Guardián de negocios

El “Moche Digital”: el cobro de hasta 2% que podría encarecer celulares, computadoras y tabletas

El llamado “Moche Digital” es una propuesta para establecer un cobro de hasta 2 por ciento sobre el valor de determinados dispositivos electrónicos, entre ellos celulares, computadoras, tabletas y otros equipos capaces de almacenar o reproducir contenidos protegidos por derechos de autor. La iniciativa busca compensar a los titulares de derechos por la llamada “copia privada”, bajo el argumento de que estos equipos tienen la capacidad tecnológica para realizar reproducciones de obras.

La principal característica del esquema es que el cobro no dependería de que el propietario efectivamente copie música, películas, libros, fotografías u otros contenidos protegidos. Bastaría con que el dispositivo tenga capacidad para almacenarlos o reproducirlos. En otras palabras, se plantea un cobro preventivo asociado al potencial uso del aparato. La propuesta vuelve a colocar en el debate un esquema que ya había sido impulsado años atrás por Roberto Cantoral y la Sociedad de Autores y Compositores de México. En 2021, una iniciativa similar fue rechazada por la Cámara de Diputados, incluso con votos de Morena y sus aliados. Ahora, el planteamiento busca avanzar por una ruta diferente.

La Secretaría de Cultura, encabezada por Claudia Curiel de Icaza, y el Instituto Nacional del Derecho de Autor, bajo la dirección de Karina Luján Luján, pretenden instrumentar el mecanismo mediante un Reglamento, en lugar de recurrir nuevamente a una modificación legislativa. El reglamento establecería qué dispositivos estarían sujetos al cobro, quiénes serían los responsables de pagarlo, cuál sería la base para calcularlo y qué porcentaje correspondería en cada caso.

Uno de los puntos que genera mayor controversia es precisamente la base de cálculo. La tarifa podría llegar hasta 2 por ciento del valor del equipo. Esto significa que un teléfono, computadora o tableta de mayor precio pagaría una cantidad superior, aunque la diferencia de costo no necesariamente tenga relación con su capacidad para reproducir o almacenar obras protegidas.

Por ejemplo, un equipo puede ser más caro por contar con un procesador de mayor capacidad, una cámara más avanzada, una pantalla de mayor calidad, mayor memoria o mejores componentes para inteligencia artificial y procesamiento de datos. Sin embargo, bajo el planteamiento, el precio del aparato sería el referente para determinar el cobro.

El esquema también plantea una diferencia entre quién paga formalmente y quién podría terminar absorbiendo el costo. El obligado sería el importador o primer comercializador, pero existe la posibilidad de que ese nuevo costo se traslade a lo largo de la cadena comercial hasta llegar al consumidor mediante un incremento en el precio final del dispositivo.

La repercusión podría ser significativa porque celulares, computadoras y tabletas dejaron de ser bienes exclusivamente asociados al entretenimiento. Actualmente son herramientas utilizadas para estudiar, trabajar, comunicarse, realizar operaciones bancarias, emprender negocios, acceder a servicios públicos y desarrollar actividades productivas.

Otro de los cuestionamientos es que la propuesta pretende establecer el cobro sin contar, hasta ahora, con un estudio mexicano que permita determinar con precisión cuánto se realiza realmente la copia privada, qué intensidad de uso tienen los diferentes dispositivos para reproducir contenidos y cuál sería la recaudación efectiva.

Las estimaciones de la industria ubican el potencial económico del mecanismo entre 700 y 750 millones de dólares anuales. Esa cantidad convierte al “Moche Digital” en una medida con una dimensión económica considerable, no solamente en una discusión relacionada con derechos de autor.

También existe un debate sobre el posible doble pago. Una parte importante del consumo de música, películas, series y otros contenidos digitales ya se realiza mediante plataformas y servicios de suscripción que operan bajo esquemas de licenciamiento. El usuario paga por acceder al contenido y, adicionalmente, podría enfrentar un costo incorporado en el precio del dispositivo desde el cual consume esos servicios.

Otro punto de preocupación está relacionado con la competencia. Los importadores y comercializadores formales tendrían que incorporar nuevos procesos administrativos, obligaciones de cumplimiento y costos asociados con el mecanismo. En contraste, los canales informales y el contrabando podrían no enfrentar las mismas cargas, lo que podría generar una ventaja adicional para quienes operan fuera de los esquemas regulatorios.

La distribución de los recursos también forma parte de la discusión. El planteamiento contempla que la recaudación sea canalizada hacia sociedades de gestión colectiva, incluida la SACM, mientras que 5 por ciento de los recursos llegaría directamente a la Secretaría de Cultura. Esto abre una discusión sobre quiénes serían los beneficiarios del dinero recaudado y bajo qué criterios se distribuiría.

Por ello, el debate no se limita a determinar si los autores deben recibir una compensación por las copias privadas. También involucra el mecanismo mediante el cual se cobraría, quién estaría obligado a pagarlo, cómo se determinaría la tarifa, quién administraría los recursos y, sobre todo, si el costo terminaría siendo trasladado a los consumidores.

El planteamiento ya generó alertas entre organismos y asociaciones empresariales nacionales e internacionales, incluida la American Chamber of Commerce of Mexico, debido a sus posibles implicaciones jurídicas, económicas y comerciales.

El momento en que se pretende reactivar también resulta relevante. La propuesta aparece durante la revisión del T-MEC, cuando México busca mantener condiciones de competitividad y atraer inversión. Un nuevo costo aplicado a dispositivos tecnológicos podría convertirse en un factor adicional para empresas que importan, comercializan o utilizan equipos electrónicos dentro del país.

El punto que ahora debe seguirse es dónde está realmente la nueva propuesta y cuál sería la vía jurídica para hacerla realidad. El antecedente es claro: en 2021, el entonces diputado de Morena Sergio Mayer presentó formalmente en la Cámara de Diputados una iniciativa para establecer una remuneración compensatoria por copia privada a fabricantes e importadores de dispositivos capaces de almacenar contenidos digitales. El planteamiento estaba relacionado con el esquema promovido por la Sociedad de Autores y Compositores de México y Roberto Cantoral, pero fue rechazado por el Congreso con 292 votos en contra, 87 a favor y 59 abstenciones. La diferencia ahora es que el nuevo intento no partiría necesariamente de otra reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, sino de la posibilidad de utilizar un reglamento elaborado desde la Secretaría de Cultura y el INDAUTOR. Esto abre una pregunta jurídica que puede convertirse en el centro de la discusión: ¿puede el Ejecutivo establecer mediante un reglamento una obligación económica de hasta 2 por ciento sobre dispositivos electrónicos si el Congreso rechazó anteriormente una propuesta legislativa con ese propósito? Para responderla será necesario conocer el proyecto de reglamento, su fundamento legal, las disposiciones de la legislación vigente en las que pretende apoyarse y el alcance de las facultades de la Secretaría de Cultura y del INDAUTOR. También será necesario determinar quiénes participaron en la elaboración del nuevo esquema, qué dispositivos serían incluidos, quién tendría la obligación formal de cubrir el pago, cuál sería exactamente la tarifa y bajo qué metodología se calcularía.

A partir de ahí comienza la segunda parte de la historia: qué sigue y quién se beneficiaría del dinero. Antes de que el mecanismo pueda avanzar tendría que definirse su impacto económico, incluyendo cuánto podría recaudar, cuánto de ese costo terminaría trasladándose al consumidor y qué efecto tendría sobre fabricantes, importadores, distribuidores y comercio formal. También tendría que quedar establecido quién administrará los recursos, qué porcentaje recibirían las sociedades de gestión colectiva, cuánto correspondería a autores y compositores, cuáles serían los costos administrativos y qué participación tendría la Secretaría de Cultura, que bajo el esquema planteado recibiría 5 por ciento de la recaudación. El otro frente será empresarial y jurídico, porque un cobro aplicado a celulares, computadoras, tabletas y otros dispositivos podría impactar precios, importaciones, competitividad y comercio formal. Por eso, el verdadero seguimiento periodístico no debería limitarse a preguntar si se pretende cobrar 2 por ciento por los celulares, sino qué autoridad pretende establecerlo, con qué fundamento, quién lo recaudará, quién lo recibirá y por qué se considera que el consumidor debe pagar por una capacidad de copia que puede utilizar o no. Si el mecanismo avanza por la vía reglamentaria, el “Moche Digital” dejaría de ser solamente una discusión sobre derechos de autor y se convertiría en un asunto de legalidad, facultades administrativas, impacto económico, competencia y certeza jurídica. El siguiente movimiento de Cultura e INDAUTOR será, por ello, clave: conocer el documento concreto, su fundamento, los dispositivos incluidos, la tasa definitiva y el destino de los recursos. Ahí estará la verdadera dimensión de la propuesta y también la respuesta a la pregunta fundamental: si el Congreso ya rechazó un esquema similar, ¿por qué ahora se intenta llevarlo por una vía reglamentaria?. ¿Habrá amparos y la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, llegando a su instancia los aprobara?, veremos.

Voz en Off

ANPACT empezó a preparar Expo Transporte 2027 con la apuesta de superar los números récord que dejó la edición de 2025. La muestra de la industria de vehículos pesados y el autotransporte volverá a Guadalajara con tres ejes: innovación tecnológica, sostenibilidad y competitividad.

La vara quedó alta. La última edición recibió 73 mil visitantes, 20% más que la anterior; reunió 660 marcas, un crecimiento de 29%; convocó participantes de más de 35 países y ocupó 70 mil metros cuadrados de exhibición. Ahora el objetivo es utilizar esa escala para generar negocios y discutir hacia dónde debe caminar el transporte de carga y pasaje.

Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la ANPACT, quiere poner en el centro la transición tecnológica del sector. Los fabricantes presentarán alternativas para reducir emisiones y elevar la eficiencia energética, pero el desafío está en crear las condiciones para que las flotas puedan adoptar esas tecnologías sin sacrificar productividad. Y ahí está uno de los puntos finos. La descarbonización del autotransporte no depende únicamente de tener disponibles camiones eléctricos o nuevas motorizaciones. Requiere infraestructura energética, financiamiento y certidumbre para que transportistas y empresas puedan renovar unidades. Esos temas formarán parte de los paneles y encuentros que se preparan para 2027.

Alejandro Osorio Carranza, presidente del Comité Expo Transporte, también busca convertir la exposición en una mesa de discusión de la agenda pública. Habrá debates sobre electromovilidad, infraestructura carretera, seguridad vial, inteligencia artificial, digitalización, productividad y financiamiento, además de encuentros entre fabricantes, transportistas, proveedores y autoridades. Jalisco, que gobierna Pablo Lemus Navarro, volverá a jugar como anfitrión. Mauro Garza, coordinador general estratégico del Gabinete de Desarrollo y Crecimiento, refrendó el respaldo estatal a una exposición que también genera actividad hotelera, comercial y logística. Diego Monraz, secretario de Transporte de Jalisco y presidente de la AMAM, adelantó además que Expo Guadalajara tendrá conexión con el Aeropuerto Internacional mediante transporte público 100% eléctrico.

Expo Transporte llega a 2027 con una industria que enfrenta decisiones relevantes sobre tecnología, energía y renovación de flota. El tamaño alcanzado por la exposición en 2025 demuestra su capacidad de convocatoria; ahora ANPACT pretende aprovecharla para algo más: sentar en una misma mesa a quienes fabrican los vehículos, quienes los operan, quienes financian su compra y quienes establecen las reglas bajo las que circulan….

[email protected]

@juliopilotzi

X: @juliopilotzi