El ocaso del poder sin legitimidad: el PRI en Michoacán

Como suele ocurrir con los partidos que confunden longevidad con legitimidad, la historia reciente del PRI en Michoacán es menos una crónica electoral que un estudio sobre el desgaste moral del poder. Durante décadas, el priismo gobernó el estado como si la alternancia fuese una anomalía y no un destino inevitable en democracia. La derrota de 2002 frente al PRD abrió una grieta que ya no cerraría: no fue un accidente, sino el síntoma de una ciudadanía cansada de inercias corporativas, promesas recicladas y una cultura política refractaria a la rendición de cuentas. La recuperación de 2012, con Fausto Vallejo Figueroa, se vio sometida a la imposición, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, del pretor Alfredo Castillo con las terribles consecuencias para la seguridad de las michoacanas y michoacanos.

El desvíos por miles de millones de pesos durante el Virreinato de Alfredo Castillo Cervantes exhibieron de manera grotesca la vieja estrategia política del silencio, la dilación y el tecnicismo defensivo. La ausencia de sentencias firmes por casos comprobados de corrupción podrá ser un dato jurídico, pero nunca fue una absolución política: la legitimidad se erosiona en la plaza pública mucho antes de que concluya un expediente.

Mientras el mundo político cambiaba, el PRI parecía aferrado a reflejos del pasado. La transición democrática desmontó el ‘dedazo’, acotó la tolerancia al fraude y convirtió la competencia en regla. En Michoacán, la ruptura cardenista encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas abrió un cauce opositor que primero capitalizó el PRD y después, con mayor eficacia, Morena. La victoria de Alfredo Ramírez Bedolla en 2021 no requiere interpretaciones barrocas: una ciudadanía harta del pasado, una narrativa anticorrupción políticamente rentable y una oposición fragmentada que mostró más rencillas que rumbo.

A la par del castigo electoral, el priismo michoacano vivió su propia implosión. Renuncias, divisiones internas y dirigencias atrapadas entre la escasez de recursos y el desgaste político fueron vaciando de contenido a la estructura partidaria hasta llegar al mediocre liderazgo actual de Guillermo Valencia. El PRI perdió clientelas tradicionales, desconectó con nuevas generaciones y quedó atrapado en la imagen de una ‘vieja guardia’ más preocupada por administrar ruinas que por reconstruir confianza. El saldo es inequívoco: de partido dominante a actor marginal, de maquinaria hegemónica a presencia secundaria en enclaves municipales. El declive no es coyuntural sino estructural. Porque cuando la corrupción deja de ser excepción y se percibe como sistema, el castigo democrático se vuelve persistente.

Por otro lado la marca nacional del Partido Revolucionario Institucional, lejos de representar un activo para el priismo michoacano, se ha convertido en un pesado lastre político profundamente desgastado por la conducción de su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, cuyo liderazgo arrastra un cadena de señalamientos públicos de corrupción, descrédito y confrontación que vulneran la credibilidad del partido en todo el país; en lugar de respaldar a la militancia local, la dirigencia ha impuesto una narrativa  y una imagen tóxica que terminan por contaminar cualquier cuadro de los pocos valiosos que aún quedan en Michoacán.

¿Hay futuro para el PRI en Michoacán? Sólo bajo condiciones que el propio partido ha evitado asumir con seriedad: ruptura verificable con prácticas del pasado, transparencia radical, autocrítica creíble y relevo generacional auténtico. Las alianzas tácticas pueden ofrecer oxígeno aritmético, pero sin credibilidad programática son apenas maquillaje estadístico. La democracia no garantiza permanencias, apenas oportunidades. El priismo michoacano agotó muchas. Si aspira a algo más que la nostalgia de su antigua hegemonía, deberá demostrar —con hechos, no con retórica— que entendió la magnitud de su caída. Porque en política el olvido no se decreta: se conquista.