El paro magisterial: construir soluciones

El paro de la CNTE tiene un costo político. Pero tiene, sobre todo, un costo humano que nadie está cuantificando con suficiente honestidad.

Existe una versión cómoda del conflicto magisterial: la que lo reduce a un choque de intereses entre el gobierno federal y un ala beligerante del sindicato más poderoso de Latinoamérica, con el telón de fondo del Mundial de la FIFA como elemento dramático adicional. Esa versión es incompleta e injusta. Deja fuera a los protagonistas reales del sistema educativo mexicano: los estudiantes. Y deja fuera también la dimensión que más debería importarle a la sociedad civil: el daño acumulado, invisible y silencioso que este paro está infligiendo sobre las generaciones más jóvenes y vulnerables del país, precisamente las que menos pueden permitirse perder tiempo.

Sin duda, el paro de la CNTE es una manifestación de una crisis educativa de dimensiones nacionales. Y sus consecuencias serán irreversibles si no actuamos ahora.

El paro nacional indefinido decretado el 1 de junio de 2026 es la convocatoria a la  interrupción educativa más extensa en cobertura geográfica que ha registrado México en los últimos años. La CNTE convocó a sus secciones sindicales en la totalidad de las treinta y dos entidades federativas. La intensidad de la respuesta varía, tanto como su presencia y cobertura, así como su autonomía ante acuerdos locales con la autoridad educativa, razón por la cual no todos los maestros centistas de todos los estados acataron el paro de manera uniforme, pero el impacto es ya incontestable, partiendo del llamado a disputar la posesión de la rectoría de la educación con el Estado.

En Oaxaca, el estado donde la CNTE ejerce su dominio histórico más sólido a través de la Sección 22, más de doce mil planteles de educación básica cerraron sus puertas desde el 1 de junio. Más de ochocientos cincuenta mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria perdieron sus clases desde el primer día. No es la primera vez: la Sección 22 promedia históricamente entre treinta y cuarenta días de paro por ciclo escolar. Un niño que cursa la educación básica completa en Oaxaca pierde, el equivalente a un año entero de clases.

En Chiapas, alrededor de cincuenta y cinco mil docentes se sumaron al paro, afectando a más de un millón de estudiantes. En Michoacán, la Sección XVIII convocó al paro y logró el cierre de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en el Estado, aunque el impacto en las aulas fue parcial: se estima que más del cincuenta por ciento del millón de alumnos de la entidad tuvieron clases con normalidad, dado que no toda la base docente acató la convocatoria de manera uniforme.

La estimación agregada más conservadora, documentada con base en las matrículas estatales de los estados con paro efectivo, sitúa en más de dos millones el número de estudiantes que interrumpieron sus clases en los primeros días del conflicto. Sin embargo, hay una brecha de incertidumbre que el gobierno  no ha querido cerrar con cifras oficiales, porque cerrarla implicaría asumir políticamente la magnitud del daño.

El impacto del paro no se limita a los salones de clase. La CNTE ha desplegado una estrategia de presión que afecta múltiples dimensiones de la vida cotidiana en los estados y ciudades donde opera, generando una cadena de incidencias que conviene documentar con precisión para comprender su alcance real.

En materia de movilidad y economía, los bloqueos en la Ciudad de México, así como en el interior del país han generado pérdidas en el sector comercial, logístico y turístico que se miden en decenas de millones de pesos diarios.

En materia de organización del Mundial, la FIFA canceló el 2 de junio su primera capacitación presencial de voluntarios en el Zócalo por razones de seguridad, migrando la sesión a formato virtual. Es un episodio que parece menor pero que tiene implicaciones simbólicas y prácticas: el Fan Fest del Zócalo, el espacio donde se congregarían hasta sesenta mil aficionados por jornada durante todo el torneo lleva días rodeado de vallas, campamentos y confrontaciones. La imagen que transmite al mundo no es la del México anfitrión que el gobierno quiere proyectar.

En materia de seguridad, los episodios de vandalismo registrados el 1 y el 2 de junio, como la destrucción de estatuas de futbolistas, los intentos de derribar vallas metálicas y  la presencia de encapuchados durante las marchas generaron momentos de tensión que el gobierno calificó de provocaciones externas. Independientemente de su origen, estas incidencias elevaron el nivel de riesgo para los propios manifestantes y para la ciudadanía que transita por las zonas de protesta, por lo que obligaron a despliegues de seguridad que tienen un costo presupuestal y operativo significativo.

Más allá de las incidencias visibles y cuantificables, el paro de la CNTE genera consecuencias educativas que son al mismo tiempo las más graves y las menos discutidas en el debate público.

La primera es la pérdida irreversible de tiempo de aprendizaje en el tramo final del ciclo escolar. El año lectivo 2025-2026 tiene su cierre oficial programado para el 15 de julio. Cada semana de paro en junio consume tiempo pedagógico que debería destinarse a la consolidación de aprendizajes fundamentales en lectura, matemáticas y ciencias, las tres competencias donde México ya registra rezagos severos, amplificados por el cierre pandémico de 2020 y 2021. Los exámenes de fin de ciclo, los proyectos de cierre y las actividades de evaluación formativa penden de un hilo: se comprimen, se suprimen o se simulan.

La segunda consecuencia es la profundización de la desigualdad educativa. Los estudiantes de los estados más afectados por el paro, como Michoacán, Oaxaca, Chiapas o Guerrero son los mismos que encabezan los indicadores de rezago educativo, pobreza y marginación en México. Son comunidades donde las familias no tienen acceso a clases particulares, plataformas digitales de aprendizaje o recursos compensatorios de ningún tipo. Para los estudiantes de las entidades afectadas, la escuela es muchas veces el único espacio donde acceden a alimentación, protección y referentes adultos comprometidos con su desarrollo. Cuando la escuela cierra, esa red de apoyo desaparece.

La tercera consecuencia es el truncamiento de los procesos de certificación y tránsito entre niveles educativos. Cada paro prolongado en el tramo final del año genera irregularidades en la acreditación de grados, atrasos en la entrega de documentos oficiales y una transición desordenada al ciclo siguiente, que inicia en agosto sin que los aprendizajes del ciclo anterior hayan sido evaluados ni consolidados. Los maestros que reciben a esos grupos en septiembre heredan el rezago sin recursos adicionales para atenderlo.

La cuarta consecuencia, más difícil de medir pero igualmente real, es el daño a la confianza institucional. Cada paro magisterial sin consecuencias pedagógicas documentadas ni planes de recuperación explícitos envía a los estudiantes y a sus familias un mensaje devastador: la escuela no es prioritaria, los compromisos educativos son negociables, el tiempo de los niños no tiene valor político. Ese mensaje corroe, lentamente pero con una eficacia terrible, el sentido de que la educación es el camino al progreso personal y colectivo. La esperanza de movilidad social se tambalea; la cultura del esfuerzo pierde pavimento y la rectoría de la educación nacional se arrebata de las manos al Estado mexicano.

Ante este panorama, con la convicción de que el conflicto magisterial no puede resolverse correctamente si los estudiantes continúan siendo los grandes ausentes de la conversación, es importante que, en cualquier acuerdo que se alcance con la CNTE, ya sea en los próximos días o en las próximas semanas  figure como condición irrenunciable un plan nacional de recuperación pedagógica para los estudiantes afectados, con calendario público, recursos etiquetados, mecanismos de verificación y responsables nominativos.

No puede haber acuerdo entre adultos que ignore el costo que ese acuerdo tiene para los niños. Asimismo, les pedimos que la propuesta de aseguradora pública presentada en el Comunicado Conjunto 8 sea complementada de inmediato con cifras, plazos legalmente vinculantes y espacios de participación ciudadana en su diseño y gobernanza: sin esos elementos, la propuesta es una buena intención, no un compromiso.

A los líderes de la CNTE y al magisterio movilizado, les reconocemos el derecho legítimo a defender condiciones laborales dignas. Una pensión justa y un salario suficiente son derechos fundamentales que merecen ser atendidos con seriedad. Pero ese reconocimiento tiene un límite ético ineludible: el aula no puede ser campo de batalla, ni los niños de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero o de Michoacán sus rehenes, ni tampoco sus derechos educativos moneda de cambio. Ellos no eligieron este conflicto y no tienen instrumentos para defenderse de sus consecuencias. Cada día de paro que no va acompañado de un compromiso explícito de recuperación pedagógica es un día en que el movimiento magisterial actúa en contra de los intereses de las mismas comunidades a las que dice servir. Es importante distinguir entre la agenda legítima de los maestros de base y los intereses corporativos de las dirigencias que históricamente han utilizado las aulas para trueques políticos.

Los gobiernos estatales, especialmente el de Michoacán, deben de elaborar y publicar un reporte municipio por municipio de los días de clase perdidos, el número de alumnos afectados y las medidas compensatorias previstas para el cierre del ciclo 2025-2026 y para el arranque del ciclo 2026-2027. La ciudadanía tiene derecho a saber, con datos verificables, cuánto está costando este conflicto en términos educativos reales.

No olvidemos que, las madres y padres de familia tenemos el derecho constitucional de exigir que sus hijos reciban la educación que el Estado les garantiza. Ese derecho se ejerce organizándose, documentando las ausencias, interponiendo quejas formales ante los organismos educativos estatales y nacionales y exigiendo públicamente, con nombres, apellidos y cargos que quienes tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación lo ejerzan. La sociedad civil organizada es el único contrapeso efectivo a un conflicto que, de lo contrario, se resolverá únicamente en función de los intereses de los adultos que lo protagonizan.

La negociación pensionaria y salarial son debates legítimos entre trabajadores y Estado que deben resolverse con criterios de justicia, viabilidad y transparencia. Ante ello, debemos tomar partido, sin reservas y sin matices, por los estudiantes. Su derecho a aprender no puede seguir siendo el costo implícito de ninguna negociación. Es tiempo de que alguien lo diga en voz alta, en la mesa de Gobernación y en las asambleas de la CNTE, con la misma energía con que se discuten las pensiones y los salarios: los niños también cuentan. Porque en este conflicto, ellos son los que más pierden.

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.