Elegir juzgadores

Todos reconocen los problemas e insuficiencias en la justicia. Mucho tienen que ver actos administrativos, la interferencia de los gobernantes y la procuración de justicia. No es mucho lo que está a cargo de jueces. Además, la mayor parte del sistema de justicia pertenece al ámbito local. Los juzgadores son una comunidad compleja y diversa, plantea diferentes contextos y circunstancias. Generalizar es un error y mayor aún, centrar la atención en la parte más visible, la Suprema Corte de Justicia que, siendo fundamental, su actuación es marginal para efectos de la llamada justicia cotidiana.

El presidente López Obrador, su partido y sus candidatos piensan que el problema de la justicia se resuelve democratizando nombramientos de juzgadores. La idea es sugerente; su rechazo, simple. El tema merece especial atención, sobre todo porque en el camino se pueden dar por válidas tesis sin razón ni fundamento.

Al presidente no le parece virtuosa la designación vigente de los ministros de la Corte por lo que propone elegirlos por voto popular. En realidad, es un desencuentro motivado por la independencia del supremo tribunal respecto del presidente y la mayoría legislativa a él sometida. La modalidad vigente de designación sí es democrática pero no por voto directo, sino indirecto; los nombramientos deben ser aprobados por el Senado de la República. En todo caso, no es democrático -está en la Constitución-, el derecho del presidente para nombrar al ministro en el supuesto de que falta de acuerdo en el Senado, caso de la señora Lenia Batres. Si el presidente fuera demócrata hubiera nombrado a quien tuvo más votos en el Senado; queda claro que es su intención es concentrar poder, no se trata de ser demócrata ni seleccionar a los mejores. 

Para quienes la única fórmula de democracia es la directa es imposible que entiendan el marco vigente; los órganos legislativos son representativos de la pluralidad, electos democráticamente y se mandata mayoría calificada para designar ministros. La judicatura no es una responsabilidad política porque supone, además de experiencia imparcialidad y distancia de intereses particulares sean económicos o políticos.

De siempre la democracia plebiscitaria, esa en la que todos votan, ha sido problemática. La universalidad del voto se ha impuesto, sentido de inclusión encomiable para la igualdad de derechos, pero no necesariamente eficaz para las mejores decisiones. Los ciudadanos y sus votos no son infalibles, como prueba la variada calidad de los funcionarios electos, gobernantes y representantes legislativos.

La respuesta a la pregunta central de si la calidad de los juzgadores se garantiza mejor a través del voto popular es no; sino que la torna parcial, excluye al carácter profesional y la intervención de las maquinarias electorales e intereses económicos, políticos y hasta criminales alteran la infalibilidad del voto popular.

Resulta peor el remedio que la enfermedad. Una excepción no ejemplar lo muestra, Bolivia. La respuesta más razonable se construye de dos maneras: la carrera judicial, es decir, la promoción a partir del buen desempeño, no necesariamente la antigüedad, y la designación democrática indirecta como sucede con los ministros de la Corte y magistrados del Tribunal Electoral. Hasta hace unas semanas el exministro Arturo Zaldívar decía que los jueces y magistrados no debieran ser electos, sino seleccionados a través de la carrera judicial.

La designación por el Senado ha probado ser, por los resultados, una fórmula que garantiza calidad y más cuando el presidente presenta propuestas a partir del objetivo de la justicia y no en su proyecto o intereses políticos. Como quiera que sea, en la mayoría de los casos está probada la desvinculación entre quien propone y designa con el nombrado; hay un venturoso tránsito a la imparcialidad y el profesionalismo.

Es necesario discutir y debatir la manera de mejorar la justicia, deliberar sobre la designación de juzgadores idóneos sin prejuicio y sin fijaciones; que las salidas sean realistas y con apoyo en la experiencia, las buenas prácticas y, especialmente, los resultados. Sería útil cambiar el foco de atención.

Lo mejor y más venturoso ha sido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el conjunto del Poder Judicial Federal; la calidad de la justicia está condicionada por el acontecer en el ámbito local, en la interferencia política de los gobiernos y, especialmente, en las instancias administrativas relacionadas con la justicia. En otras palabras, mejorar la justicia requiere y supone mejorar al gobierno; su negación es politizarla y comprometer su imparcialidad.