La Apeam, ante su hora más oscura…

Hubo un tiempo en que la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) representaba, para el país y para el mundo, el ejemplo perfecto del éxito mexicano. Una industria capaz de convertir un fruto regional en un fenómeno global; una maquinaria exportadora que logró colocar a Michoacán como el principal proveedor de aguacate del mercado más poderoso del planeta.

Pero los imperios económicos, como los políticos, suelen desarrollar un problema recurrente: terminan creyendo que su tamaño los vuelve intocables.

Hoy, en plena revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la APEAM enfrenta quizá el momento más delicado de su historia. No porque el aguacate haya dejado de ser rentable, sino porque Estados Unidos ya no está dispuesto a evaluar únicamente toneladas exportadas y balanzas comerciales. Washington quiere discutir algo mucho más incómodo: seguridad, medio ambiente, competencia económica, derechos laborales y confiabilidad institucional.

Y es precisamente ahí donde comienzan los problemas.

La primera gran falla de la APEAM fue creer que podía operar indefinidamente como un organismo privado con privilegios cuasi públicos. Desde hace años, la Comisión Federal de Competencia Económica acreditó prácticas monopólicas relativas derivadas de la forma en que se condicionaba el acceso a servicios indispensables para exportar hacia Estados Unidos. El mensaje implícito fue devastador para la libre competencia: quien pretendiera acceder al mercado estadounidense debía hacerlo bajo las reglas y condiciones de una sola organización.

La sanción debió convertirse en una llamada de atención histórica. No ocurrió.

Por el contrario, la asociación continuó consolidando un modelo extraordinariamente rentable, pero cada vez más opaco, más concentrado y menos dispuesto a someterse a cuestionamientos externos.

Después vino la factura ambiental.

Durante años, mientras se celebraban récords de exportación y se presumían cifras multimillonarias, miles de hectáreas forestales desaparecieron en diversas regiones productoras. El propio entonces embajador estadounidense Ken Salazar advirtió públicamente, en febrero de 2024, que los aguacates provenientes de huertas ilegales no deberían ingresar al mercado estadounidense. Diversas investigaciones ambientales han documentado la existencia de cientos de huertas irregulares y decenas de miles de hectáreas afectadas por cambios ilegales de uso de suelo.

La pregunta que nadie en la industria parece dispuesto a responder es brutalmente simple: ¿cuántos millones de dólares del llamado “oro verde” fueron generados sobre territorios cuya vocación forestal fue destruida?

A esta devastación ecológica se sumó un problema todavía más inquietante: la criminalización progresiva del negocio.

La industria aguacatera mexicana dejó hace tiempo de ser observada únicamente por economistas y agrónomos. Hoy es objeto de estudios de seguridad nacional, investigaciones académicas internacionales y reportes especializados sobre crimen organizado. Extorsiones, cobro de piso, control territorial, amenazas, secuestros y violencia se convirtieron, lamentablemente, en parte del ecosistema económico de diversas zonas productoras.

La consecuencia lógica terminó llegando desde Washington.

En dos ocasiones recientes, el gobierno estadounidense suspendió temporalmente las inspecciones fitosanitarias después de amenazas y agresiones contra inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. No hay precedente más humillante para una industria exportadora que provocar que funcionarios extranjeros requieran protocolos de seguridad extraordinarios para supervisar la producción.

Cuando los inspectores necesitan protección armada, el problema ya no es agrícola.

Es geopolítico.

La siguiente factura llegó por el frente laboral.

El T-MEC modificó radicalmente la lógica comercial de América del Norte. Hoy no basta con producir más barato o exportar más rápido; ahora es indispensable acreditar respeto efectivo a derechos laborales, libertad sindical, condiciones de trabajo dignas y mecanismos verificables de protección para los trabajadores.

Durante décadas, gran parte del éxito exportador mexicano descansó en costos laborales relativamente bajos y en sistemas de representación sindical cuestionados. El nuevo tratado convirtió esos viejos privilegios en potenciales pasivos internacionales.

La industria aguacatera no será la excepción.

Y después aparece el elemento más peligroso de todos: la confianza.

La APEAM continúa presentándose como garante mundial de calidad, trazabilidad, sustentabilidad e inocuidad. Sin embargo, en los centros de decisión estadounidenses comienza a crecer una pregunta cada vez más incómoda: si existen huertas ilegales, si existe deforestación masiva, si existen territorios bajo presión criminal, si existen cuestionamientos laborales y si inspectores extranjeros han sido amenazados, entonces ¿qué tan sólido y verificable es realmente el modelo mexicano?

La respuesta preocupa porque ya no se trata de un debate ambientalista ni de una disputa política local.

Se trata de un problema de credibilidad.

Y la credibilidad, una vez perdida, cuesta décadas recuperarla.

La revisión del T-MEC encuentra a la APEAM en una posición paradójica. Nunca había exportado tanto, nunca había generado tanta riqueza y nunca había acumulado tanto poder económico. Pero tampoco había enfrentado un entorno internacional tan exigente, tan desconfiado y tan dispuesto a convertir las debilidades estructurales en herramientas de presión comercial.

Durante años, la industria del aguacate mexicano construyó una narrativa triunfalista basada exclusivamente en el éxito financiero.

Ahora enfrenta la parte más difícil de cualquier historia de éxito: explicar cuánto costó realmente llegar hasta ahí.

Porque detrás de cada récord de exportación aparecen preguntas sobre bosques desaparecidos, territorios violentados, mercados concentrados, trabajadores vulnerables y autoridades rebasadas.

El “oro verde” hizo multimillonarios a muchos.

La duda es si también terminará convirtiéndose en uno de los mayores pasivos estratégicos de México en la nueva relación comercial con Estados Unidos y Canadá.