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Pese a compromisos, el Plan

Michoacán no tendrá éxito

El principal problema que enfrenta el Plan Michoacán 3.0 no tiene que ver con el entusiasmo voluntarista del Poder Ejecutivo federal para recuperar confianza después del asesinato-mensaje el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sino que está montado sobre el fracaso de los planes 1.0 y 2.0 y se moverá en las estructuras sociales, políticas, económicas y burocráticas que están copadas o en el peor de los casos atoradas por las bandas delictivas a las que hay que combatir.

Los planes parciales ya demostraron su ineficacia. Por ejemplo, el programa de emergencia para Sinaloa ha tenido que mantener en el poder al gobernador Rubén Rocha Moya que aparece revelado con datos duros como aliado del Cártel de Sinaloa, incluyendo el incidente que propició el secuestro ilegal de Ismael El Mayo Zambada para entregarlo a Estados Unidos.

Y el problema de fondo en toda la territorialidad burocrática donde opera sin contrapeso el crimen organizado, los presidentes municipales aparecen aliados por miedo o complicidad a las bandas delictivas, sin que los gobernadores tengan voluntad o fuerza para apoyar una estrategia de destrucción de las organizaciones criminales.

El Plan Michoacán 3.0 enfrenta obstáculos muy concretos:

1.- El problema no es estatal, sino nacional porque los tres grandes cárteles que han desplazado al Estado de sus instituciones tienen su sede en otras partes de la República y las delegaciones estatales siguen funcionando aún con capos intermedios detenidos.

2.- Los grupos delictivos en Michoacán no llegaron ayer, sino que tienen alrededor de 30 años de estar operando de manera creciente en todas las estructuras sociales y de gobierno.

3.- Los funcionarios municipales, estatales y federales son cómplices por comisión o por omisión del asentamiento criminal y no hay nada en el Plan 3.0 para limpiar esas estructuras.

4.- Los alcaldes michoacanos se han aliado a la delincuencia y las policías municipales y estatales son parte de la estructura criminal.

5.- El único camino que tiene el Estado federal para recuperar el control de la soberanía territorial en Michoacán es una guerra letal contra las bandas delictivas, porque ninguna aceptará la propuesta de López Obrador de abandonar de inmediato la droga o los delitos la extorsión y dedicarse a la siembra. Son organizaciones criminales preparadas para la guerra territorial.

6.- No se conoce --si acaso existe-- un diagnóstico gubernamental de la inseguridad que haya sido redactado antes del asesinato del alcalde Manzo, ni se han circulado recompensas de los principales capos, ni se sabe si existen comandos gubernamentales dedicados a la captura, ni tampoco se tiene clara la zona de influencia de los delincuentes.

7.- El problema de fondo de la inseguridad de Michoacán no está solo en los capos, sino las estructuras de los cárteles y bandas delictivas que están incrustadas en la sociedad, y ahí tampoco está claro el papel del Plan 3.0.

8.- El gasto social es importante pero solo tiene influencia a nivel de ingreso salarial indirecto coyuntural, sin afectar la pobreza multidimensional que es la que orilla a las personas empobrecidas a aliarse con los narcos. El gasto solo en asignaciones directas será complementario a los muchos mayores ingresos que proporcionan los cárteles.

9.- El modelo de polos de desarrollo solo tiene que ver con la infraestructura territorial y de servicios, pero sin ningún pacto concreto con empresarios y trabajadores que tendrían que arriesgarse a trabajar en zona de dominio criminal y menos si a la vista se tienen los asesinatos y amenazas de productores agrícolas.

10.- Una propuesta de profundidad del Plan Michoacán 3.0 requería previamente de estructuras políticas y de gobierno municipales y estatales ajenas a las actuales autoridades, sobre todo si no existe --o es un documento ultra secreto-- alguna evaluación gubernamental de seguridad interior que haya identificado los perfiles políticos en los tres niveles de gobierno sobre las autoridades municipales, estatales y hasta federales que aparecen como responsables por comisión o por omisión del creciente dominio criminal en el estado y en otros estados de la República.

Pero antes de suscribir el plan Michoacán 3.0, las autoridades federales estaban obligadas a presentar en público un diagnóstico de las razones reales, burocráticas, administrativas y operativas del fracaso de los planes 1.0 y 2.0, pero en términos de seguridad e inteligencia y no con dardos verbales en contra de Calderón Hinojosa y Peña Nieto.

Y por razones obvias, se esperaba que el Plan 3.0 también ofreciera un diagnóstico crítico del fracaso de la estrategia de seguridad pública del Gobierno del presidente López Obrador, porque lo que se pueda hacer a partir del domingo 9 de noviembre de 2025 tendrá que partir del reconocimiento de lo que falló y no funcionó en planes anteriores.

Así que el Plan Michoacán 3.0 no debería ser un proyecto político y mediático para evitar que la irritación popular estatal se convirtiera en voto contra Morena.

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