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Monte de Piedad: casi un año de crisis y ahora el reto de recuperar la confianza

Nacional Monte de Piedad cierra uno de los capítulos más complejos de su historia reciente después de casi un año de huelga, más de 300 sucursales paralizadas, más de 70 reuniones sin que sindicato y administración consiguieran cerrar un acuerdo y una disputa que terminó escalando desde el terreno laboral hasta los tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El conflicto iniciado el 1 de octubre de 2025 finalmente llegó a una salida después de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social intervino de manera más directa y planteó un dictamen integral al que tanto la representación sindical como la institución aceptaron sujetarse.

El problema dejó de ser desde hace meses solamente una diferencia entre trabajadores y administración. La prolongación del paro terminó comprometiendo la operación cotidiana de una institución con más de dos siglos de historia y afectó directamente a miles de usuarios que dependen del préstamo prendario como una alternativa de financiamiento. Con las sucursales cerradas, quedaron en medio del conflicto personas que tenían prendas empeñadas y que necesitaban realizar pagos, renovaciones, liquidaciones o recuperar bienes entregados como garantía. La presión aumentó conforme avanzaron los meses. El sindicato sostuvo que existían violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, entre ellas modificaciones unilaterales en condiciones laborales, congelamiento salarial, eliminación de prestaciones históricas y presión interna contra trabajadores inconformes. La administración, por su parte, sostuvo que enfrentaba una presión financiera creciente y que los ajustes laborales respondían a la necesidad de evitar un deterioro económico mayor.

Las posiciones no lograron acercarse durante buena parte del conflicto y la negociación terminó prolongándose hasta convertirse en una disputa de grandes dimensiones. La parálisis también golpeó la relación de la institución con sus usuarios. El cierre de más de 300 sucursales significó dejar sin atención directa a quienes utilizan el empeño para obtener liquidez. La incertidumbre creció alrededor de los créditos prendarios, los refrendos, los pagos y la recuperación de las prendas, particularmente ante la preocupación por los vencimientos de bienes que permanecían bajo garantía. El conflicto alcanzó además a la estructura directiva. Rafael Humberto del Río Aguirre dejó la dirección general del Patronato a finales de noviembre de 2025, cuando las negociaciones permanecían estancadas.

Meses después, el Patronato nombró a José Antonio Murillo Garza como nuevo director general, un relevo que ocurrió con la institución todavía atrapada en una crisis laboral abierta y con sus operaciones afectadas por la huelga. El cambio en la dirección tampoco modificó de inmediato el escenario. El problema continuaba concentrado en la falta de un acuerdo entre el Patronato y el sindicato. La organización acumulaba meses de desgaste mientras permanecían cerradas sus sucursales y miles de clientes seguían esperando una solución que les permitiera volver a operar con normalidad. A la disputa laboral se sumó la batalla jurídica. Una resolución declaró inexistente la huelga, determinación que fue cuestionada y llevó el caso a una instancia superior.

Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer el amparo relacionado con esa resolución. El máximo tribunal quedó así frente a un expediente en el que estaba en juego la existencia jurídica del paro y la ruta que deberían seguir las partes. El expediente también colocó sobre la mesa el papel de las organizaciones sindicales y sus reglas internas. Nacional Monte de Piedad consideró relevante que los mecanismos internos de los sindicatos representaran efectivamente la voluntad de la base trabajadora y no se limitaran al cumplimiento de requisitos administrativos. El debido proceso y la seguridad jurídica también formaron parte de una disputa que, para entonces, ya había dejado de ser únicamente una negociación laboral. La presión institucional aumentó con el paso del tiempo. El conflicto alcanzó el terreno político y legislativo, mientras diversos actores planteaban la necesidad de encontrar una salida ante el riesgo de que la huelga se prolongara todavía más.

Durante meses, sin embargo, las negociaciones siguieron sin producir el acuerdo definitivo. El cambio comenzó a observarse el 2 de mayo, cuando la Secretaría del Trabajo llamó a la representación sindical y a la administración a retomar el diálogo. A partir de ese momento se reactivaron las conversaciones y comenzó a tomar forma una ruta basada en un dictamen elaborado por la propia dependencia. Después de más de 70 reuniones y meses de posiciones enfrentadas, esa intervención terminó siendo el punto de encuentro. Sindicato y Nacional Monte de Piedad aceptaron sujetarse a las condiciones establecidas en el dictamen integral de la Secretaría del Trabajo, con lo que se formalizó el levantamiento de la huelga y se abrió la posibilidad de reactivar las operaciones.

Con el conflicto laboral terminado, comienza ahora otra etapa para Nacional Monte de Piedad. La institución deberá avanzar en el regreso de sus actividades, restablecer la atención en sus sucursales y atender a los usuarios que durante casi un año tuvieron limitada la posibilidad de realizar sus operaciones de manera normal. Y en esa reapertura hay un punto particularmente sensible: las prendas. Miles de personas dejaron durante este periodo joyas, objetos y otros bienes como garantía de préstamos prendarios.

Para esos usuarios, el cierre del conflicto significa finalmente la posibilidad de volver a tener una vía para regularizar sus créditos, realizar pagos, renovar operaciones y recuperar sus bienes. El siguiente paso tendrá que dar certeza precisamente en ese terreno. Quienes tienen una prenda empeñada necesitan claridad sobre el estado de sus operaciones, sus fechas, sus pagos y las condiciones para recuperar aquello que dejaron en garantía. Después de casi un año de incertidumbre, el cierre de la huelga debe traducirse en algo concreto para los clientes: que puedan volver a disponer de sus bienes sin que el prolongado conflicto laboral termine convirtiéndose en una pérdida patrimonial para quienes confiaron sus joyas u otros objetos a Nacional Monte de Piedad.

Así termina una huelga que comenzó como una disputa entre trabajadores y administración, pero que terminó afectando la operación de una institución histórica y colocando a miles de usuarios en medio de una crisis que ellos no provocaron. Algo que pudo resolverse con una negociación sana se alargó por el ego y la sobreactuación de personajes y ejecutivos indeseables, así como unos que se vendieron como excelentes manejadores de crisis. Ahora, con el acuerdo alcanzado bajo el dictamen de la Secretaría del Trabajo, la prioridad pasa a ser recuperar la operación, restablecer la atención y, sobre todo, dar certeza a quienes tienen una prenda empeñada para que el cierre de este largo conflicto también represente el regreso de su patrimonio a sus manos.

Más Cebada para Modelo

Grupo Modelo prepara un ajuste en su esquema de abastecimiento de materias primas para elevar la participación de productores mexicanos en su cadena de suministro, con la meta de incorporar 100 mil toneladas adicionales de cebada nacional a sus compras anuales antes de concluir 2030, movimiento que coloca a la proveeduría agrícola como una pieza relevante dentro de su estrategia de operación en México. Para avanzar en ese objetivo, la cervecera contempla mecanismos de colaboración directa con agricultores, incluidos contratos de producción que permiten establecer anticipadamente condiciones de comercialización, facilitar el acceso a financiamiento y generar mayor certidumbre respecto al precio de venta de las cosechas. La estrategia forma parte del plan de inversión de 3 mil 600 millones de dólares que Grupo Modelo contempla para México entre 2025 y 2027, recursos destinados a distintas áreas de su operación y vinculados con los objetivos del Plan México. Desde la perspectiva del negocio, ampliar el suministro nacional de cebada significa fortalecer la relación con productores agrícolas y avanzar en una cadena de abastecimiento con mayor participación local para una de las principales materias primas de la industria cervecera, al tiempo que se busca reducir la dependencia de cadenas externas y dar mayor previsibilidad al suministro de un insumo estratégico para su producción.

Cambio en Canifarma

Canifarma tendrá nuevo director general a partir del 1 de octubre, con Carlos Ramón Berzunza Sánchez al frente de la Cámara tras la salida de Rafael Gual Cosío, quien ocupó la posición durante 17 años. El nombramiento de Berzunza fue aprobado por unanimidad por el Consejo, luego de un proceso en el que participaron representantes de las distintas especialidades productivas de la organización, y abre una nueva etapa para fortalecer la representación de las empresas afiliadas, mejorar los procesos de gobernanza y reforzar la planeación estratégica ante los cambios que enfrenta la industria farmacéutica y de dispositivos médicos en México. Berzunza llega con experiencia en organismos empresariales y sectores vinculados con productos de consumo y cuidado personal, mientras que Gual Cosío cierra una etapa iniciada en 2009, durante la cual encabezó la interlocución de Canifarma con autoridades y actores de la cadena de salud y representó a sus empresas afiliadas en procesos regulatorios y sectoriales.

Voz en Off

El Senado aprobó con 65 votos a favor y 30 en contra reformas a la Ley de Inversión Extranjera que modifican la integración de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera, al sumar a las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. El cambio incorpora a la revisión de los temas de inversión extranjera a dependencias con responsabilidades en seguridad, defensa y transformación digital, por lo que la Comisión contará con una participación institucional más amplia al analizar asuntos vinculados con capital internacional. En términos prácticos, aún ya habiendo una Ley de Seguridad Nacional, esto, está modificación busca que las decisiones relacionadas con inversión extranjera también incorporen la perspectiva de seguridad nacional, protección del Estado y transformación digital, además de los criterios económicos que ya forman parte de este órgano….

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