Luisa María Calderón/Quadratín

Una de las tareas del Congreso de Michoacán, que actúa en nombre de los ciudadanos para tomar decisiones en su nombre, es la elección del o de la Auditora Superior del Estado. Este es un ente con facultad para investigar a dónde y cómo se gasta el dinero público, pero hasta ahí llega porque depende de los diputados la toma de decisiones al respecto.

Pues bien, entra a la cancha la disputa por el nombramiento del nuevo o nueva auditor de Michoacán que hasta hoy está en manos del PRD. Puede ser una elección que tome en cuenta las capacidades y experiencia proba de las y los candidatos. Puede ser que el juego de las presiones orille a repetir el modelito de negociar lo que sea a cambio de tener ese espacio, y otros que entrarán a la cancha en estos meses.

Que el PAN dice que es su espacio, que morena dice que no hay cuota de espacios, que dejan pasar tiempo, y veremos si, como sucede en el ámbito de la Educación, ganan los rudos o los técnicos. Por lo pronto la dinámica que toma el discurso de cada bancada no es novedad. Ponen sus fichas en la mesa y el tiempo es aliado de quien presiona si no se habla claro y públicamente.

Si se rompe el paradigma de dejarse chantajear y se pasa a la pista jurídica o de diálogo abierto de lo que son los temas y no cambiar el fondo por la costumbre, podríamos mirar la elección de una o un auditor capaz que dé a conocer el estado de rendición de cuentas de los municipios y de la propia administración michoacana, de tal manera que podamos confiar en que la reducción de la corrupción va, porque sus dictámenes resultantes muevan a la ciudadanía a forzar a los diputados a sancionar y también a pedir y dar cuentas, o volveremos al funcionario de primer nivel que a pesar de sus esfuerzos, obedezca señales partidistas de no moverle a nada para que todo quede como está.

Mira lo que pasa por ejemplo en el ámbito federal con la legislación educativa y la presión de la CNTE: el dictamen que debiera haberse comenzado a discutir, está detenido porque esa presión –que aquí entre nos no tolera el presidente López- han hecho que la mesa de discusión legislativa se convierta en una mesa de deseos para ese grupo de choque a quien el mismo López dio fuerza durante su campaña y en los primeros meses de su gobierno.

Por el contrario, si pasa a la pista jurídica, la ruta y el destino pueden ser otros.
Como otro puede ser el destino de la responsabilidad por el manejo del recurso y pago para los maestros, fuera de la ruta de la presión y del rechazo del Ejecutivo federal al ejecutivo estatal de recoger su conflicto y llevarlo a la federación: el poder judicial dio entrada a la controversia que el gobernador del estado presentó sobre este tema en la Corte.

El conflicto del pago de plazas a los profes estatales que Silvano pidió volviera a la federación, que se tensó más, mucho más con las semanas y semanas que la CNTE estuvo paralizando la economía del estado, y con la complacencia del ejecutivo federal, ahora se le regresó como boomerang a detener la reforma educativa y la decisión de quién decide las plazas de profes. El Gobernador rompiendo paradigma, saltó al poder judicial a que éste resuelva el conflicto. Tendrá otro destino, de entrada la presión social se dirige a otro lado y conflictúa al presidente, y la decisión será jurídica, en el poder que tiene por primera responsabilidad resolver esos conflictos constitucionales. Mira que es una buena novedad: reintentar darle a cada quien lo que le corresponde en ejercicio de la división de poderes.