Las culpas del Presidente

Son varios entre los poderosos, que esperan una noche de cuchillos largos tras la derrota del PRI en las elecciones del domingo. ¿El presidente del partido, Manlio Fabio Beltrones? ¿La secretaria de Desarrollo Urbano, Rosario Robles, y de Educación, Aurelio Nuño, responsables de la desastrosa operación en la ciudad de México? Los cañones no parecen apuntar contra quién la debe, sino contra quién la pague. Es obvio: se buscara responsables, tendrían que ver en otra dirección. Las candidaturas priistas fueron procesadas y aprobadas personalmente por el presidente Enrique Peña Nieto. Así que quien tenga algo que reclamar, en Los Pinos está la ventanilla de quejas.

Las derrotas del PRI en siete gubernaturas están asociadas con el estilo personal de Peña Nieto, donde las subjetividades dominaron la racionalidad. Irónicamente es algo que no sucedió en el estado de México, donde el pragmatismo y la cabeza fría para diagnosticar con quién podía ganar efectivamente una elección, lo inclinó por Eruviel Ávila como su sucesor en la gubernatura. Pero, como se ha dicho reiteradamente en este espacio, el Peña Nieto de Toluca no es el mismo que habita en Los Pinos.

Las decisiones de las candidaturas fueron tomadas por el Presidente con múltiples criterios. El gobernador César Duarte, protegido del coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa, uno de los asesores políticos habitués del Presidente, le dijo a Peña Nieto que él le garantizaba la victoria con cualquier candidato. El Presidente le permitió seleccionar a Enrique Serrano, ex presidente municipal de Ciudad Juárez, débil y mediocre, que no conectó con los electores. El resultado fue la victoria del panista Javier Corral, quien le sacó casi nueve puntos de ventaja.

En Tamaulipas, en cambio, no le permitió escoger candidato al gobernador Egidio Torre Cantú, a quien le impusieron a Baltazar Hinojosa, que era presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados. No era a quien él quería como sucesor, pero trabajó a favor de su candidatura y le proporcionó operadores políticos para ello. El problema de Hinojosa, de acuerdo con funcionarios del PRI, es que nunca trabajó. “Fue un candidato holgazán”, dijo uno de ellos. Pensaba que el respaldo del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, era suficiente.

El Presidente se equivocó ahí, como erró notablemente en Quintana Roo. El gobernador Roberto Borge se empeñó en forzar la candidatura del PRI para el diputado José Luis “Chanito” Toledo, lo que propició un enfrentamiento con quien hace seis años, por petición de Peña Nieto desde la gubernatura del estado de México, le pidió que declinara, y que la siguiente sería de él. Carlos Joaquín González aceptó a cambio de una senaduría, que también le negaron para entregársela al ex gobernador Félix González.

La candidatura para la gubernatura la sentía suya por derecho, pero Borge no sólo se la quitó sino lo hostigó. “Chanito” no era, sin embargo, la opción, por lo que Beltrones le sugirió repensar a Joaquín González. Sin capacidad de maniobra, pero ante la crisis provocada por la imposición frustrada de “Chanito”, Peña Nieto aprobó la propuesta de Emilio González, el llamado “Niño Verde”, y jefe político del Partido Verde, quien sugirió a Mauricio Góngora. La historia ya se escribió: Joaquín González lo aplastó por 10 puntos.

Veracruz es el caso que será paradigmático. Cuando se comenzaron a barajar aspirantes, el gobernador Javier Duarte quiso que el ex alcalde de Tuxpan, Alberto Silva, fuera su sucesor. No se lo permitieron y buscaron opciones entre los senadores. Uno de los aspirantes condicionó la candidatura a que metieran en la cárcel al gobernador por presuntos actos de corrupción, pero el Presidente decidió en diciembre pasado que eso no sucedería. El candidato de compromiso fue otro senador, Héctor Yunes, quien cayó por 14 puntos ante su primo, el panista Miguel Ángel Yunes. En Durango, el gobernador Jorge Herrera, uno de los mandatarios más cercanos a Peña Nieto, no tuvo dificultad alguna para conseguir que su delfín, Esteban Villegas, fuera el abanderado priista. La imposición del secretario de Salud provocó divisiones en el PRI y la derrota, la más sorprendente de todas, a manos del panista José Rosas Aispuru.

En Aguascalientes, la orden al PRI fue que postulara a Lorena Martínez, quien era la procuradora federal del Consumidor, y a quien el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, había impulsado desde el principio del gobierno tras haberle copiado el modelo de prevención delincuencial que aplicó con éxito cuando fue alcaldesa de Aguascalientes. La decisión provocó un enfrentamiento con el gobernador, Carlos Lozano, con lo cual cayó ante el panista Martín Orozco en una contienda que quizás termine en tribunales. En Puebla, Blanca Alcalá, una candidata que nunca quiso serlo para un periodo de 18 meses, fue otra decisión tomada en Los Pinos. Alcalá, como Hinojosa y Góngora, no trabajó. Le delegó la campaña a su yerno y al igual que el tamaulipeco, nunca se quiso pelear con su oponente. Se desvaneció en las urnas, apaleada por el panista Antonio Gali.

Siete gubernaturas perdió el PRI; siete gubernaturas que dejó caer Peña Nieto con decisiones discrecionales y equivocadas. Beltrones se refirió este lunes a que los electores habían mandado un mensaje al PRI y al gobierno que los debería hacer reflexionar para cambiar. Quizás quien más introspección analítica y autocrítica tiene que hacer es el Presidente, autor intelectual inopinado, de lo que le sucedió al partido en el poder este domingo.

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Ayotzinapa, ¿igual que Lago Agrio? (II)

Documentar cada paso del proceso judicial que mostrara la lucha titánica contra una poderosa multinacional que había contaminado una región del amazonia ecuatoriano y provocado cáncer entre la población indígena, que construyera en el imaginario colectivo la batalla donde el débil derrotaba al poderoso, era demasiado atractivo para que Steven Donzinger, un ex periodista graduado como abogado en Harvard, decidiera en 2005 que su litigio en Ecuador debía tener la propaganda como una herramienta adicional. Donzinger reclutó a un cineasta a quien le dio acceso prácticamente ilimitado para que lo siguiera todo el día y filmara todas sus reuniones de estrategia. La película se llamaría “Crudo”, un eufemismo de petróleo en la industria de hidrocarburos.

Donzinger nunca se imaginó que un error le costaría tan caro. Por descuido o soberbia, la victoria en la corte ecuatoriana, que ordenó pagar nueve mil millones de dólares al gigante Chevron por la contaminación en una región del noreste de Ecuador, fue revertido por un tribunal en Estados Unidos. Un pasaje en “Crudo”, donde el cineasta Joe Berlinger filmó a Donzinger y a otro abogado de su equipo, Pablo Fajardo, mostró a Carlos Beristáin, que había sido contratado por el experto independiente nombrado por la Corte, Javier Cabrera, para que hiciera la evaluación ambiental en que se basó la sentencia contra Chevron, los iba a poner en entredicho.

Nadie reparó en lo que significaba que aparecieran Donzinger, Fajardo y Beristáin en la película, hasta que fue demasiado tarde. Beristáin, uno de los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que coadyuva en la investigación sobre los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, apareció unos cuantos segundos en el filme, suficientes para cambiar el rumbo del juicio. En diciembre de 2008, un mes antes de que se empezara a exhibir en Nueva York la película, Donzinger recibió la versión del filme.

Cuando al abogado vio a Beristáin que aparecía en una escena donde hablaba el equipo legal de estrategia, se prendieron sus alertas. ¿Cómo explicar que el asesor independiente cuyo trabajo sería fundamental en el fallo ecuatoriano contra Chevron aparecía en un filme propagandístico? Donzinger le pidió a Berlinger que cortara la escena. Igualmente hizo con Michael Bonfiglio, productor de “Crudo”, a quien le dijo que si se dejaba en el filme, “todo el caso se desmoronaría”. Pensaban que eso cuestionaría la independencia de Beristáin, y sería tomado como un acto de colusión con los abogados para fabricar el dictamen contra Chevron. “Por favor remuévelos”, insistió Donzinger. “Realmente no es mucho, pero puede complicar todo el caso”.

En un correo electrónico mostrado en el juicio contra Dozinger en Estados Unidos del 22 de enero de 2009, Fajardo dejó sentado que la colusión entre ellos, Stratus, la consultora de relaciones públicas de Boulder, Colorado, donde se escribió el reporte de Cabrera y el propio “experto independiente” cuyo nombramiento fue manipulado por ellos, que además le pagaron por su informe, era impropio. “Le imploró a Bonfiglio y Berlinger que removiera (las imágenes de Beristáin) porque su presencia podría llevar a descubrir lo que realmente había pasado”, se le en el expediente del caso. “Son tan serias, que podríamos perder todo”.

A regañadientes Berlinger editó la versión en el DVD y ocultó el involucramiento de Beristáin con los abogados. La verdad no se hubiera descubierto de no haber sido por el tráiler de un documental que narraba el llamado “Caso del Lago Agrio”, que fue visto por Paul Dans, uno de los abogados de Chevron. De acuerdo con Michael Goldhaber, quien hizo la crónica del descubrimiento fortuito en un largo texto titulado “Detective Story” publicado en 2010 por la revista The American Lawyer, Dans no pudo verla en el cine –donde se proyectaba la edición censurada-, pero sí en la versión entregada a Netflix, que habían olvidado editar. Dans recomendó a Chevron pedirle al juez todos los materiales filmados por Berlinger para estudiarlos, de donde empezaron a extraer más pruebas que Donzinger había cometido un fraude contra la empresa.

Una de las abogadas de Chevron, Sara McMillen, escribió Goldhaber, se enfocó en el reporte de impacto a la salud elaborado por Beristáin, luego que uno de los abogados ecuatorianos de los demandantes envió un correo electrónico por error a Chevron con un estudio de salud. McMillen analizó los dos reportes y concluyó que eran el mismo. El reporte de Beristáin fue la parte central del llamado Informe Cabrera, que de acuerdo con las conclusiones del juicio contra de Donzinger y sus asociados en una corte federal en Nueva York, no fue elaborado por el experto independiente, sino por Stratus.

Según el fallo del juez Lewis Kaplan referido en la anterior columna sobre este caso, Donzinger y su equipo “escribieron el dictamen de la corte y le prometieron 500 mil dólares a un juez ecuatoriano para que fallara a su favor”. Fueron los redactores fantasmas de un veredicto judicial para cometer un fraude contra Chevron, en el cual participó directa y fundamentalmente Beristáin, de acuerdo con el fallo en Estados Unidos, que está litigándose aún. Según el fallo del juez Kaplan, haber recibido instrucciones de los abogados demandantes, fue “una actividad cuestionable”. Beristáin está convencido que esta es parte de una campaña de descrédito en su contra, y da pruebas de ello. Su versión, y la lucha de Chevron en su contra, se detallará en la siguiente columna.

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