La democracia en México, parte 2

La democracia no se agota en el plano electoral; más aún, afirmar que la elección por voto popular de juzgadores hace de México el país más democrático del mundo es falso, porque se requiere de legalidad y de un sistema que la garantice. Los supuestos de funcionalidad de la justicia y de los órganos de control constitucional son la imparcialidad, el profesionalismo y la independencia de los factores de poder, sea el dinero, la opinión pública, la política o el gobierno. Por tal consideración los países democráticos no eligen jueces por voto popular.

En México el régimen resolvió acabar con el sistema judicial bajo el señalamiento de corrupción, elevado gasto y nepotismo, argumentos que se descalifican a sí mismos si se advierte que sucede prácticamente en todo el sector público. Además, las insuficiencias de una institución se superan o resuelven corrigiéndolas, no destruyéndola.

La argumentación de Bright Line Watch sobre el poder judicial presenta tres realidades: primera, la de los países con democracia fuertes: “Los jueces son designados mediante procedimientos pluralistas y basados en el mérito; el poder judicial es independiente; los tribunales revisan y anulan periódicamente los actos ejecutivos”. Segunda, los de democracia iliberal: “Los jueces son designados mediante procedimientos mixtos con influencia ejecutiva; el poder judicial es parcialmente independiente; los tribunales rara vez revisan o anulan los actos ejecutivos” y, tercera, los de países no democráticos: “Los jueces son designados a partir de listas de los partidos gobernantes; el poder judicial no es independiente; los tribunales no revisan ni anulan los actos ejecutivos”.

El resto de los 35 principios democráticos utilizados por Bright Line Watch que ofrecen criterios sobre la vigencia del régimen democrático:

• El poder judicial puede limitar eficazmente al poder ejecutivo.
• Los poderes electos respetan la independencia judicial.
• La participación de los votantes en las elecciones es generalmente alta.
• La información sobre las fuentes de financiación de las campañas está disponible para el público.
• Las políticas públicas no se determinan por las grandes contribuciones a las campañas.
• Los ciudadanos pueden hacer oír su opinión en un debate abierto sobre las políticas que se están considerando.
• Los límites geográficos de los distritos electorales no benefician sistemáticamente a ningún partido político en particular.
• Incluso cuando hay desacuerdos sobre ideología o política, los líderes políticos generalmente comparten una comprensión común de los hechos relevantes.
• Los funcionarios electos buscan un compromiso con los oponentes políticos.
• Los ciudadanos tienen acceso a información sobre los candidatos que es relevante para su forma de gobernar.
• El gobierno protege el derecho de las personas a participar en protestas pacíficas.
• Las investigaciones policiales de funcionarios públicos o sus asociados están libres de influencias o interferencias políticas.
• Las estadísticas y los datos gubernamentales son producidos por expertos que no están influenciados por consideraciones políticas.
• La ley se aplica por igual a todas las personas.
• Los políticos en el cargo que pierden las elecciones admiten públicamente su derrota.
• Las universidades, las empresas y las organizaciones profesionales operan sin presión gubernamental.
• El liderazgo militar permanece políticamente neutral y no favorece ni apoya a ningún partido político o candidato.
• Los funcionarios no utilizan a las fuerzas armadas para promover agendas políticas ni intimidar a los oponentes políticos.
• Las fuerzas del orden se mantienen políticamente neutrales y no favorecen ni apoyan a ningún partido político o candidato.
• Los funcionarios no utilizan la aplicación de la ley para promover agendas políticas o intimidar a los oponentes políticos.