Viajar hasta el municipio de Badiraguato, Sinaloa, para saludar a la madre de “El Chapo”, no sólo es una imprudencia del presidente sino una ofensa para los mexicanos, para el país, para las familias de miles de muertos por el crimen organizado y la violencia y, sobre todo, para una sociedad lastimada por los estragos del mal gobierno de López Obrador.
Y es que nadie se traga el espantajo de que el encuentro entre la madre de El Chapo y el presidente mexicano fue una casualidad.
No, en realidad tiene todos los ingredientes de compromiso pactado con antelación, que exhibe el tamaño del sometimiento del presidente mexicano al interés de la familia del narcotraficante más buscado en todos los tiempos.
Lo cierto es que no sólo se trataba de que el presidente cumpliera el acuerdo de estar en Badiraguato justo en la fecha del onomástico de “El Chapito”, sino que debía quedar constancia del encuentro, para que todo el mundo se entere de quién manda en México.
Es decir, que el acuerdo incluía el compromiso de guardar testimonio del mismo para hacerlo público, para que el “jefe de jefes”, conocido como “El Chapo”, se enterara en su celda, que López Obrador cumplió su parte.
Por eso las preguntas.
¿Qué pactó el presidente mexicano con el mayor criminal de la historia? ¿Qué hay detrás del encuentro público entre la madre de El Chapo y López? ¿Es creíble la supuesta carta, revelada por la vocería de Palacio, luego de más de 22 mil mentiras presidenciales? ¿De qué tamaño son los compromisos del presidente con la familia del narcotraficante, como para liberar al “Chapito”, solapar la boda de la hija de “El Chapo”; para facilitar la fuga del “contador” del narcotraficante y para ayudar a la familia con visas y pasaportes?
Lo que queda claro, más allá de que el presidente responda o no las interrogantes arriba planteadas, es que existe un pacto, un acuerdo o un negocio entre el presidente mexicano y el mayor criminal de la historia.
Y ese acuerdo, de la naturaleza que sea, coloca al de López Obrador en calidad de “narcogobierno”. ¿Por qué?
Porque el gobierno de Obrador es rehén del más poderoso cártel de las drogas en la historia. Sí, rehén de “El Chapo” Guzmán y de su familia.
Pero esa no es ninguna novedad. Lo cierto es que desde antes del arranque de la campaña presidencial de Obrador –el 15 de febrero de 2017, en el Itinerario Político titulado ¿Financia el “narco” a Morena?–, dijimos que eran “muchas las evidencias de que dinero del narcotráfico está presente en la campaña presidencial del candidato de Morena”.
Más aún, en media docena de entregas del Itinerario Políticos volvimos al tema ya que, a los ojos de todos, sorprendía la cantidad ilimitada de dinero que manejaban los operadores de la campaña de López Obrador.
La más reciente entrega sobre el tema data del 5 de febrero del 2020 y llevó el título siguiente: “Silencio de AMLO ante el otro “culiacanazo””.
En esa ocasión nos referimos a la complicidad oficial ante la fastuosa boda de una hija de Joaquín, “El Chapo”, Guzmán, el mayor narcotraficante de la historia, que se llevó a cabo en la Catedral de Culiacán y que contó con la protección federal.
Y es que, a los ojos de todos, el enlace matrimonial convocó a no pocos de los más buscados criminales y narcotraficantes, los que contaron no sólo con vigilancia del Ejército, sino con la complicidad del gobierno de Obrador.
Ese 5 de febrero concluimos con la siguiente pregunta: “¿Será el de AMLO un “narcogobierno”?. Al tiempo”.
Y, en efecto, siempre puntual, el tiempo parece darnos la razón. Y la confirmación estuvo a cargo del propio presidente Obrador quien, como ya se dijo, el domingo 29 de marzo acudió al municipio de Badiraguato, Sinaloa, a un encuentro con la familia de “El Chapo”.
Pero no es la primera ocasión en la que López Obrador es obsequioso con la familia de Guzmán Loera. La primera fue el 29 de enero de 2019, cuando con ayuda oficial escaparon tres reos, del Reclusorio Norte, vinculados al Cártel de El Chapo, entre ellos el contador de criminal. Luego, el 17 de octubre del mismo año fue liberado Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo.
El 25 de enero del 2020, recibió protección oficial la boda de una hija de narcotraficante y, en junio de 2019, López Obrador se dijo “conmovido” por la cadena perpetua dictada a “El Chapo”.
En efecto, la imprudencia presidencial ofende no sólo a los miles de muertos a manos de la banda criminal de Guzmán Loera, sino a las familias de miles de policías, militares y marinos muertos por esa banda; ofende a la sociedad que, frente a la pandemia, no tiene gobierno y ofende al Estado todo, a la nación entera, porque con su incompetencia y estulticia, el presidente mexicano lleva a México al despeñadero.
Y si, es tiempo de que López Obrador deje el puesto, por su notoria incompetencia.
Al tiempo.