¿En verdad ha disminuido la inseguridad?

El gobierno de la república ha anunciado de manera casi triunfal que la violencia se ha reducido en alrededor de 30% durante este primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, en tanto que la percepción social, según se refleja en la gran mayoría de las encuestas, es de inseguridad y violencia crecientes (75% así lo considera).

¿Por qué esta abismal diferencia entre las cifras oficiales y la percepción ciudadana? ¿Acaso, como dice Sheinbaum, es porque los medios de comunicación “conservadores” tergiversan la realidad para confundir a la población y no reconocer avances de su gobierno en esta materia?

Me parece que la explicación radica en que el enfoque oficial es el equivocado sobre cómo medir hoy los niveles de inseguridad y también en un manejo perverso de importantes indicadores, como la reclasificación de los delitos y de las múltiples manifestaciones que ahora tiene la criminalidad, entre otros factores, según lo ilustra un estudio multidisciplinario dirigido por Ernesto López Portillo (Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México sobre Calidad y Confiabilidad de la Estadística sobre Violencia Criminal: Homicidios y Desaparición Forzada de Personas), en el marco de un seminario donde se dieron cita especialistas sobre seguridad de varios países, así como de diversas regiones y organizaciones de la sociedad civil de nuestro país.

El estudio señala: “La disminución relativa de los homicidios observada desde 2020 coexiste con un número persistente de hallazgos en fosas clandestinas, una elevada carga de cadáveres sin identificar en los servicios médicos forenses y un crecimiento sostenido de denuncias por desaparición en distintas regiones. Estos fenómenos paralelos, como el desplazamiento forzado y el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales, sugieren que la violencia no ha disminuido en términos estructurales, sino que ha adoptado modalidades menos visibles y más difíciles de registrar”.

Por eso los indicadores, como los homicidios, por sí solos, han perdido confiabilidad para medir y explicar la violencia. La aparente mejora de la que hablan las cifras oficiales, dice el estudio, “no necesariamente refleja un descenso real en la intensidad de la violencia… sino una transformación en sus formas de manifestación."

Existe una debilidad estructural en materia de registros rigurosos, transparentes, confiables y comparables sobre homicidios y desapariciones, lo cual “no constituye un problema meramente técnico o administrativo, sino que implica consecuencias éticas, políticas y sociales de gran calado” para contar con datos fiables, lo cual “imposibilita el acceso a la verdad, impide la formulación de políticas de prevención eficaces, obstaculizan las investigaciones penales y limita gravemente la rendición de cuentas institucional”.

Según las cifras oficiales, tan sólo en 2023 hubo 35 mil personas desaparecidas, pero además hay problemas de subregistro de personas en esa situación y no identificadas que también refleja la existencia  de amenazas de autoridades y actuación de  grupos criminales contra los familiares de las víctimas. Además, se estima que más de 52 mil personas fallecidas se encuentran sin identificar en los distintos forenses estatales, a los cuales les afecta la carencia de recursos para el registro de las víctimas, a la par de que existen “redes institucionales coludidas con actores criminales que encuentran beneficios en la omisión o fragmentación de los datos”.

A lo anterior hay que agregar la opacidad de militares y Guardia Nacional que actúan sin supervisión social y transparencia, lo que dificulta el acceso a información confiable.

Aunado al ocultamiento y tergiversación de cifras sobre personas desaparecidas, “levantadas” o de supuestas personas falsamente “aparecidas” en varios estados, “se identificó la práctica de reclasificar homicidios dolosos como culposos o como ‘otros delitos contra la vida e integridad personal’, lo cual reduce artificialmente la incidencia de homicidios intencionales (y) que muchas muertes violentas son registradas como desapariciones bajo la lógica de que ‘sin cuerpo no hay delito’”, y se invisibilizan, con lo cual se impactan a la baja las cifras oficiales, y que  “podría ser una estrategia común para disminuir la visibilidad de crímenes de alto impacto”.

Algo similar sucede con los feminicidios y su clasificación como tales, lo cual impide el castigo del delito correspondiente. “A pesar de que la Corte ha establecido que toda muerte violenta de mujeres debe investigarse como feminicidio, en 2021 sólo el 27% de estos casos se registraron bajo esa figura legal”, señala el estudio de la Ibero.

Estamos, pues, ante una narrativa perversa en torno a la violencia para tratar de invisibilizarla. La violencia no está contenida, sino que se ha sofisticado su ocultamiento. No estamos sólo ante un nuevo intento de engaño oficial, sino ante la incapacidad del Estado Mexicano para reconocer el tamaño del problema y ocultar que desde el gobierno se ha fomentado lo que ahora se conceptualiza como “economía política de la violencia”, que significa que las bandas criminales controlan territorios con todas sus consecuencias: ponen candidatos y gobernantes en vastas franjas del país y son protegidos por las autoridades.

La gente no está equivocada en sus percepciones cuando afirma que la violencia está aquí y sigue creciendo. Por eso mismo el trabajo del periodismo libre y de investigación, así como el desempeño de las organizaciones de buscadoras y buscadores,  y de la sociedad civil , hoy juega un papel fundamental para conocer la verdad.