Javier Coello Trejo, el Fiscal del miedo

El peso de la memoria. Un testimonio personal sobre su abuso de poder y la violencia física y psicológica ejercida para llevar a la cárcel al exdirector del Inmecafé, Fausto Cantú Peña

La muerte de Javier Coello Trejo, conocido durante décadas como “El Fiscal de Hierro”, reabre una memoria personal y periodística vinculada a su paso por la Procuraduría General de la República, a sus métodos de presión y a las amenazas que lanzó contra el autor, tras el libro “Café para todos”, publicado por Editorial Grijalbo. Este testimonio reconstruye la aprehensión de Fausto Cantú Peña, exdirector del Inmecafé, y los mecanismos de intimidación física, psicológica, familiar y mediática que, según su propio relato, fueron empleados para doblegarlo y arrancarle una confesión. La evocación final no busca ajustar cuentas con un muerto, sino dejar constancia de una época en la que el poder judicial y policiaco podía operar como instrumento de miedo, castigo y destrucción moral

El 23 de octubre de 1990, el teléfono sonó en mi habitación del Gran Hotel Morelia Misión, cuando la ciudad aún no daba señales de despertar.

El hotel se levantaba entonces en Las Camelinas, el corredor moderno de Morelia que concentraba convenciones, políticos, empresarios y artistas. Esa zona fue el escaparate del poder michoacano durante el final de los ochenta y buena parte de los noventa. Años después el edificio se integraría a la cadena Fiesta Inn.

Yo, en ese tiempo, trabajaba para la oficina especial de prensa del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que hasta hacía poco había estado en manos de Carlos Valles, amigo muy cercano del presidente del CEN del PRI, Luis Donaldo Colosio. El encargo formal era apoyar los comicios extraordinarios de Uruapan.

Contesté aturdido, con la garganta seca y la cabeza todavía pegada a la almohada. Del otro lado reconocí inmediatamente la voz de Francisco García Davish, Paco Davish, periodista inteligente, dueño de un humor ácido, que pintaba algunas veces de negro, y que usaba hasta en situaciones límite.

—Manuel Alberto —me dijo, usando el nombre con el que me llamaba en confianza—, te tengo noticias, una buena y una mala.

Le pedí que dejara las chanzas a esa hora. No lo hizo.

—¿Cuál quieres primero?

—No jodas, Paco —le dije—, ya sabes que no me gustan esas bromas.

—Bueno, primero te doy la mala. La mala es que Javier Coello Trejo fue nombrado procurador esta tarde —me dijo en tono solemne, como quien lee una sentencia ante el condenado al patíbulo. Sentí un vacío terrible en el estómago.

La noticia me golpeaba porque desde hacía meses vivía bajo una presión silenciosa que el propio Coello Trejo había activado. Todo empezó en 1989, luego de que la editorial Grijalbo publicó Café para todos, mi libro sobre Fausto Cantú Peña, entonces ya exdirector del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé).

En ese texto relaté varios episodios vinculados a Coello Trejo y los métodos que se le atribuían en sus años dentro de la Procuraduría General de la República. Narraba que utilizaba golpes, presiones físicas, amenazas y procedimientos brutales para arrancar confesiones.

Después de la publicación del libro, ocurrió el episodio que desató mi preocupación. Coello Trejo regresaba a México en un Lear Jet de la PGR, acompañado por funcionarios de comunicación social y algunos periodistas afines. Alguien, durante el trayecto, tragos de por medio, le comentó que en mi libro aparecían referencias directas a él y a sus métodos.

Su reacción fue inmediata y explosiva. Según me contó después un colega pasajero de aquel vuelo, Coello Trejo soltó una amenaza textual: “Ya lo leí, y esto no se le va a quedar así; este hijo de la chingada me las va a pagar; voy a cobrárselas”.

Quienes escucharon la frase sabían que no era un arranque verbal sin consecuencias. Coello Trejo tenía poder real, relaciones políticas, influencia policiaca y acceso a estructuras capaces de arruinarle la vida a cualquiera.

Al aterrizar en la Ciudad de México, alguien de su propio entorno tuvo la decencia de llamarme al diario Unomásuno para advertirme. Me lo dijo muy claro: la amenaza iba en serio, pues él lo conocía bien.

Desde entonces tomé precauciones. Le comenté entonces el caso a Manuel Alonso, director de Comunicación Social de Presidencia, y luego a Manuel Becerra Acosta, director del diario, quien intentó tranquilizarme. Me dijo que situaciones así les ocurrían a menudo a los periodistas incómodos, pero que él mismo lo trataría con Presidencia.

Sin embargo, el temor no desapareció del todo. Cuando Becerra fue exiliado a España, yo salí poco después del diario y acepté la invitación de mi amigo el senador colimense Roberto Anzar para trabajar en comunicación social del CEN del PRI en Michoacán. Allí involucré a Paco Davish, que con el tiempo radicaría definitivamente en el estado, se casaría, tendría hijos y se convertiría en director de Quadratín. Yo, en cambio, regresaría después a la Ciudad de México.

Durante mi estancia en Michoacán procuraba no moverme solo, sobre todo en zonas donde ya se sentían señales fuertes de narcotráfico y delincuencia organizada. Revisaba los vehículos antes de subir. Temía un montaje policiaco o que me sembraran droga; cuando entraba a la habitación del hotel, procuraba hacerlo acompañado por alguien del servicio. Vivía siempre alerta.

Por eso, la llamada de Davish esa madrugada me sacudió hasta el centro del pecho. Mientras yo procesaba el nombramiento en silencio, él dejó pasar unos segundos y completó finalmente la frase, seguida de una estruendosa carcajada al otro lado de la línea. Seguramente se divertía con mi azoro; disfrutaba mi abatimiento:

—La buena noticia es que lo nombraron procurador… pero de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Respiré. En silencio le menté la madre mil veces.

—Eres un cabrón —le dije.

La tensión no desapareció del todo, pero bajó de golpe, pues no era lo mismo imaginar a Coello Trejo controlando estructuras policiacas, ministerios públicos y agentes federales, que verlo al frente de una dependencia de básculas, precios y conflictos mercantiles.

Colgué. Me serví un whisky. No pude dormir.

Javier Coello Trejo había construido su fama pública como “El Fiscal de Hierro”. Participó en investigaciones de repercusión nacional, encabezó operativos mediáticos y se convirtió en una figura temida dentro del aparato judicial mexicano. También acumuló polémicas, acusaciones de abusos y una reputación ligada a los métodos duros del viejo sistema.

La aprehensión de Fausto Cantú Peña, confesar bajo el miedo

La aprehensión de Fausto Cantú Peña, titular del Inmecafé, el 25 de abril de 1978 en el aeropuerto de la Ciudad de México —tal como la narré en mi libro Café para todos—, había revelado una operación de quebranto moral, físico y psicológico, antes que una diligencia judicial destinada a esclarecer hechos. Desde su llegada a las instalaciones cercanas al Conjunto Pino Suárez, el procedimiento había adquirido rasgos de encierro clandestino: puerta de hierro, cuarto diminuto, pérdida de la noción del tiempo, despojo de cinturón, lentes y pertenencias. Antes de cualquier declaración formal, ya había sido colocado en una atmósfera diseñada para reducir su resistencia.

Javier Coello Trejo apareció en aquel episodio como agente especial del Ministerio Público Federal, pero su actuación, rebasó el perfil de un funcionario investigador. Cantú Peña lo describió alto, obeso, irónico, dueño de una presencia autoritaria. Cuando le preguntó por qué estaba detenido, Coello Trejo respondió: “Ya va a saberlo. A su debido tiempo lo sabrá, licenciado…”. La frase no aclaraba nada; anunciaba que el detenido quedaba sometido a una voluntad superior.

La primera presión directa llegó revestida de insulto. Coello Trejo acusó a Cantú Peña de haber señalado en la prensa al subsecretario de Inspección Fiscal en la Secretaría de Hacienda, Oscar Reyes Retana, como contrabandista, quien lo llamó “pillo”, “ratero” y asociado con cafetaleros. Luego fue al centro de la intimidación: “Licenciado, usted ya se chingó, va a tener que confesarme todito y a firmar su declaración”. En esa escena, la confesión no aparecía como resultado de una investigación legal, sino como una meta previamente decidida.

Cantú Peña intentó defenderse. Respondió que no había acusado a Reyes Retana, que no era pillo ni ladrón. La respuesta de Coello Trejo confirmó el rumbo del interrogatorio: “Ya verá cómo termina diciéndome que sí es un ratero y un contrabandista. Aquí va a confesarlo todo”. Esa frase mostraba una lógica de rendición anticipada: el detenido podía hablar, pero su palabra ya estaba derrotada de antemano.

Después vino el encierro en condiciones calculadas para quebrarlo. Cantú Peña permaneció sin comer, sin dormir, sometido a una luz constante y a ruidos repetidos. Los vigilantes golpeaban los barrotes con una barra de metal y jalaban la palanca del excusado en una secuencia que él percibió como “muy bien estudiada para debilitar y crispar aún más los nervios”. La presión no se ejercía sólo con preguntas; también con el espacio, el ruido, la luz y el desgaste corporal.

La escena de los tehuacanes agregó un elemento de amenaza física. Coello Trejo ordenó que trajeran botellas de agua mineral porque, según dijo, al licenciado “le iba a dar sed al rato”. Los agentes agitaron las botellas, dejaron escapar el gas e hicieron bromas sobre ponerles salsa. Cantú Peña sabía que el agua mineral gasificada podía usarse como instrumento de tortura para precipitar confesiones. La sola insinuación bastaba para agravar el miedo.

Al mismo tiempo, desde algún punto cercano llegaban quejidos y golpes: “Jummmmmm…, passs, pummm…”. El efecto psicológico era evidente. Cantú Peña no necesitaba ver lo que ocurría; escucharlo bastaba para imaginar que su turno llegaría pronto. En ese ambiente, la amenaza se convertía en preparación mental para el castigo.

Uno de los momentos más reveladores ocurrió cuando Coello Trejo se acercó de nuevo a la celda, metió los enormes brazos entre los barrotes y mencionó a otros personajes que, según él, habían pasado por el mismo sitio. Le dijo que allí habían estado Eugenio Méndez Docurro, Alfredo Ríos Camarena y Félix Barra García, y remató: “Ellos eran más gallones que usted, más chingones y confesaron todo”. El mensaje era preciso: otros hombres con más poder habían sido vencidos; Cantú Peña no debía imaginar que podría resistir.

La advertencia se volvió explícita cuando Coello Trejo añadió que “ya hay consigna” y que tendría que firmar “a güevo”. Luego señaló a policías enormes y le dijo que no creía que fuera a permitir que éstos le “partieran su madre”. La escena, por sí sola, concentraba el método: una combinación de superioridad física, lenguaje brutal, presión institucional y certeza de impunidad.

La violencia también operó fuera de la celda. Antes de que Cantú Peña rindiera declaración, escuchó en radio o televisión que su culpabilidad ya se daba por hecha. Se decía que había sido detenido en Acapulco, que era contrabandista, defraudador fiscal y responsable de haber robado millones de pesos al gobierno. La condena pública precedía al expediente. Como lo dejó dicho: “A través de los medios de comunicación se me había condenado ya, sin haber siquiera rendido mi declaración”.

En las oficinas, la presión continuó bajo otra forma: acumulación de papeles, supuestas pruebas, acusaciones fiscales, señalamientos sobre su patrimonio, viajes, gastos y vínculos con cafetaleros. Coello Trejo hablaba de corrido y en tono amenazador, acompañado por agentes de la policía judicial, ministerios públicos y funcionarios de Hacienda. El director del Inmecafé no fue interrogado en sentido estricto; fue rodeado por una maquinaria que buscaba hacerlo aceptar una versión ya construida.

La exigencia económica abrió uno de los pasajes más graves. Después de horas sin alimento ni descanso, Coello Trejo propuso una salida: “Licenciado, afloje un millón de dólares y se acabó todo”. Luego insistió: “Usted consiga la lana con su familia y amigos y le aseguro que saldrá pronto”. Cantú entendió aquella demanda como “un rescate disimulado” a cambio de su libertad. El lenguaje de la procuración de justicia se confundía ahí con el del cautiverio.

Durante todo ese proceso, Cantú pidió un abogado. Lo exigió varias veces. El abogado nunca llegó. La declaración, según el relato, fue dictándose y redactándose de manera mañosa, entre cigarros, falsas amabilidades e irónicas promesas. Cuando le presentaron el documento para firmarlo, se negó. Volvió a pedir defensa. Como respuesta, lo llevaron otra vez a la celda.

El golpe final llegó mediante la familia. Un hombre enorme, descrito como escogido especialmente para intimidar, le dijo que ya tenían a su esposa y a sus hijos. Luego lanzó la amenaza más brutal: “Le pongo dos chingadazos a los chamacos y ya verá cómo usted confiesa hasta las canicas que se robó de chiquito…”. Esa frase derrumbó la resistencia que no habían logrado vencer del todo el encierro, el hambre, el sueño, los insultos ni las acusaciones.

Cantú Peña firmó entonces bajo quebranto absoluto. Cuando Coello Trejo regresó y le preguntó si ya iba a firmar, respondió: “Le voy a firmar lo que quiera, pero no toquen a mi familia”. En esa escena quedó condensado el papel violatorio de derechos humanos que atribuí a Coello Trejo en Café para todos: incomunicación, ausencia de defensa, presión psicológica, amenaza física, utilización de medios para condenar de antemano, exigencia económica bajo cautiverio y destrucción de la voluntad de un hombre mediante el miedo a que lastimaran a su esposa y a sus hijos.

El desplome del “Fiscal de Hierro”

Con la salida de Coello Trejo de la PGR, el presidente Carlos Salinas de Gortari intentó con ese movimiento oxigenar su gabinete y contener los daños colaterales que dejaba el paso de Coello Trejo por la dependencia.

El historial de abusos era grave: la Policía Judicial Federal y sus escoltas acumulaban acusaciones por tortura, detenciones arbitrarias, abusos sexuales y extorsión.

Entre 1989 y principios de 1990, al menos cuatro agentes de la Policía Judicial Federal adscritos al equipo de seguridad de Javier Coello Trejo fueron acusados de violaciones tumultuarias, robos y secuestros. Las víctimas —más de una decena de mujeres jóvenes de entre 19 y 24 años—, fueron interceptadas por vehículos oficiales en Tlalpan y Coapa. Los agresores portaban armas y se identificaban como agentes federales. La prensa bautizó el escándalo como el caso de “Los violadores del sur”. La indignación pública creció rápido, y con ella las críticas a la PGR por lentitud en las investigaciones.

Coello Trejo no enfrentó acusaciones directas por la participación de su personal en los abusos. Su responsabilidad como superior inmediato quedó en el centro del cuestionamiento. Sus escoltas actuaron durante meses sin control institucional aparente, pero las primeras pesquisas mostraron signos de protección. El escándalo, sumado a otras críticas sobre su gestión antisecuestros, precipitó su traslado a la Procuraduría Federal del Consumidor en octubre de 1990. La prensa leyó ese movimiento como un reacomodo político. Poco después, dejó la Profeco, al cabo de unos cuantos meses. Alegó razones personales, empero, el peso de los escándalos ya había cerrado su paso por los altos puestos del servicio público federal.

La recién creada Comisión Nacional de Derechos Humanos, encabezada por Jorge Carpizo, documentó las atrocidades cometidas por los subordinados del mal llamado “Fiscal de Hierro”. La confrontación entre ambos funcionarios evidenció una fractura dentro del propio gobierno, de ahí que el costo político resultó insostenible.

El descrédito internacional y la presión de la prensa nacional convirtieron a Coello Trejo en un pasivo para el proyecto salinista y la Profeco fue un refugio temporal para diluir la crisis mediática.

Su gestión al frente de la dependencia —que asumió el mismo día en que fue destituido de la Subprocuraduría de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico—, solo duró diez meses. Cuando el escrutinio no cedió, Salinas operó su salida. El 10 de agosto de 1991, le entregó el cargo a Alfredo Baranda García.

Después vino el exilio. La administración salinista le exigió abandonar el país con el argumento de que la incipiente guerrilla chiapaneca planeaba secuestrarlo. Coello Trejo salió, regresó tiempo después y se dedicó a litigar desde su despacho privado. Nunca volvió a ocupar un cargo público de primer nivel.

Este domingo él murió. Tenía 77 años, o 78 según la fuente que se consulte. La noticia no apareció a ocho columnas en primera plana, pero circuló y permeó entre los periodistas y muchos mexicanos de diversos estratos que todavía recordamos su nombre, asociado al miedo.

Ambos nos encontramos algunas veces después en actos públicos; Coello Trejo sabía quién era yo, pero nunca hubo un saludo y menos conversación. Fausto Cantú, me comentó que se lo encontró años después a bordo de un avión con destino a Chiapas. Él intentó saludarlo, ser amable, estrecharle la mano, pero Cantú Peña se resistió, lo dejó con la mano extendida y siguió su camino hasta encontrar su asiento.

Hoy, al saber que Coello Trejo murió, vuelvo en mis recuerdos hacia aquella madrugada de octubre de 1990 en Morelia; revivo el teléfono sonando en la oscuridad, la voz de Paco García Davish, el sobresalto, el whisky inútil y el alivio parcial de que Javier Coello Trejo fuera nombrado procurador del Consumidor, no del que con la mano en la cintura podía apresar a quien quisiera y meter preso a un periodista.

—¿Ya le perdonaste sus agravios? —le pregunté alguna vez, pasados los años, a Fausto Cantú Peña, antes de su fallecimiento, el 26 de febrero de 2021.

 —Mira, ya he aprendido a no guardar rencor contra esa gente que me dañó, se aprovechó, laceró mi familia, a mi mujer y a mis hijos, y no vaciló en utilizar la fuerza de las amenazas directas para perjudicar a mis hermanos, mis tíos y destruyó mi labor a favor de los campesinos cafeticultores y arrasó con mi integridad.

El perdón —me explicó—, no nacía de olvidar los golpes, las amenazas o el ensañamiento judicial que sufrió en los interrogatorios y durante todo su encarcelamiento en el Reclusorio Norte por casi cuatro años, sino de una certeza práctica, porque el rencor —repitió—, prolonga el daño y convierte a la víctima en rehén voluntario de su propio agresor.

Coello Trejo, visto desde la distancia y al paso del tiempo, era ya un hombre atrapado en un sistema que premiaba la brutalidad como eficacia, aunque ahora tampoco esos métodos han cambiado; sólo se han estilizado, perfeccionado. Perdonarlo no significaba absolver sus crímenes, sino liberarse de la obligación de odiarlo.

La muerte, aseguran, iguala a todos. Pero antes de que llegara esa hora, Cantú Peña prefirió quedarse con el concepto filosófico de no parecerse, ni condenar a quien lo torturó.

—¿Y tú? —me reviró él—. ¿Ya perdonaste a tu paisano por sus amenazas, por lo que pudo hacerte al haber publicado el libro?

—No, Fausto, yo no.  En todo caso, que lo perdone el creador.