Guardián de negocios

4T, aseo pendiente en subcontratación

Predicar con el ejemplo no es el fuerte en la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pruebas hay muchas, una de las más recientes ampliamente reprobada, pues aunque en los inicios de su mandato pregonaba “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, ha terminado por vociferar molesto “la autoridad moral y política están por encima de la ley de transparencia”. Las promesas que se han quedado en el tintero son múltiples, otra de ellas se ubica en el terreno laboral, pues aunque el máximo mandatario aseguraba a comienzos de 2021 que toda práctica de subcontratación sería eliminada, principalmente de las dependencias federales, todo quedó en discurso.

Como sabe fue en ese mismo año cuando quedó aprobada la reforma al outsourcing, sin embargo, ya era tarde para cientos de colaboradores que prestaban servicios de limpieza en instalaciones la Presidencia de la República, y es que fue hasta finales de 2021 cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de David Colmenares, identificó que Decoaro y Supervisión no había inscrito ante el IMSS a unos 110 afanadores; aunque para nadie pasó desapercibido que la razón social ya había sido señalada por operar desde un departamento que no parecía contar con la infraestructura necesaria. El caso fue descubierto en la fiscalización a la cuenta pública de 2020, desafortunadamente, a pesar de la mala experiencia y de las constantes referencias a las irregularidades que se cometen en ese terreno, la subcontratación se ha mantenido durante los años subsecuentes sin que se acaben los abusos contra los trabajadores, a pesar de la vigilancia que deberían realizar tanto las dependencias contratantes, como el Instituto que lleva Zoé Robledo y la Secretaría que encabeza Marath Bolaños.

Otras de las muestras saltan desde lugares como el Metrobús de la CDMX, que lleva María del Rosario Castro, la SEP de Leticia Ramírez, Hacienda de Rogelio Ramírez y Conagua de Germán Martínez,  las cuales comparten a la misma proveedora del aseo. Se trata de Limpiacero, compañía que no inscribió a la totalidad de su plantilla en los plazos que estipula el artículo 15 de la Ley del Seguro Social. Los registros de la empresa hasta el 18 de enero de 2024 únicamente reflejaban a 778 colaboradores anotados en el IMSS, lo cual no correspondía ni con la suma mínima ni con la máxima de empleados que comprometió vía los cuatro convenios.

Si hablamos de la disparidad más baja, el desfase de empleados es de 599 afectados, con evasiones mensuales por 1.5 millones de pesos; aunque si hablamos de la cifra más alta, las personas que se han quedado sin prestaciones ascienden a mil 152, con afectaciones a las  arcas por 2.9 millones de pesos cada 30 días. Ante el desolador panorama y a solo unos meses de que culmine el sexenio, usted dirá si se cumplieron o no las profecías del mecías tabasqueño.

Voz en Off

No hay que perder de vista el exhorto con un Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados para pedir a la Cofece a resolver con prontitud el procedimiento contra Google por presuntas prácticas anticompetitivas en publicidad digital. Este dictamen destaca la importancia de que el órgano de competencia no se “duerma en sus laureles” y actúe dentro de los plazos establecidos por la ley y busca garantizar un proceso justo y transparente en este caso. Hoy utoridades de competencia en Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, han abierto expedientes en contra de ese gigante tecnológico por el mismo tema, así que este órgano que siempre llega tarde y resuelve con lentitud los temas no tiene pretexto alguno para avanzar para poner en orden las prácticas en el mercado de publicidad digital. Veremos… 

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@juliopilotzi