Itinerario político/Ricardo Alemán

         Todos los días –a pesar del enojo social–, el presidente mexicano reitera que no cambiará su estrategia de seguridad y combate al crimen organizado.

         Pero también todos los días crecen el número de hechos violentos, crece el nivel de la violencia y la cantidad de víctimas mortales. Hoy suman más de 32 mil los muertos por violencia y se calcula que durante el primer año del nuevo gobierno la cifra llegue a 35 mil víctimas; una cifra de guerra.

         Sin embargo parece que el presidente Obrador no entiende que al reiterar a diario que no cambiará de estrategia y que no perseguirá a los poderosos grupos criminales, en realidad lo que hace es promover que se disparen los niveles de violencia y crimen.

         ¿Por qué?

         Porque el mensaje que envía el mismísimo presidente a los grupos criminales –sea a las poderosas bandas organizadas sea el ladronzuelo de barrio–, es que en el gobierno de López Obrador se promueve y estimula “el negocio del crimen”, en todas sus formas.

         Por eso, desde el primer día del gobierno de Obrador se dispararon no sólo las cifras de muertes violentas –que en promedio rebasará las 35 mil muertes en el primer año–, sino todos aquellos delitos considerados graves.

         Y es que desde los tiempos de campaña, el entonces candidato López Obrador avisó a los grupos criminales y a las bandas organizadas que el suyo –de ganar la presidencia–, sería un sexenio de Jauja para el crimen.

         Y el aviso llegó no sólo a los votantes sino a los barones del crimen, sobre todo cuando López Obrador recorría el país con la promesa de amnistía a los grandes jefes del crimen.

         Ya con López Obrador convertido en presidente, vino la etapa de prueba de los grupos criminales.

         ¿Una etapa de prueba?

         En efecto, en México y el mundo, los criminales organizados siempre ponen a prueba a los gobiernos que llegan. Se trata de un periodo de tiempo en el que los verdaderos jefes de las bandas miden, calculan y deciden a partir de la fuerza del nuevo gobierno; sean gobiernos municipales, estatales o el propio gobierno federal.

         Se trata de una suerte de aplicación de la Tercera Ley de Newton.

         Es decir, que a toda acción del gobierno de López Obrador, corresponde una reacción de los grupos criminales, pero en sentido contrario.

         Vamos a los ejemplos. Si el gobierno entrante se fortifica, si impone nuevas y modernas estrategias de combate al crimen y si fortalece el fin de la impunidad y muestra acciones ejemplares de castigo a criminales de renombre, las bandas se repliegan, se reagrupan, diseñan nuevas estratagemas para seguir con sus negocios, pero escapando de la fuerza del Estado.

         Es decir, si el gobierno encarece el negocio del crimen, en todas sus formas, el resultado es que desestimula la proliferación criminal.

Además, si combate la impunidad y eleva los castigos a los criminales, cierra aún más la brecha. Pero si el Estado ataca los centros financieros de los grupos criminales, incluso puede desaparecerlos.

Pero en el gobierno de López Obrador es todo lo contrario. ¿Lo dudan?

1.- El primer mensaje de impunidad lo mandó desde la promesa de Amnistía, la cual se otorgó, en la práctica, en el “caso Culiacán”.

2.- Apenas iniciado el gobierno, dijo que la estrategia eran “los abrazos, antes que los balazos”. El mensaje era que el gobierno tendía la mano a los criminales.

3.- El presidente Obrador se encargó de darle propaganda al trato amigable con la familia de “El Chapo”.

4.- Por orden presidencial se canceló la política de incautación de drogas duras. Hoy nadie incauta nada.

5.- En Ciudad de México se dio un ejemplo del perdón oficial a los grandes cárteles, al liberar a una veintena de detenidos de la Unión de Tepito.

          6.- El mayor ejemplo se produjo, sin embargo, en el Operativo Culiacán, en donde se dejó en libertad al menor de los hijos de El Chapo

         7.- El presidente prometió que no habría más matanzas, luego de cada matanza. Hoy las masacres son cotidianas; la más cuestionable la ocurrida en la frontera entre Durango y Chihuahua, contra la familia LeBarón.

         Los mensajes son claros; el gobierno de López Obrador parece aliado de los grupos criminales.

         Pero el mayor riesgo que ven no pocos especialistas es que ese nuevo aliado del presidente tome sus manos el exterminio de adversarios y críticos del poder.

         Entonces asistiríamos al fin del Estado y a la muerte de la democracia.

         Al tiempo.