Indicador político/Carlos Ramírez

El presidente Joseph Biden llevó en su cartera de asuntos pendientes a la X Cumbre del Tratado Comercial México-EU-Canadá el tema del narcotráfico y sobre todo el ingreso a territorio estadounidense y consumo del fentanilo, una de las drogas más letales que ha provocado más de 200,000 fallecidos por sobredosis en los últimos dos años.

El fentanilo proviene de México y China y tiene una enorme necesidad en el sector médico porque se usa como droga legal contra el dolor como la morfina, pero su circulación ha crecido en las calles de manera ilegal y se usa como droga entre los adictos. Recientemente el periódico San Diego Union publicó un reporte sobre el consumo de la droga en la zona fronteriza de California y lo ilustró con fotografías de usuarios que caminan como zombies en las calles y de zonas urbanas donde van los consumidores a morir.

El tema de la droga ha dejado de ser un asunto de nota policiaca que suele ser desdeñada en los periódicos europeos. El problema es mucho mayor: político, social, bilateral y sobre todo –y de manera sobresaliente– de corrupción.

Las evaluaciones de la DEA –agencia antinarcóticos de EU– de 2005 a la fecha revelan uno de los problemas más importantes que ha enfrentado a Estados Unidos con México: el contrabando de drogas atraviesa la frontera entre las dos naciones y se distribuye con facilidad de los 50 Estados americanos. Pero el tema más importante radica en el señalamiento de esa oficina: nueve cárteles del narcotráfico mexicanos controlan el contrabando, la distribución dentro de EU, la venta en las calles en más de 3,000 ciudades y el lavado de dinero, convirtiendo el tema de la droga en la prioridad número uno de seguridad nacional, de salud pública y de política exterior de la Casa Blanca.

El problema del narcotráfico en Estados Unidos tiene su principal motor en un hecho que el gobierno estadounidense reconoce, pero contra el cual no tiene ninguna estrategia agresiva: el consumo de drogas en la población estadounidense es del 9%, pero medido solamente por la atención como adicciones en el sistema de salud; sin embargo, algunas encuestas de consumo revelan que poco más del 70% de la sociedad estadounidense solicita las drogas para consumo personal, pero quedan fuera de la contabilidad oficial porque no generan atención de adicciones en el sistema público de salud, aunque sí en la comunidad privada de hospitales.

Ahí está el centro del problema: atender la demanda de casi 30 millones de personas que consumen drogas en situación de adicción medica genera una demanda que ha multiplicado a las bandas criminales dedicadas a la producción, tráfico y distribución de drogas; y el número de consumidores fuera del sistema de salud crece por aquellos que usan una vez o muchas veces las drogas sin llegar a oficinas policiacas ni a hospitales públicos.

El economista y premio Nobel Milton Friedman llegó a solicitar la legalización de la droga a partir de la ley económica que señala que la demanda determina la oferta, pero abriendo el debate no asumido en Estados Unidos de que se tiene que controlar la demanda de droga si se quiere disminuir los altos grados de solicitud de enervantes de consumidores que acuden a cualquier mecanismo para tener acceso a las drogas y que prohíjan a las bandas de narcos.

El gobierno norteamericano, sin embargo, se ha negado a luchar de manera directa contra las drogas, a partir del criterio del derecho de las personas a usarlas sin prohibiciones radicales, aunque castigando apenas el tráfico.

El tema de las bandas que trafican y venden la droga es un problema de seguridad nacional y de política exterior. Los reportes de la DEA señalan que nueve cárteles mexicanos han establecido células crecientes dentro del territorio estadounidense y son las que controlan el contrabando y la distribución de drogas y sobre todo dominan la venta al menudeo en las calles estadounidenses, pero sin que hasta la fecha haya existido algún operativo directo para combatirlas y cancelarlas. Las administraciones americanas se han conformado con el encarcelamiento de algunos grandes capos del narco –entre ellos el famoso Chapo Guzmán y recientemente su hijo Ovidio Guzmán López–, pero sin desarticular la estructura criminal de los cárteles dentro de Estados Unidos.

En 2011, el presidente Barack Obama se sacó una carta de su chistera: la culpa del tráfico de drogas en Estados Unidos y el consumo es de los cárteles mexicanos en México y creó entonces un programa para combatir a las “organizaciones criminales trasnacionales”, exigiendo a México la persecución y desarticulación de cárteles, pero sin ninguna acción contra las células de esos grupos criminales mexicanos que están asentadas dentro del territorio estadounidense.

La víspera de la llegada del presidente Biden a México a la X Cumbre del Tratado México-EU-Canadá, el gobierno mexicano arrestó con fines de extradición a Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo y encargado del área de producción y contrabando de fentanilo, pero sin tomar ninguna decisión para desmantelar al Cártel de Sinaloa; es decir, encarcelaron al jefe, pero dejaron funcionando la estructura de producción y tráfico de drogas.

Mientras el Gobierno de Estados Unidos no decida combatir el consumo de drogas entre su sociedad y siga asumiendo el enfoque del derecho al consumo, el número de afectados por la droga seguirá creciendo, pero de manera sobresaliente esa demanda se convertirá en factor de oferta por parte de los cárteles actuales o de otras bandas que tengan facilidad para conseguir la droga y distribuir la pared consumo al menudeo.

Por los daños que está generando el consumo de fentanilo, la droga se está convirtiendo en un nuevo jinete del apocalipsis americano.

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