La acometida de Sheimbaum contra Maru

La confrontación desatada por la presidenta Sheinbaum un año antes de elecciones clave, revela cinco puntos esenciales sobre el estado político, moral y democrático de México, en plena polarización.

La Justicia se ha convertido en arma política. Lo primero que salta a la vista es que la ley ya no es igual para todos.

A Maru Campos se le investiga por colaborar con autoridades extranjeras para combatir al crimen; a gobernadores aliados —como Rubén Rocha Moya, acusado de vínculos con cárteles del narcotráfico— se les protege o se les cita, para cubrir apariencias sin consecuencias reales.

El gobierno usa la Fiscalía y las instituciones no para investigar delitos, sino para castigar a la oposición y blindar a los suyos.

La justicia dejó de ser independiente: es una herramienta de control.

Estrategia electoral. Polarizar para ganar

Faltando un año para la elección, no buscan consensos, buscan definir bandos. Presentan a Maru como “traidora a la soberanía” y a ellos, los de Morena como “defensores de la patria”, mientras Sheinbaum se posiciona como “víctima de persecución” y “quien sí combate al narco”.

Queda claro que su plan no es gobernar para todos, sino radicalizar la división. Saben que en un país partido en dos, el que logre que su bando se movilice gana. No les importa el país dividido; les sirve para mantener el poder.

Hay miedo y control sobre los estados

Maru es la gobernadora más fuerte y crítica de la oposición, y Chihuahua es un estado clave, rico y fronterizo. Atacarla es un mensaje para todos: “quien se oponga, será destruido con todo el peso del Estado”.

También se observa un regreso al centralismo más duro. Ell poder federal no respeta la autonomía de los estados. Quieren que todos los gobiernos locales obedezcan, y usan cualquier pretexto para desgastar o sacar de en medio a los que no se someten.

El fondo del conflicto es que ella, Maru, actuó contra el narco, aunque fuera con ayuda externa; el gobierno prioriza la soberanía, pero en la práctica protege a aliados señalados de estar vinculados al crimen.

Así vemos una crisis ética profunda. Se ha invertido el sentido: combatir al crimen se castiga políticamente, y convivir con él se tolera.

La gente percibe claramente: unos están contra la delincuencia; otros, por acción u omisión, la protegen. Esto erosiona cualquier autoridad moral del gobierno.

A la gobernadora Campos, lejos de debilitarla, la han convertido en la cabeza visible más activa de la oposición y en posible candidatura presidencial, justo lo que el gobierno quería evitar. Pero lo más grave: esta pelea nos dice que las elecciones del año próximo no serán una discusión de propuestas, sino una batalla de supervivencia política.

En el nivel nacional es claro que la democracia mexicana está en riesgo: ya no se trata de ganar en las urnas, sino de anular al rival antes de llegar a ellas.

Lo que pasa con Maru Rojas no es un caso aislado: es el síntoma más claro de lo que somos ahora.

Un país donde las instituciones sirven al poder, la ley es desigual, la división se usa como estrategia, y la lucha política ya no es de ideas, sino de destrucción del contrario.

Ella representa lo que queda de autonomía y oposición; el ataque representa cómo el poder busca que ya no quede nada que se le oponga. Y justo antes de votar: nos están diciendo de qué lado debemos estar, sin darnos opción a estar en el medio.