Indicador político
La prestigiada e influyente publicación británica The Economist, dice de México: “el gobierno de izquierda más poderoso del mundo democrático (así lo dice la revista) está atorado. Mucho control político… pero sin seguridad sostenible y con crecimiento mínimo. Hegemonía sin resultados: mala receta”, según lo postearon en redes cuentas como la de la especialista en geopolítica Stephanie Henaro, en los días en que se desarrollaba en Europa el Foro Económico Mundial en Davos, al cual Claudia Sheinbaum decidió no ir.
Es una vergüenza que nuestro país tenga esta imagen en el extranjero sabiendo que tenemos enormes potencialidades para ser diferentes y poder salir adelante. Pero México no puede porque el gobierno no quiere. “Esta atorado”, como refiere The Economist, porque la caracterización de “gobierno de izquierda más poderoso del mundo democrático” le queda demasiado grande al obradorismo.
La ausencia en Davos demostró la miopía con la que la ideología obradorista concibe a este tipo de encuentros en los cuales se tiene la posibilidad de entablar alianzas con otras naciones, atraer inversiones y ser parte de las decisiones que detonarán la reconfiguración geopolítica de todo el orbe. Incluso países latinoamericanos como Brasil, Panamá, Paraguay y Ecuador fueron representados por sus presidentes o por delegaciones de mayor nivel que la nuestra.
No discutiré ahora si el de Morena es un "gobierno de izquierda" (yo sostengo que no lo es y he argumentado al respecto en colaboraciones anteriores), pero sí debe subrayarse que más allá de la clásica dicotomía izquierda-derecha, nuestro régimen político ha abandonado los principios básicos de los regímenes democráticos: auténtica separación de poderes; libertades individuales y colectivas protegidas por un sólido Estado de Derecho; seguridad plena para la vida de las personas y sus bienes; un Estado fuerte (eficaz y eficiente) pero acotado por controles institucionales y de la sociedad, para garantizar transparencia, combate a la corrupción, crecimiento económico, empleos bien pagados, educación de calidad, salud para todos e inversión productiva.
En realidad no tenemos aquí un “gobierno poderoso”, sino uno sumamente débil- como consecuencia de haberle entregado soberanía a poderes fácticos como los cárteles delictivos- y cada vez más arbitrario frente a la sociedad, con reformas como la judicial y la de la Ley de Amparo, que han dividido más a la gente y han acentuado nuestra fragilidad ante Estados Unidos previo a la negociación del USMCA, el tratado económico con el gigante norteamericano y Canadá, el cual aceleradamente muestra preocupantes signos de muerte terminal.
Por cierto, ese talante arbitrario –antidemocrático- del gobierno mexicano, también ha sido registrado por mediciones de renombre internacional, como la igualmente realizada por The Economist (el informe sobre el estado de la democracia en el mundo) que ya coloca a nuestro país como un “régimen híbrido”, señalando fuertes rasgos autoritarios.
Bien lo han señalado respetables analistas en diversos medios en los últimos días: México vive uno de los momentos más oscuros en su historia. De ninguna manera justificaré las alevosas decisiones del populismo autoritario de Trump, pero la responsabilidad principal de nuestra debilidad nacional es de los gobiernos obradoristas, ahora con Sheinbaum a la cabeza.
Desconozco si ella entiende o no que vivimos ya en un nuevo orden mundial ante lo cual deben asumirse decisiones nuevas, no inerciales. De lo que sí estoy seguro es de que la administración bajo su mando no quiere romper con los intereses delictivos que la llevaron a la Presidencia porque ello sería el inicio de la debacle política del grupo gobernante.
Lo elemental sería que Claudia se decidiera a destituir y a entregar a la justicia norteamericana a personajes requeridos por ese gobierno, como los señalados por el New York Times: Rubén Rocha (Sinaloa), Alfonso Durazo (Sonora), Adán Augusto López (senador), Marina del Pilar (Baja California), Ramírez Bedolla (Michoacán) y Mario Delgado (SEP). Eso la fortalecería significativamente, pero no lo quiere hacer y se envuelve en la desgastada frase de “defensa de la soberanía nacional”.
Además, contribuiría enormemente que renunciara a la autoritaria pretensión de una reforma electoral que tiene como propósito central el reforzamiento del control político oficialista, eliminando cualquiera posibilidad legal de que la oposición los derrote en las urnas.
Si decide continuar por la ruta de esa reforma, evidenciaría ante todo el mundo que el obradorismo no constituye un nuevo modelo de desarrollo nacional, sino uno de control político. Eso daría la razón a la referida publicación británica: “Hegemonía sin resultados, mala receta”. También incentivaría que se fortalezcan tendencias políticas que se asumen como opciones liberales ante esa falsa izquierda y su Estado fallido, aunque en los hechos algunas de esas propuestas sean de corte conservador, más que propiamente liberal.