Gastar, en qué y cómo/Julio Santoyo Guerrero

Julio Santoyo Guerrero.

El jaloneo que se está escenificando en el poder legislativo federal en torno al presupuesto de egresos 2019, es representativo de la visiones políticas que están en pugna en nuestro país. Desde la propuesta original que hizo el ejecutivo hasta la fecha, subsiste una visión que en nada se parece a lo que se ofreció durante la campaña electoral. La idea de que la prosperidad vendría con tan solo contener los caudales que se iban a la corrupción, parece que resultó en extrema especulativa y ajena a la realidad nacional. Hasta ahora no han aparecido por ningún lugar los 500 mil millones que inmediatamente nos ahorraríamos al atacar la corrupción. Al menos nada de eso se está reflejando en la propuesta de presupuesto 2019.

El presupuesto de los recortes, que así debería de nominarse, es la prueba evidente de que era pura especulación sin nada de sustento objetivo, el decir optimista de los 500 mil millones que alcanzarían para cubrir los programas que durante la campaña ofreció el presidente de la república. Como no existen, y no saldrán de ningún lugar, los arquitectos del proyecto del presupuesto, han tenido que recurrir a la tijera contable para quitarle algún pedazo a las diversas secretarías. La justificación de la tijera se llama “austeridad” y el discurso de fondo es el de la lucha contra la corrupción, las burocracias doradas y la eficacia de los procesos institucionales.

De que es una propuesta hecha sobre las rodillas, que no consideró ni estudios técnicos, ni evaluación de programas, incluso ni siquiera los riesgos políticos, da prueba la retractación a la que se vieron obligados ante la reacción de las universidades, que fueron tocadas letalmente con una propuesta que les reducía más del 6 % de sus ingresos. Desde el ámbito universitario se pensó con preocupación que no podía ser casualidad que días previos el ejecutivo hubiese hecho llegar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional del artículo tercero en el que se anulaba el apartado VII de la autonomía universitaria, que luego se anunciara el golpe al presupuesto universitario a la vez que se sostenía, como lo sigue siendo hasta hora, la creación de 100 universidades más en todo el país, que es una medida desdeñosa al sistema de Universidad Públicas Autónomas. No era casualidad, los leñazos a las universidades buscaron su debilitamiento. Siguen creyendo que 30 millones de votos son una carta en blanco para quitar del camino a las instituciones que les puedan representar un riesgo para el control político. Las universidades lo representan.

La arbitraria tijera se aprecia como el medio que la presente administración está utilizando para formar la “vaquita” que la 4 T. necesita para sustentar financieramente los programas emblema que ha ofrecido y que, siendo realistas, constituirán el engranaje clientelar para dar soporte al proyecto político transexenal de quienes han arribado al poder. El que el proyecto de presupuesto haga a un lado la perspectiva de la inversión productiva y el respaldo a los emprendedores, se corresponde con la visión asistencialista de la mayoría de programas que se instituirán.

Si en el caso de las universidades dieron marcha atrás por la inminente reacción del sector universitario que les podría causar un hoyo enorme en la credibilidad, no pasará con otros grupos sociales afectados. Al campo al que literalmente sepultaron con un porcentaje de castigo de más de 30% difícilmente lo reivindicarán. El espacio de negociación en términos de miles de millones de pesos es demasiado pequeño. Si acaso podrán jugar con décimos porcentuales para reasignar a sectores como la cultura o el medio ambiente y el campo. Pero no podrán más porque entonces tendrán que vaciar sus programas estrellas. Y en ello no claudicarán.

Aunque no lo reconozcan públicamente pero los hechos están ahí. No existían por ningún lugar esos 500 mil millones de pesos de ahorro. Y como no existen entonces deben proceder a tijeretear el presupuesto de lo ya existente para reasignarlo en lo que desean gastar. Tampoco pueden argumentar que recibieron una economía en crisis, el propio presidente reconoció en su momento la estabilidad económica. Lo cierto es que las medidas que están tomando son las que se realizarían en una economía colapsada. El despido, que apenas inicia, de miles de trabajadores de las instituciones federales, es una tragedia que puede tener cierta explicación legítima (neoliberal por cierto) en un período de crisis, pero es una infamia en una época en que la economía tiene estabilidad. Pero además tiene mucho de canallada cuando se ofreció garantizar el empleo de los mexicanos. Los despedidos, en su gran mayoría no son de la “burocracia dorada” que tanto se condenó, son trabajadores medios con salarios básicos, los más vulnerables en términos del derecho laboral.

En la desaparición de programas e instituciones hay mucho de qué preocuparse. La mayor es que vuelve a repetirse lo que tanto se impugnó a los gobiernos priistas y panistas, que los desaparecían sin un estudio serio para verificar sus alcances o de plano su improcedencia, solamente por razones ideológicas. Las pérdidas sexenales que el país ha tenido por este proceder irresponsable han sido cuantiosas. Es absurdo que los gobernantes asuman el poder creyendo que la vida del país inicia con ellos. Esa manera ideologizada que enmarca la decisión de sus políticas es y seguirá siendo fatal para México.