Enjambre vs la elección del narco

A la estrategia operativa del gobierno federal para desarticular las complicidades entre gobiernos municipales y el crimen organizado, se le conoce como “Operación Enjambre”. Con ese nombre inició a aplicarse desde noviembre del año 2024 y hasta la fecha, según datos reportados, ha logrado la detención de más de 61 servidores públicos, entre ellos varios presidentes municipales.

Este tipo de operaciones puede significar, apenas, el inició para la sincronización entre la magnitud operativa del crimen organizado y la magnitud operativa de las instituciones anticrimen para combatirlo. La estrategia supone el reconocimiento de una realidad ya inocultable, que el crecimiento de los grupos criminales ha llegado al punto en que se han perdido los límites entre clase política y los criminales; en el crimen están los políticos y los criminales son políticos.

El avance a través de décadas del poderío financiero, territorial y político de los grupos criminales ha sido una desgracia para las familias mexicanas, para la economía nacional y la cohesión social, y ha sido posible gracias al fracaso estrepitoso de las políticas anticrimen y la traición de sectores de la clase política que han claudicado a su deber constitucional de proteger a los mexicanos.

En los últimos años las propias indagatorias de las instituciones gubernamentales han puesto al descubierto la creciente relación entre crimen y poder político, una realidad que ha trascendido nuestras fronteras y colocado a México como un paria global en materia de seguridad y puesto ante los ojos de las poderosas agencias anticrimen de los Estados Unidos que relacionan su propia inseguridad con el poder de los cárteles que operan en nuestro país.

El último caso que ilustra la magnitud de la metástasis criminal que está ocurriendo en los órganos del poder político es el del municipios de Tequila, Jalisco. Si se analiza con cuidado la manera de operación del edil capturado salta a la vista que los límites entre política y crimen aparecen completamente diluidos. La captura de los poderes públicos por el crimen o la claudicación de los políticos para entregarse a la actividad criminal es un fenómeno que camina, hasta ahora, sin cortafuegos y alcanza los niveles más altos del poder en el país.

Hasta ahora aparecen con mayor frecuencia en el radar de la opinión pública y de los operativos de las instituciones de gobierno las presidencias municipales, pero las redes van más allá, alcanzan a diputados locales y federales, gobernadores y hasta senadores. Los casos de la “Barredora” en el sureste, Rocha Moya, la red de “Huachicol Fiscal”, son pequeñas muestras de la magnitud de la descomposición que nos está destruyendo.

Las operaciones “Enjambre”, por la obviedad de la realidad, deberán tender a su crecimiento. Porque de muy poco sirve la captura de sujetos aislados y el aseguramiento de laboratorios o casas de seguridad, cuando se deja intacta la red que opera en el poder político y desde la cual el crimen se reproducirá en muy poco tiempo.

El control territorial de los criminales no puede mantenerse sin la protección política. Un control territorial criminal es más sólido en la medida en que cuentan con operadores en los niveles superiores del gobierno no solo de los gobiernos municipales. Es una curiosidad o simple casualidad que los controles territoriales del crimen sean por municipio o por distrito electoral.

Se deja entrever un reconocimiento oficial en el caso de Michoacán de que una buena cantidad de ediles forman parte, algunos de las estructuras criminales, otros cooptados, y otros más emboscados y sometidos por la ausencia de apoyos estatales o federales. En todo caso, son gobiernos municipales que no son útiles para la sociedad, son ante todo enemigos de la sociedad.

Si los recursos públicos asignados constitucionalmente a un gobierno municipal, a un diputado, a un senador o a un gobernador, son canalizados bajo las condiciones  que sean, a los grupos criminales para pagarles la gasolina de sus flotillas, para equiparlos de cámaras para vigilar a la población, para blindar sus vehículos monstruo, y les entregan a sus “empresas” contratos de obra o abastecimiento, o les entregan las direcciones de seguridad pública y les proporcionan información sobre la estructura de operación territorial del municipio, entonces lo que tenemos ahí, en sentido estricto es un acto de traición a México, o sea, traición a la patria.

El Plan Michoacán por la paz y la justicia, y los que busquen un propósito similar en todo México, solo podrán ser exitosos en la medida en que los territorios sean liberados de los grupos criminales, en la medida en que sean impedidos para habitar ni siquiera la cueva más remota.

Y para hacerlo es imprescindible que la estrategia sean en modo Enjambre, que se capture a la red criminal completa: políticos en primer lugar, capos territoriales, sicarios y soplones. El gobierno debe darse prisa. Si no desmonta este monstruo, la elección del 2027 será la elección clara y abierta de los cárteles de la droga, con las consecuencias funestas que esto implicará.