Indicador político

Frente Opositor y la crisis que

viene por las firmas electorales

Las trece furtivas corcholatas opositoras están incubando un problema político que podría reventar el proceso engañoso de elecciones preprimarias: la obligación de presentar una base mínima 150,000 firmas de apoyo provenientes de cuando menos el 75% de las entidades de la República.

La acreditación de firmas fue uno de los obstáculos más insalvables del modelo de candidaturas independientes en las elecciones del 2018, al grado de que llevaron a la cárcel al gobernador regiomontano Jaime Rodríguez Calderón y desbarrancaron a la candidata expanista Margarita Zavala.

La corcholata Xóchitl Gálvez anunció de manera oficial que rebasó con mucho el acopio de firmas, pero los primeros indicios revelan la inexistencia de mecanismos probatorios de la identidad, es decir, no todas llevan los requerimientos obligatorios de credenciales certificadas de elector, aunque los tres partidos el frente opositor no usarán los filtros estrictos del INE para certificar la veracidad de las identificaciones.

Las otras corcholatas –Santiago Creel Miranda, Enrique de la Madrid Cordero, Beatriz Paredes Rangel y Miguel Ángel Mancera– están entrampadas en el acopio de firmas porque se requiere de infraestructura numerosa para abrir módulos de registro y controlar las inscripciones.

El otro problema con las firmas radica en el hecho de que no se trata de un filtro riguroso para acreditar una candidatura, sino de un engaño de las dirigencias del PRI, el PAN y el Partido de los Chuchos para ocultar uno de los problemas más importantes en las organizaciones partidistas legales: la ausencia de padrones con reconocimiento legal del INE vía las credenciales de elector. Es obvio que las principales corcholatas opositoras tienen más que reconocida presencia pública que iría mucho más allá de la aduana de las 150,000 firmas.

La alianza opositora está engañando a la ciudadanía con un proceso que dice ser un modelo de elecciones primarias al estilo norteamericano, aunque en Estados Unidos se trata de un mecanismo oficial, legal y bajo control, pero también abierta a la ciudadanía.

En México no habrá elección primaria, sino un mecanismo de intermediación: improvisar un padrón a través de las firmas presentadas por los precandidatos para elegir electores, es decir, como en el siglo XIX, se designarán electores que a su vez tengan la responsabilidad de elegir al candidato opositor. Se trata, pues, de una elección indirecta basada en listas de presuntos electores proporcionadas por los precandidatos y no una elección primaria abierta de representación plural.

En este sentido, el o las precandidatos o precandidatas que acarreen más firmas tendrá más posibilidades de que sus seguidores le den la mayoría de los votos; y en este punto existe también ya de antemano una parcialidad para que la precandidata del empresario Claudio X. González, la senadora panista/no-panista Xóchitl Gálvez, recoja el mayor número de firmas y con ello se coloque por delante de una elección interna de suyo inequitativa.

Y copiando el modelo lopezobradorista de operación cicatriz, existe la propuesta de que los perdedores en la contienda opositora obtengan posiciones electorales menores, pero garantizadas: cargos en el gabinete de la senadora Gálvez o plurinominales para el Senado, la Cámara de Diputados federal y el Congreso capitalino; es decir, el típico modelo priista de reparto del pastel que oficializó el presidente Luis Echeverría Álvarez en la sucesión presidencial de 1976 que se decidió en septiembre de 1975.

Los precorcholatos José Ángel Gurría e Idelfonso Guajardo tuvieron la astucia de prever que la senadora Gálvez era la tapada oficial del frente opositor y prefirieron amarrar desde ahora posiciones de gabinete en el rubro de Hacienda o Comercio o Cancillería.

De ahí el dato de que el problema de las firmas adelanta conflictos entre las corcholatas opositoras.