Impunidad: ¿hasta cuándo?

En México el acceso a la justicia no es una burla, sino una tragedia nacional.

Aunque se trata de normalizar la narrativa de que el 99.6  por ciento de los delitos que son cometidos en nuestro país quedan impunes, a pesar de los costosos aparatos de seguridad y de impartición de justicia -cuerpos policiacos, juzgados, tribunales e incluso la propia Corte de Justicia de la Nación SCJN-, el dato esconde la mayor tragedia de nuestro país.

La impunidad, nos dice la investigación pública, pero sobre todo la realidad cotidiana, es prohijada por la corrupción.

Y no hablamos solo del delincuente que soborna con algunos pesos o con parte del botín al policía, o el potentado que prostituye a todo lo que da a un juez o a un ministro de la Corte para protegerlo ilegalmente de la aplicación de la ley, sino de la connivencia al más alto nivel, donde los poderes fácticos de este país se distribuyen territorios enteros a placer…hasta que algo suceda.

El luto y la tragedia que hoy se hace público en la Sierra Tarahumara, con el asesinado de tres personas, dos de ellos clérigos de la congregación de los jesuitas, es solo la pequeña muestra de la descomposición en la que se encuentra inmerso el país, sí, desde hace muchos sexenios, pero especialmente  desde que llegó la 4T al poder, porque esta administración pregonó el cambio, lo distinto, no más de lo mismo “-no somos iguales”, dice el presidente-, pero la realidad es que no son lo mismo pero son parte de lo mismo.

Porque carece de sustento el lloriqueo presidencial que ante la plena incompetencia de sus colaboradores, de todas las áreas, incluidas las militares, solo atina a decir que lo que hoy ocurre es culpa de los gobiernos anteriores.

Sabíamos que tarde o temprano López Obrador se quedaría sin excusas para justificar la ausencia de respuestas eficientes a los grandes problemas nacionales, la inseguridad y la implosión del crimen organizado. Seguirá diciendo que lo que hoy pasa lo crearon los anteriores, pero en las calles el presidente no deja de ser el centro de las burlas, por su retórica Quijotesca.

Para no ir muy atrás en el tiempo, es decir a los sexenios de Zedillo, Fox, Calderón y peña nieto, sino hace apenas un año aproximadamente.

A medianos de marzo del año pasado, es decir ya en este sexenio, ya con López Obrador como presidente, se produjo un anuncio muy grave y revelador.

El jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el general Glen VanHerck, estimó que los cárteles del crimen organizado transnacional operan en alrededor del 30 al 35 por ciento del territorio mexicano, “en áreas que son con frecuencia ingobernables”, causando muchos de los problemas que está enfrentando la Unión Americana en la frontera con México.

Ese aviso pasó como si nada, a pesar de su gravedad. Aquí en nuestro país, incluso, el mensaje causó molestia, pero igualmente no se hizo nada. La impunidad en pleno.

A principios de año el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, emitió un informe donde señalaba que en México operan al menos 150 grupos o bandas criminales, en su mayoría ligadas, aliadas a financiadas a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con esa investigación, da a conocer en mayo pasado, es decir en este sexenio, el Cártel Sinaloa está presente en 14 de los 32 estados y el Cártel Jalisco Nueva Generación en 23 de estos. Se trata de los cárteles mas peligrosos que se han adueñado de gran parte del país, por omisión o complacencia de todo tipo de autoridades, desde el más bajo, el municipal, hasta el más alto, el Federal.

Quizá el dato este proporcionalmente relacionado con lo que informó, también en mayo de este año, es decir en este sexenio, el Word Justice Project (WJP) cuyo director de Proyectos de Estado de Derecho, Alejandro González y Alejando Ponce, director Global de Investigación, presentaron el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022. Todos los estados presentan deterioro en sus niveles de vigencia del estado de Derecho, ya se la aplicación de la ley o impartición de justicia en forma expedita, como marca la constitución.

Otro dato relevado es el que nos muestra el impacto de la violencia en la economía. Hoy se sabe que los daños que provoca la violencia, el crimen, la impunidad a nivel país asciende a 4.92 billones de pesos o 243 mil millones de dólares, equivalente al 20.8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), de acuerdo con datos del Índice de Paz México 2022 del Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

Y de ahí para abajo todo es impunidad y desdén por la aplicación de la justicia.

En nuestro país solo se México solo se han emitido 36 sentencias contra los responsables del delito de desaparición, a pesar de que hay más de 98 mil casos. Más de 52 mil personas fallecidas se encuentran sin identificar en los servicios médicos forenses;

En los últimos cinco años por lo menos 8 mil personas han desaparecido anualmente.

“Las desapariciones son generalizadas y la impunidad es estructural en México”, concluyó el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada,

Hay que ser claros. El problema de la inseguridad, el crecimiento del crimen organizado y la impunidad son problemas estructurales, pero ser omisos e irresponsables frente a una realidad presente, que cada día se resiente más y más, es parte del problema. El problema es viejo, pero las autoridades de hoy se lavan las manos.

La consigna “abrazos no balazos”, no es una buena intención, es una orden criminal frente al poderío y peligrosidad del crimen organizado que no se tienta el corazón para masacrar a familias enteras, sacerdote o menos de edad, como ocurre todos los días.

El ya basta va de la mano con el anuncio que han hecho diversos representantes de la sociedad y del ámbito pública. La que más llama la atención, esta lo dicho por Ricardo Monreal Ávila, quien ha planteado un cambio en la estrategia de seguridad nacional, por que, la que ayer mismo  ratificó el presidente López Obrador, no ha funcionado, ni funcionará.