matemáticas o desarrollar pensamiento crítico.

El bienestar socioemocional es la condición mínima para que ocurra el aprendizaje: Finlandia lo entendió hace décadas. Michoacán aún debe integrarlo de manera sistemática, con recursos suficientes, con personal formado y con evidencia de impacto.

La defensa de los derechos de niñas, niños y jóvenes es cardinal. Los derechos a estar, aprender y participar, los tres ejes del trabajo de Mexicanos Primero siguen siendo violados cotidianamente en Michoacán. Estar: miles de estudiantes no llegan a la escuela por inseguridad, pobreza o falta de infraestructura. Aprender: sin evaluaciones, sin maestros bien formados y sin materiales adecuados, el aprendizaje efectivo se convierte en una lotería. Participar: los consejos de participación social son, en la mayoría de los casos, figuras decorativas sin poder real de incidencia.

La niñez michoacana requiere justicia. Justicia educativa que se traduzca en políticas públicas concretas, presupuesto suficiente, transparencia en su ejercicio y mecanismos reales de rendición de cuentas.

Hay que reconocer que el sistema ha fallado: es el primer paso honesto hacia la transformación. Michoacán tiene todo lo que necesita para cambiar su destino educativo: comunidades que valoran el conocimiento, maestros que eligen quedarse a pesar de las adversidades, jóvenes llenos de ideas y familias que sueñan con un futuro distinto. Lo que ha faltado es la voluntad política de ponerse a la altura de esa esperanza. Esa es la deuda más urgente que este estado tiene con sus niñas y niños. Y es, también, la oportunidad más grande que ningún gobernante debería desperdiciar. La segunda parte de este análisis presenta veinticuatro propuestas concretas, inspiradas en la mejor evidencia internacional, para comenzar a saldarla. ¡Merecemos un gobierno educador!