Iniciativa sobre derecho a la vida, una “mafia médica”: Lucero Circe

MORELIA, Mich., 23 de febrero de 2016.- La iniciativa de ley para que el estado garantice el derecho a la vida está orientada a la prohibición del aborto, a legalizar la “mafia médica” que sostiene un mercado negro, con el cual se trafican medicamentos que van desde los 300 hasta ocho mil pesos para realizarse un aborto en condiciones de inseguridad y clandestinidad, afirma la presidenta de la asociación Humanas sin Violencia, Lucero Circe López.

Sin embargo, cuando se tienen recursos se puede acceder a un aborto seguro desde los 35 mil hasta 55 mil pesos en diversos hospitales privados y clínicas clandestinas en cualquier parte de la entidad, señala.

En una carta abierta a los integrantes de la 73 legislatura del Congreso del Estado, la activista por la defensa de los derechos de las mujeres señala que lo anterior contribuye a que la mortalidad materna por aborto sea un asunto de discriminación por pobreza y no de acceso a derechos.

“Con todo respeto me avergüenzo como ciudadana de no contar con el respeto y representación de mis derechos como mujer en esta Legislatura y Honorable espacio. Lo cual resulta indignante porque mis contribuciones, responsabilidades y obligaciones económicas sostienen a 40 Diputados/as, personal administrativo, asesores/as, etc. quienes degradan en su conjunto no sólo a mí sino a todas las mujeres posicionándonos como personas de segunda clase en cuyo acto hay de facto una discriminación.

“Resulta preocupante la profunda ignorancia y desconocimiento en materia de Derechos Humanos y la lucha que ha conllevado lograr avanzar para muchas y diversas mujeres nuestra defensa legítima y exigencia de acceso y cumplimiento de los mismos.

“Estoy agotada y cansada de que en cada legislatura “las ocurrencias y las creencias” sean el marco que sostiene el invisible estado de derecho. De que esta tribuna sea el espacio para institucionalizar aún más la violencia en contra de las mujeres michoacanas, no solo sobre las que pueden y deciden su salud sexual y reproductiva sino también

de todas aquellas que cuentan o no con servicios de salud integrales, los cuales de paso les recuerdo que deberían ser accesibles, profesionales, de calidad, con trato digno, ético y científico, pero principalmente con permanente suficiencia centrada en recursos financieros y humanos”, indica en el documento.