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Sheinbaum y el CCE sellan paquete histórico del Plan México para destrabar inversiones

En el marco del Plan México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, encabezaron la puesta en marcha de un paquete de decretos que redefine el modelo de atracción de inversión en el país, con medidas de alto impacto orientadas a eliminar cuellos de botella, acelerar proyectos productivos y fortalecer la competitividad nacional. El núcleo de esta estrategia radica en la Autorización Inmediata de Inversiones, un mecanismo que rompe con los tiempos tradicionales de la burocracia en México. A partir de ahora, proyectos estratégicos podrán obtener una aprobación en menos de 30 días mediante una plataforma digital unificada, siempre que cumplan criterios como su ubicación en polos de desarrollo o montos relevantes de inversión. Este cambio implica una transformación profunda en la forma en que el Estado interactúa con la iniciativa privada, al reducir drásticamente la incertidumbre y los tiempos de espera que históricamente han frenado inversiones.

Complementariamente, se establece un límite máximo de 90 días para la resolución de todos los trámites federales vinculados a proyectos de inversión. Esta medida introduce un principio de “ventana de certeza temporal”, que obliga a las autoridades a responder dentro de plazos definidos, evitando la discrecionalidad y los retrasos indefinidos que impactaban la planeación empresarial. Otro eje central es la creación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que representa un cambio estructural en la operación logística del país. Con este modelo, las empresas podrán gestionar todos sus trámites de importación y exportación desde un solo punto digital, integrando permisos, licencias y autorizaciones en un Expediente Único. Este sistema no solo elimina duplicidades, sino que permite trazabilidad completa de las operaciones, reduce tiempos en aduanas y disminuye costos asociados a la gestión documental.

El componente energético del Plan México es uno de los más ambiciosos. Se autoriza la generación privada de 5 mil megawatts de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, lo que abre un espacio relevante para la inversión en energías limpias. A esto se suma un portafolio de inversión mixta que contempla 11 mil megawatts adicionales distribuidos en decenas de proyectos, consolidando una expansión significativa de la capacidad energética nacional. Esta estrategia energética no solo busca aumentar la oferta de electricidad, sino también transformar la matriz energética del país, elevando la participación de energías renovables de 24 a 38 por ciento. Este cambio tiene implicaciones directas en la competitividad industrial, al garantizar mayor disponibilidad de energía limpia y potencialmente más barata para sectores clave.

Además se simplifica de manera sustancial el esquema de permisos para proyectos energéticos de menor escala. Aquellos con capacidad de hasta 20 megawatts requerirán únicamente una autorización, eliminando procesos fragmentados y reduciendo tiempos de entrada al mercado, lo que favorece especialmente a inversionistas medianos y nuevos participantes. En el ámbito sanitario, la transformación regulatoria es igualmente profunda. Los trámites de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios se reducen de 340 a 125, mientras que los requisitos disminuyen en 50 por ciento. Más relevante aún, los tiempos de resolución bajan de 100 a 24 días, lo que representa un cambio radical para industrias como la farmacéutica, dispositivos médicos, alimentos y bebidas. Esta agilización permite acelerar la entrada de productos al mercado y reduce significativamente los costos regulatorios.

En materia fiscal, el paquete incorpora medidas diseñadas para fortalecer la certeza jurídica, uno de los factores más sensibles para la inversión. Se establecen mecanismos para evitar la doble tributación y se limita la retroactividad en la aplicación de criterios fiscales, lo que brinda mayor previsibilidad a las empresas. Este enfoque busca generar un entorno donde las reglas sean claras, estables y confiables a lo largo del tiempo. El Plan México también aborda uno de los problemas estructurales más persistentes: la fragmentación regulatoria entre niveles de gobierno. A través de un modelo nacional de simplificación y digitalización, se busca homologar trámites y requisitos en estados y municipios, eliminando diferencias que complicaban la ejecución de proyectos en distintas regiones del país. Este punto es clave para detonar inversiones fuera de los principales centros industriales y promover un desarrollo más equilibrado.

En el frente de infraestructura, el impacto es igualmente significativo. Se contempla una inversión superior a 523 mil millones de pesos en proyectos carreteros que abarcan más de 5 mil 100 kilómetros. Esta expansión de la red carretera no solo mejora la conectividad logística, sino que también fortalece cadenas de suministro, reduce costos de transporte y abre nuevas oportunidades de desarrollo regional. El efecto en empleo es otro de los componentes centrales. Se estima la generación de alrededor de 1.4 millones de empleos directos e indirectos derivados de los proyectos de infraestructura y del impulso a nuevas inversiones. Esto posiciona al Plan México como un detonador clave de crecimiento económico con impacto social.

Adicionalmente, el enfoque del plan incorpora la promoción de cadenas productivas nacionales, con el objetivo de aumentar el valor agregado interno y reducir la dependencia de importaciones, particularmente de países con los que no existen acuerdos comerciales. Esta estrategia se alinea con tendencias globales como el nearshoring, donde México busca consolidarse como un destino estratégico para la relocalización de empresas. Otro elemento relevante es la vinculación entre educación y sectores productivos estratégicos, lo que busca cerrar brechas de talento y asegurar que la fuerza laboral responda a las necesidades de industrias como la automotriz, electrónica, energética y química.

En conjunto, el paquete de decretos del Plan México configura una transformación integral del entorno económico: menos burocracia, procesos más rápidos, mayor certidumbre fiscal, impulso decidido a energías limpias, fortalecimiento de infraestructura y una apuesta clara por la digitalización y la competitividad. Se trata de un rediseño del modelo de inversión en el país que busca posicionar a México como un destino más ágil, confiable y atractivo en el escenario global. Por ahí vimos también al secretario de Economía Marcelo Ebrard Casaubon; de la Secretaría de Energía, a cargo de Luz Elena González Escobar; de la Secretaría de Hacienda dirigida por Édgar Amador Zamora; y por supuesto a Altagracia Gómez Sierra, quien encabezó el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización.

Voz en Off

Ya le contaremos más, pero a partir del 30 de abril, el Gobierno de Jalisco implementará la gratuidad de dos pasajes diarios para menores de entre 4 y 12 años. Aunque la medida se presenta como un alivio para la economía familiar y un freno a la deserción escolar, el esquema operativo reactiva las alertas sobre la empresa detrás del sistema: Servicios Broxel. Porque para acceder a este beneficio, los padres de familia deben inscribir a los menores en un padrón con el requisito indispensable de obtener la tarjeta “La Única al Estilo Jalisco”, plástico administrado por la financiera de Gustavo Gutiérrez Galindo. Sin embargo, lo que se vende como modernización es, en la práctica, un subsidio condicionado a un ecosistema financiero privado que acumula fallas y cuestionamientos legales. Para obtener el plástico, el usuario debe aceptar términos y condiciones, así como un aviso de privacidad, que facultan a Broxel para recopilar y tratar datos personales y biométricos, incluyendo huellas dactilares y reconocimiento facial, los cuales pueden ser utilizados para fines comerciales y promoción de créditos. Es decir, el acceso a un apoyo social estatal se convierte en la puerta de entrada para que una entidad privada gestione la base de datos de padres o tutores. El modelo de negocio detrás de la tarjeta no es menor flujo constante de recursos a una empresa que ya ha sido objeto de investigaciones federales por presuntas irregularidades en licitaciones de vales de despensa. Continuará…..

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